El pueblo en la transición española

Frente a la versión cada vez más socorrida de que la transición española fue la obra de una cúpula iluminada, conviene mirar hacia los movimientos populares que pugnaron por el cambio después de la muerte de Franco. Los movimientos de masas y el trabajo de los partidos perseguidos en el pasado reciente fueron el prólogo necesario para las gestiones palaciegas que hoy se ponen como ejemplo de un éxito capaz de acabar con una tiranía todavía fuerte y con vocación de permanencia. Antes de que un joven rey y su camarilla promovieran una mudanza institucional destinada a la fundación de una democracia prometedora, un movimiento arrollador de la sociedad los sacó de la inercia.

A partir de 1976, mientras las Cortes dominadas por el franquismo estorbaban los retoques institucionales que Fraga Iribarne, uno de los ministros estelares del pasado reciente, proponía como válvulas de oxígeno para pensar después en rutas de cambio más expeditas, comenzó un incontenible movimiento de las bases sociales que no podía pasar inadvertido. Mientras el Partido Socialista, desde un escondite cada vez más visible, anunciaba su desacuerdo con cualquier tipo de evolución que considerara la exclusión de los comunistas, asambleas llevadas a cabo en las capitales de Cataluña, Andalucía, Galicia y el País Vasco, con concurrencia agitada y cálida, ventilaban, en encuentros reseñados por la prensa, la necesidad de crear Estatutos de Autonomía como requisito para la renovación del juego político. «No fue una masa inerte y despolitizada, pasiva y amorfa» la que entonces se movía, afirma al respecto el destacado historiador Santos Juliá.

A principios de año se paralizó la actividad del Metro de Madrid y se inició una huelga general del sector metalúrgico, movilización a la que se unieron los sindicatos recién activados de Telefónica, Renfe y Correos. Fueron la chispa que encendió una serie de huelgas y manifestaciones callejeras en Asturias, Almería, Barcelona, Baleares, Málaga, Guipúzcoa, Sevilla, Salamanca, Valladolid, Vizcaya y Zaragoza. Algunas fueron reprimidas con rigor, para que los opinantes y unos dirigentes nuevos, cada vez más atrevidos, levantaran su voz de protesta. El Tribunal de Orden Público se puso en movimiento con el anuncio de reprimendas, mientras crecían los cónclaves sigilosos de los partidos en solicitud de una «reforma política cabal».

En la antesala de las algaradas ya habían destacado las masas estudiantiles, todavía vivo el dictador, especialmente en la capital y en las narices de un gobierno cada vez más desconcertado. Ahora, y de nuevo, no solo pugnaban por la renovación del claustro, sino también por el establecimiento de una democracia que no se atisbaba en los planes de la cúpula impuesta por Franco antes de su muerte física. Ni en las Cortes, ni en el Consejo del Reino ni en las llamadas Leyes Fundamentales se daba entonces cabida, en ninguno de sus rincones, a la alternativa de una variación sintonizada con los clamores cada vez más evidentes, masivos y ubicuos de un pueblo a quien habían paralizado el miedo a las fuerzas represivas y la memoria de las atrocidades de la posguerra, pero que ahora se solazaba en abrir la boca.

En la generalidad de las manifestaciones se clamaba por la superación de la herencia del Caudillo, sin referencias a la monarquía como institución reprochable ni al joven príncipe que se estrenaba escudado por la Falange, pero parecía evidente que la Corona y sus aliados podían naufragar en cualquier momento debido al vigor de la marejada. «Esto no va contra el rey, pero le concierne», se escribió entonces en el remate de un volante echado a la calle por los socialistas, mientras el ministro Fraga clamaba ante los diputados por «el fin de la tolerancia». Fue entonces cuando Juan Carlos I, que no tenía un pelo de tonto, llamó a Torcuato Fernández-Miranda, presidente de las Cortes y su preceptor de juventud, para trabajar por la renuncia del gobierno presidido por Arias, franquista consumado, y para hacerse de un agente perspicaz, ya prevenido al bate, de nombre Adolfo Suárez.

Comenzó entonces en España, desde alturas palaciegas, un firme proceso de transición hacia la democracia que no se puede entender, ni celebrar, sin la advertencia del trajín que sucedió en las agitadas vísperas. Primero actuó el pueblo y después el monarca y los cortesanos, según se desprende de lo expuesto, pese a que muchas versiones han insistido en poner el domingo en el lugar del sábado imprescindible. Sin pueblo no hay paraíso, en suma, allá y aquí.