Proceso, no resultado

El acuerdo del 12 de agosto, diez días después

En la primera entrega me comprometí a un método: documentos antes que declaraciones, cumplimiento antes que firmas, y corregir mi hipótesis cuando los hechos la contradigan. El 12 de agosto llegó el primer examen, para mi y para la mesa, y hay que empezar por lo que salió mejor de lo esperado: el ciclo terminó en un documento firmado con una concesión institucional real, la renovación total del Tribunal Supremo de Justicia mediante la reforma de su Ley Orgánica y un Comité de Postulaciones renovado. Diez días después, la lectura sigue siendo una: esto es proceso, no resultado. Para entenderlo hay que empezar por lo que hace distinta a esta mesa.

Esta podría ser una n negociación distinta: La asimetría rota

Las mesas que Venezuela ensayó entre 2002 y 2022 fueron negociaciones asimétricas entre un gobierno que concentraba todo el poder y cuyo interés era preservar el statu quo, y una oposición sin poder cuyo interés era modificarlo. El desenlace estaba escrito: quien controla la ejecución y no desea el cambio firma, dilata y no cumple. 

Eso cambió el 3 de enero: desde la captura de Nicolás Maduro existe, por primera vez, una amenaza creíble sobre el gobierno, y es esa amenaza —no la buena voluntad de nadie— la que lo obligó a sentarse en condiciones distintas, o sea de mayor simetría con la oposición. La consecuencia es directa: los acuerdos se cumplirán mientras la amenaza que obligo al gobierno a sentarse siga vigente y sea materializable, y solo mientras lo sea. 

El día que el gobierno concluya que la presión se redujo, o que Estados Unidos ya no puede o no quiere materializar la amenaza, volveremos a la negociación asimétrica de siempre: ningún incentivo para negociar ni para cumplir lo firmado. Mientras esa duda se despeja, el gobierno hace lo de siempre: usar la mesa como táctica dilatoria y esperar que algo —empezando por las elecciones de medio término de noviembre, que pueden dejar a la administración Trump debilitada ante el Congreso— reduzca la capacidad de Washington de presionar y le devuelva el statu quo.

La táctica ya rinde frutos medibles. El encuentro entre Jorge Rodríguez y Dinorah Figuera que abrió el camino a esta mesa ocurrió a mediados de junio; el anuncio formal, el 14 de julio; la instalación, el 6 de agosto; el primer acuerdo escrito, el 12. Cuando la mesa vuelva a reunirse en septiembre habrán pasado tres meses desde aquel primer contacto sin un solo acto de ejecución. A ese ritmo, el año se agotará sin resultados democráticos definitivos, sin fecha de elecciones ni calendario electoral. La dilación no es simplemente inercia, es la estrategia que le ha funcionado a Jorge Rodríguez en todos los procesos previos. 

El acuerdo vale lo que valga su ejecución

La evidencia de estos diez días es consistente con esa lectura. La Gaceta Oficial ha seguido publicando, en especial normas tributarias incluidas, pero nada relacionado con el acuerdo político. La Asamblea, de la que depende ejecutar lo firmado, entró en receso hasta el 15 de septiembre sin convocar sesiones extraordinarias. La batalla decisiva ya es pública: frente al comité nuevo y paritario de veintitrés miembros que describe la delegación opositora, el oficialismo ha pedido convalidar el suyo de mayo; mientras tanto no hay nómina, baremo ni calendario. La disputa por cuál será el comité será la disputa por cómo se cumple el acuerdo.

Mientras se pacta transformar el sistema judicial, el sistema exhibe cómo funciona. El día de la firma, un tribunal condenó a doce años a Jhon Monnott en una audiencia sin fiscal ni defensa, pese a que tenía boleta de excarcelación. En otras palabras, la justicia que se pactó renovar produjo ese mismo día la clase de decisión que justifica renovarla. 

Esta semana, nuevamente, el mensaje apuntó hacia adentro contrarrestando cualquier interpretación optimista sobre la liberación de la Juez Afiuni, el magistrado Orlando Carvajal y el abogado Manuel Marrero fueron detenidos tras decisiones judiciales favorables a investigados en el caso Convit, vinculados a la trama Pdvsa-Cripto, según Transparencia Venezuela. Mientras se negocia la renovación del tribunal, el aparato detiene a un magistrado por sentenciar en la dirección equivocada. Un poder judicial cuyos jueces pueden terminar presos por sus propias sentencias no se reforma cambiando nombres. El test del nuevo TSJ no será cuántos magistrados cambien, sino si el primero que decida contra el gobierno o un actor poderoso conserva la libertad para contarlo.

 Hay correcciones en el método (y no son solo mías)

El método de análisis de esta negociación ya me exigió una rectificación. En el primer artículo sostuve que Washington entregaba sus concesiones sin cobrar contrapartida política, y las excarcelaciones —131 anunciadas, 81 verificadas por Foro Penal, con presentación cada treinta días y militares excluidos—, junto al oro bajo custodia del Tesoro, me contradijeron en parte. Pero posiblemente estas rectificaciones no sean solo errores de análisis, sino correcciones de rumbo de los propios actores. La mesa y el gobierno norteamericano ajustan el rumbo sobre la marcha en respuesta a las críticas, las presiones y los análisis que se producen tanto en Estados Unidos como desde Venezuela. 

Que el garante empezara a cobrar después de que se le señalara públicamente que regalaba  sus fichas de mayor valor para el intercambio no parece coincidencia. Quines llevan el proceso parecieran. escuchar, y de ser así, esa capacidad de rectificación es una de las pocas razones fundadas para ser optimista. Pero hay un límite, la garantía sigue siendo conductual, no instrumental —nada está escrito en licencia ni en ley—, y la que no se escribe puede no cobrarse; la ventana de licencias de mediados de septiembre es la primera oportunidad de escribirla.

Una mesa que, independientemente de sus resultados, es funcional a muchos actores en el juego

Queda una hipótesis que conviene enunciar ya, para someterla a prueba: la mesa funciona también como válvula de presión, y no solo para el gobierno venezolano, como ha sido cada vez que ha estado en problemas. También a los Estados Unidos le resulta funcional porque reduce la presión que recibe desde adentro y desde afuera por el caso Venezuela a la que hoy responde con tan solo dos palabras: están negociando. 

Y resulta funcional incluso para sectores de la oposición que apuestan a que el tiempo cambie el cuadro político y a que el liderazgo de mediano o largo plazo recaiga en actores distintos a María Corina Machado. La hipótesis no dice que la mesa sea una simulación ni que la transición esté condenada: dice que el proceso avanza al ritmo y en la dirección que fija la agenda norteamericana, no la venezolana, mientras el gobierno intenta administrarlo con el propósito contrario: preservar el statu quo. La mesa es el terreno donde esas dos administraciones del tiempo compiten; la transición sigue siendo posible, pero como resultado subordinado a esa competencia, no como su objetivo rector. 

Septiembre pondrá esta hipótesis a prueba. Si el ciclo de garantías políticas y electorales produce compromisos con fecha y ejecución verificable, habrá que corregirla; si vuelve a administrar el tiempo de todos, quedará confirmada.

Lo que decidirá el veredicto

Los indicadores tienen fecha: segunda ronda convocada antes del 15 de septiembre; Comité nuevo y paritario, con nómina y calendario, o convalidación del oficialista; algún instrumento del acuerdo en la Gaceta; lista completa de excarcelados, con libertades plenas y militares incluidos; y el estándar de Washington escrito en las licencias de septiembre. Sobre todos gobierna uno: que la amenaza que sentó al gobierno siga siendo creíble y materializable. Hemos firmado muchos papeles y ejecutado muy pocos. Este documento tocó una institución que blinda al poder y las celdas comenzaron a abrirse; su riesgo es que la transformación muera en la ejecución cuando su ejecutor concluya que nadie puede ya cobrarle el incumplimiento. Negociar no es rendirse; pero firmar tampoco es cumplir. Entre la firma y el cumplimiento, siendo realistas, media una sola variable hoy: la capacidad de Washington para elevar los costos del incumplimiento.