A dos meses del terremoto, Venezuela sigue sin un registro nacional de desaparecidos
Un Mundo Sin Mordaza presenta su 3er Informe Especial sobre Derechos Humanos y Emergencia Sísmica y alerta sobre la falta de información, identificación de víctimas y transparencia en la reconstrucción.
A dos meses de los terremotos que sacudieron Venezuela el pasado 24 de junio, miles de familias continúan sin respuestas sobre sus seres queridos, mientras avanza la remoción de escombros y el proceso de reconstrucción.
El 3er Informe Especial sobre Derechos Humanos y Emergencia Sísmica, elaborado por Un Mundo Sin Mordaza, advierte que al 21 de agosto no existía un registro nacional público, nominal y actualizado de personas desaparecidas.
Mientras el último balance oficial reportaba 6.438 personas fallecidas y 6.462 rescatadas, en La Guaira las autoridades habían registrado 1.579 reportes de personas desaparecidas. El informe alerta que estos registros no han sido conciliados públicamente, dejando a cientos de familias en una situación de incertidumbre.
La organización también expresa preocupación por el avance de las demoliciones. El Gobierno identificó 35 edificaciones para demolición, sin que exista un inventario público consolidado que permita verificar que los procesos de búsqueda, recuperación de cuerpos y pertenencias hayan concluido antes de remover las estructuras.
A esto se suma la reducción de información pública sobre la emergencia. Durante agosto dejaron de actualizarse categorías como heridos, damnificados, personas en campamentos y edificios colapsados, dificultando conocer la evolución real de la crisis.
Un Mundo Sin Mordaza exige:
- Un registro nacional de personas desaparecidas, público y conciliado.
- Garantías para la identificación forense y recuperación digna de los cuerpos.
- Que ninguna demolición avance mientras existan búsquedas pendientes.
- Información pública, periódica y verificable sobre la emergencia.
- Acceso de periodistas y organizaciones de la sociedad civil a las zonas afectadas.
- Un plan de reconstrucción transparente, con presupuesto, contratos y mecanismos de rendición de cuentas.
Dos meses después, las preguntas siguen en pie: ¿Dónde están los desaparecidos? ¿Qué pasó con la ayuda? ¿Y quién responderá por las víctimas?