Los riesgos de dolarizar en Venezuela ahora

Cada vez que Venezuela muestra alguna señal de alivio, reaparece la discusión sobre la moneda. En 2026, la captura de Nicolás Maduro en enero, el levantamiento de algunas sanciones al Banco Central y el acercamiento a los organismos multilaterales han creado un nuevo contexto para ese debate. En Caracas y entre la diáspora vuelve a plantearse la misma pregunta: ¿por qué no oficializar el uso del dólar y poner fin al bolívar?

La pregunta es legítima. La inflación y la pérdida de poder adquisitivo explican por qué muchas personas ven el dólar como una salida inmediata. En la conversación cotidiana, es frecuente escuchar que el salario pierde valor en cuestión de días; esa percepción refleja la presión sobre los ingresos, aunque no sustituye una medición estadística. Sin embargo, comprender esa urgencia no obliga a respaldar una dolarización formal. El uso extendido del dólar que Venezuela experimenta desde 2018 es diferente a eliminar el bolívar como moneda oficial. En las condiciones actuales, esa decisión podría ofrecer estabilidad inicial sin resolver los problemas fiscales, productivos e institucionales que originaron la crisis. Sería resolver el malestar con las herramientas equivocadas, en el momento equivocado.

Hay al menos siete argumentos para posponer una decisión de ese alcance. No se trata de cerrar el debate, sino de examinar algunos riesgos que suelen quedar relegados frente a la promesa de estabilidad inmediata asociada al dólar.

No hay suficientes dólares para respaldarla. Una dolarización formal exigiría convertir los pasivos en bolívares del sistema financiero y garantizar la liquidez necesaria para que bancos, empresas y hogares puedan operar en la nueva moneda.

Para canjear toda la liquidez bancaria y el circulante por divisas, el Banco Central necesitaría un stock que simplemente no tiene. El efectivo en dólares disponible en el sistema cayó de unos 8.000 millones en 2024 a cerca de 5.000 millones en 2025. Por otra parte, las reservas internacionales del país rondaban los 13.382 millones de dólares al cierre de la semana del 21 de agosto de 2026. Ese monto se encontraba por debajo de los 20.000 millones que algunos analistas esperaban tras el acercamiento con Washington.

Sin ese respaldo, decretar la dolarización deja de ser una decisión técnica y se convierte en un salto de fe. La historia ya nos enseñó a dónde lleva eso: conversiones sin liquidez terminan en confiscación disfrazada, tasas de canje injustas y racionamiento de efectivo. Argentina lo vivió en 2001, cuando su convertibilidad rígida colapsó por falta de respaldo real. No hace falta repetir esa receta aquí.

La dolarización limitaría la política monetaria sin resolver el problema fiscal. Dolarizar implica renunciar a una herramienta de política económica sin resolver necesariamente el problema fiscal. El Banco Central deja de emitir, deja de financiar el gasto público con la maquinita y eso (hay que decirlo) es una buena noticia para un país que conoció la hiperinflación de cerca. Pero el problema venezolano además de monetario es fiscal, la pérdida de capacidad productiva y financiera de PDVSA, un Estado que gasta sin control y cobra impuestos sin capacidad real de fiscalizar. Si esa brecha fiscal no se corrige al mismo tiempo, dolarizar solo es un paliativo económico, que en nada ayuda.

Por eso, sin la posibilidad de financiar parte del déficit mediante emisión monetaria, el Ejecutivo tendría que recurrir a deuda, activos externos o una reducción del gasto, que por cierto, es una puerta casi cerrada para un país que inició en mayo de 2026 la reestructuración formal de sus obligaciones que el gobierno estimó entre 150.000 y 170.000 millones de dólares, y que el Financial Times situó en junio de 2026 cerca de 240.000 millones, dentro de un proceso de renegociación que apenas empieza. En líneas gruesas la dolarización no resolvería por sí sola el desequilibrio fiscal.

Desaparece el prestamista de última instancia. De los siete puntos, este es el que menos se discute porque suena demasiado técnico, pero es relevante. En un sistema monetario convencional, el banco central puede proporcionar liquidez temporal a entidades solventes que enfrentan una crisis de retiros. En una economía dolarizada, esa capacidad se reduce, porque la autoridad monetaria ya no puede crear dólares. El sistema tendría que apoyarse en mayores reservas de liquidez, fondos de garantía, líneas externas y una regulación bancaria más estricta.

Ecuador ofrece un antecedente útil, aunque no directamente comparable. La crisis bancaria de 1999 tuvo múltiples causas y precedió a la dolarización oficial de 2000. La experiencia muestra que una economía dolarizada necesita fondos de liquidez, regulación bancaria sólida y mecanismos claros para enfrentar corridas o problemas de solvencia. Para una eventual dolarización venezolana, la pregunta central sería quién y con qué recursos respondería ante una corrida bancaria. Sin una respuesta institucional creíble, la transición aumentaría la vulnerabilidad del sistema financiero.

La dolarización elimina el tipo de cambio como instrumento de ajuste. Muchos defensores de la dolarización pasan por alto algo casi de sentido común. Si la productividad venezolana sigue siendo baja y persisten los problemas de electricidad, transporte e infraestructura, una conversión poco adecuada podría encarecer la producción nacional frente a la importada. Imaginemos un escenario ante una caída del precio del petróleo o de reducción de los ingresos externos. No sería una posibilidad menor si la producción apenas aumenta hacia el rango de 1,2 a 1,3 millones de barriles diarios que proyecta Luis Vicente León, presidente de Datanálisis, para el cierre de 2026, allí, el ajuste tendría que producirse mediante menores salarios reales, reducción del empleo, menor gasto público o disminución de los precios internos.

Entonces el riesgo sería mayor si la economía no logra diversificarse. Es el mismo dilema que enfrentan Ecuador y Panamá cada vez que el dólar se fortalece a nivel global y sus exportaciones pierden margen, sin que nadie en Quito o en Panamá pueda mover un tipo de cambio que ya no existe. Por esa razón, el debate debería concentrarse en la productividad y la flexibilidad económica fundamentalmente.

La dolarización de facto ya demostró que es reversible. El comportamiento reciente de la gente desmiente la idea de que esto es un camino sin retorno. Según Ecoanalítica, el 84,2% de las operaciones comerciales minoristas se realizaba en bolívares en abril de 2025, mientras que el 15,8% restante se efectuaba en divisas.

El dato muestra que, pese a la amplia circulación del dólar, el bolívar continuaba siendo la moneda predominante para las transacciones cotidianas. Sin embargo, esta medición no permite afirmar por sí sola que la dolarización de facto sea reversible: para evaluar esa tendencia también habría que analizar los depósitos bancarios, los contratos, los salarios, los precios y los ahorros denominados en cada moneda. Lo que sí sugiere es que el uso del dólar no conduce automáticamente a su adopción oficial como moneda nacional.

Entonces, esto cuenta una historia incómoda para quienes piensan «ya estamos dolarizados de todas formas, formalicémoslo de una vez». La gente vuelve al bolívar cuando hay algo de confianza y algo de liquidez local, y por supuesto vuelve al dólar cuando esa confianza se evapora. Institucionalizar la dolarización sobre una base tan inestable sería un error estratégico, reflejo de una política económica que sigue respondiendo más a coyunturas políticas que a criterios técnicos.

Profundizaría la desigualdad que ya tenemos. Quien recibe ingresos en dólares, tales como los empleados de una multinacional, el freelancer que factura afuera o el que tiene familia enviando remesas, saldría ganando con una dolarización formal. Quien depende de un sueldo público, de una pensión, o de la economía informal que factura en bolívares y ajusta precios con rezago, sale perdiendo, al menos durante la transición. No es un debate moral abstracto: basta con hablar con un jubilado en Caracas este año para confirmarlo de primera mano. Una dolarización mal planificada, sin mecanismos de compensación para quien no puede generar ingresos en divisas, corre el riesgo de convertir esta crisis en una desigualdad permanente entre quienes ya estaban del lado correcto del tipo de cambio y quienes no.

La moneda no sustituye las instituciones. Ningún esquema monetario sustituye la certidumbre jurídica ni la disciplina macroeconómica. La defensa de la «soberanía monetaria» que ha planteado la administración interina puede responder a un cálculo político, pero encierra una verdad técnica de fondo: ni el dólar ni el bolívar resuelven por sí solos la falta de un Banco Central autónomo y reglas de juego estables. La reciente recomposición del directorio del BCV apunta en esa dirección, hacia recuperar la credibilidad técnica que exigen los organismos internacionales. Pero la reputación institucional se construye poco a poco, no por decreto. Dolarizar antes de tiempo equivale a asumir un compromiso financiero enorme sobre una estructura fiscal que todavía se está reconstruyendo.

Que la dolarización informal salvó a la gente de la hiperinflación, nadie lo discute. Pero la pregunta de hoy es otra: ¿decretarla oficialmente con las reservas que tenemos, con una banca todavía frágil, con una institucionalidad que apenas empieza a rearmarse, eso sería mejor que un programa de estabilización serio, con un Banco Central verdaderamente autónomo y unas cuentas públicas que por fin cuadren? Nadie puede pronosticar con asertividad un esquema monetario correcto dentro de cinco años, desconfío de quien asegure que sí. Lo único claro es que, con lo que hay hoy sobre la mesa, dolarizar no resuelve nada de fondo, eso es uno de los tantos atajos económicos que hemos tomado y nuestra realidad habla por sí sola.