La Carlota ante el espejo de veinte años de negociación

Negociar una transición no es sentarse a conversar

Después de casi treinta años ejerciendo como negociador y enseñando negociación y mediación a estudiantes de pregrado y postgrado, me resulta difícil permanecer como espectador mudo de un proceso que concentra la atención de Venezuela y reúne dos temas a los que he dedicado buena parte de mi vida académica: la negociación y las transiciones democráticas.

Por eso comienzo con este texto una serie destinada a observar la negociación instalada el 6 de agosto en La Carlota. No escribo desde la mesa ni dispongo de información privilegiada. La intención es más modesta y, quizá por eso, más útil: contrastar lo que ocurra con la experiencia comparada de las transiciones, con lo que Venezuela debería haber aprendido después de más de veinte años de diálogo político, y con lo que la teoría y la práctica de la negociación nos enseñan, y que he intentado sintetizar en mi último libro: Conflicto y Negociación (Alarcón, 2026), nos permiten anticipar sobre las condiciones bajo las cuales estos procesos prosperan o fracasan.

La investigación Veinte años de negociación política en Venezuela (Carrillo y Núñez, UCAB, 2024), que tuve el privilegio de coordinar en la UCAB, estudió siete de los principales procesos formales desarrollados entre 2002 y 2022 (si sumamos las negociaciones menos formales esta sería la mesa de negociación número 18). Algunos produjeron acuerdos parciales; otros terminaron sin acuerdo. Ninguno logró una democratización sostenible. La lección central no es que negociar sea inútil. Es otra: sentarse es apenas el comienzo. El resultado depende de los incentivos de las partes, la calidad de la preparación, la legitimidad de quienes representan, la arquitectura del proceso, las alternativas disponibles, la facilitación y, finalmente, la capacidad de hacer cumplir lo acordado.

Ese es el espejo frente al cual conviene mirar La Carlota.

Contrastada con ese registro histórico, la instalación del 6 de agosto ofrece un cuadro genuinamente mixto que resiste tanto el entusiasmo como el desdén. En este sentido, la nueva mesa empieza mejor en el papel que algunas de las anteriores: existe una declaración conjunta de principios, una metodología acordada, un primer ciclo con fecha de cierre y un cronograma que incluye derechos políticos y presos, reinstitucionalización judicial y un nuevo CNE. Eso merece ser reconocido, pero una negociación seria necesita agenda, secuencia y reglas; no puede vivir solo de fotografías y declaraciones generales.

Pero el arranque también reproduce varios problemas conocidos.

El primero es la asimetría. Una negociación política no requiere que las partes tengan el mismo poder —casi nunca lo tienen—, pero sí reglas capaces de impedir que esa desigualdad determine el resultado. En la teoría de la negociación, estos elementos no son cosmética: la sede, la puntualidad y el control del entorno comunican quién manda en el proceso, y un principio de «trato paritario» suscrito en el búnker de una de las partes nace contradicho por su propia escenografía. 

El segundo problema está en la comunicación. Confidencialidad y opacidad no son lo mismo. La primera permite explorar opciones y hacer concesiones sin negociar permanentemente frente a las audiencias; la segunda erosiona la confianza. La metodología acordada, de hecho, sigue sin ser pública, y lo que se conoce de ella se conoce por filtración. La experiencia venezolana muestra que los procesos mejor estructurados combinaron deliberaciones reservadas con reglas claras y una comunicación conjunta hacia el país.

El tercer problema es la ausencia, al menos hasta ahora, de una mediación profesional. En varios procesos venezolanos, terceros como la OEA, el Centro Carter o Noruega ayudaron a estructurar la comunicación, trabajar bloqueos, conducir caucus y construir fórmulas que las partes difícilmente podían producir por sí solas. Estados Unidos auspicia hoy el proceso y posee palancas decisivas, pero patrocinador, garante y mediador no son sinónimos. Washington tiene intereses propios y capacidad de presión; por ello, difícilmente sustituye la función de un tercero profesional aceptable para ambas partes.

El cuarto es la reciprocidad de los compromisos. Thomas Schelling enseñó que en una negociación importa no solo lo que cada actor dice querer, sino quién queda atado a qué y cuándo. Una mesa comienza a ser creíble cuando las concesiones son recíprocas, secuenciadas y verificables.

Por eso llama la atención que el cronograma anunciado ubique las excarcelaciones para octubre. Pocas medidas ofrecerían una señal de buena fe tan clara, humanitaria y verificable como liberar desde ahora a quienes permanecen presos por razones políticas. El día en que se instaló la mesa, el conteo de Foro Penal seguía en 382 y José Breijo murió el mismo día esperando su libertad plena. Postergar una medida que puede ejecutarse de inmediato también es una decisión que obliga a cuestionar el proceso poque convierte una obligación de derechos humanos en una potencial ficha de intercambio. 

Hay una quinta cuestión que será imposible evadir: la legitimidad. No todos los actores relevantes deben sentarse en una mesa; demasiados participantes pueden volverla inmanejable. Pero un acuerdo que aspire a gobernar el futuro necesita conectarse con los centros reales de representación social y política. La negociación comienza sin María Corina Machado, quien según las mediciones más recientes concentra el liderazgo dentro del campo democrático. El problema no es personal. Es de implementación: ningún acuerdo puede ser más sostenible que la legitimidad política que consiga reunir. La legitimidad que no se incorpora durante la negociación suele reaparecer después como capacidad de veto.

Aquí aparece la pregunta decisiva: ¿por qué necesita cada parte un acuerdo?

William Zartman sostuvo que las negociaciones productivas suelen aparecer cuando los actores perciben un estancamiento mutuamente dañino y, además, vislumbran una salida. En contextos autoritarios la lógica es aún más exigente: mientras conservar el statu quo sea barato y ceder poder sea percibido como una amenaza existencial, los incentivos para hacer concesiones sustantivas seguirán siendo bajos.

Una mesa no se vuelve transicional porque su agenda hable de transición. Se vuelve transicional cuando los costos de sostener el statu quo comienzan a superar los costos de tolerar una apertura política. 

Esto obliga a administrar cuidadosamente las palancas externas. Una concesión económica, financiera o diplomática entregada antes de obtener una contraprestación verificable deja de ser incentivo y se convierte en premio adelantado. Por eso, si el objetivo declarado del proceso es una transición democrática, constituye un error estratégico permitir que la normalización económica avance más rápido que la reinstitucionalización política: cada beneficio concedido sin contraprestación reduce la capacidad de obtenerla después.

Y obliga también a discutir algo que nuestras mesas han dejado casi siempre para después: las garantías para quienes pierdan poder. Una transición democrática no puede ofrecer impunidad frente a crímenes graves, pero tampoco puede construirse sobre la expectativa de exclusión política total o cárcel automática del adversario. Debido proceso, participación futura bajo reglas democráticas, garantías de seguridad y mecanismos legítimos de justicia transicional no son concesiones morales al autoritarismo; son parte de la ingeniería necesaria para reducir los costos de aceptar la salida del poder.

El primer examen parcial para la mesa (como le diríamos a nuestros estudiantes) llegará pronto: el 12 de agosto. Pero si bien en una semana no deberíamos esperar una transición resuelta, sí cabe esperar algo más que otro comunicado. Como mínimo deberíamos saber cuáles son las reglas del proceso, cómo se verificarán y garantizarán los compromisos, quién ayudará a destrabar los bloqueos, qué concesiones tempranas está dispuesto a realizar cada lado y cómo se incorporará a quienes, sin estar en la sala, serán indispensables para legitimar cualquier resultado.

Ese será también el criterio de esta serie de artículos: documentos antes que declaraciones; incentivos antes que intenciones; comportamientos antes que retórica; cumplimiento antes que firmas; resultados antes que fotografías.

Durante más de veinte años, gobierno y oposición han demostrado su disposición a sentarse a dialogar. Sobre todo cuando el régimen ha necesitado ganar tiempo. Lo que todavía no han demostrado es que puedan convertir una mesa de negociación en compromisos, resultados verificables y cumplidos.

La Carlota será distinta a sus antecesoras solo si logra cruzar esa frontera. De lo contrario, no estaremos ante el comienzo de una transición, sino ante otra negociación capaz de administrar el conflicto sin resolverlo.