La triple transición: ordenando el momento histórico venezolano

EL SENTIDO DEL CAMINO

Nuestra larga marcha hacia la libertad y la democracia se parece al viaje hacia Ítaca. Ítaca es la república, nuestro hogar compartido, el espacio común que ha sido ocupado y saqueado por gentes sin honor. En el viaje hacia ella hemos enfrentado —y enfrentaremos— fuerzas que buscan desviar o confundir el rumbo: populismos seductores, autoritarismos, potencias que despliegan su fuerza y dilemas sin opciones nítidas. Incluso fuerzas telúricas que nos recuerdan la fragilidad de nuestra tierra. Como en el relato, parte del viaje ha sido también consecuencia de errores propios que debemos asumir y de transgresiones que contribuyeron a la crisis moral que ha afectado a nuestro hogar. Por eso nuestro regreso no es solo un retorno físico, sino también la recuperación de una identidad política y de un orden ético dañados por el conflicto y por la deriva. Nuestro regreso al hogar será también tenso: restablecer la justicia exige enfrentar las degradaciones acumuladas, y ese proceso tendrá costos. Si algún día, como es nuestra intención, arribamos a nuestro hogar común, no habremos llegado del todo: la travesía nos habrá dado aprendizajes y un propósito renovado, pero el rescate y mantenimiento de la república dependerá, como siempre lo ha hecho, de la comunidad política que seamos capaces de construir.

En los años recientes, nuestro país ha experimentado hechos que transformaron de manera decisiva su travesía republicana. La gesta ciudadana del 28 de julio y la posterior extracción del usurpador nos situaron en una coyuntura inédita: existen simultáneamente un mandato democrático claro, una intervención estadounidense decisiva en la configuración del proceso político y económico, y un régimen que, aún aferrado a un poder disminuido y tutelado, continúa operando como un escollo estructural al cambio deseable. En este contexto, resulta indispensable ordenar el momento histórico, precisar los objetivos nacionales y distinguir aquello que responde genuinamente al mandato de nuestra soberanía popular. La idea de una triple transición —democrática, productiva y soberana— ofrece el marco estratégico para hacerlo y orientar las decisiones que conduzcan a la reconstrucción de la república.

EL MADURISMO, FASE SUPERIOR DEL CHAVISMO

Conviene recordar brevemente el carácter del régimen que la mayoría de los venezolanos rechazó, porque solo desde una perspectiva histórica puede comprenderse la continuidad que condiciona la transición y entender el legado que degradó la república. No se trató de una realidad surgida con Maduro, sino de la consolidación de un proyecto político con una base militar orgánica que desde sus orígenes debilitó la república. Chávez supo aprovechar las tendencias globales de comienzos de siglo: la crisis de las democracias liberales, el auge populista y el retorno de las potencias. Utilizó además la franquicia de dominio cubana para consolidar un orden de poder propio. Su proyecto se sostuvo en la concentración de los poderes públicos y en su ejercicio discrecional; en una estatización de la economía que abrió amplias oportunidades para la captura de rentas y el saqueo; y en alianzas con regímenes autoritarios, grupos irregulares y redes criminales útiles para asegurar su permanencia en el poder.

Ese entramado desfiguró la soberanía popular y el orden republicano, devastó el aparato productivo, deterioró el tejido social, debilitó la iniciativa cívica y empujó a millones de venezolanos a emigrar. Algunos de estos rasgos fueron menos visibles durante su mandato gracias al boom petrolero y a un irresponsable endeudamiento externo. Con Maduro, el carácter autoritario, depredador y entreguista del régimen se hizo plenamente evidente. Pero es importante subrayarlo: Maduro no alteró el legado de Chávez, sino que lo profundizó en condiciones más adversas y lo llevó a una escala mayor, confirmando la naturaleza catastrófica del proyecto original.

UNA OPORTUNIDAD HISTÓRICA

El quiebre político y social del régimen madurista‑chavista se fue gestando durante años, contenido por el uso de la violencia y el chantaje desde el Estado. El 28 de julio de 2024, la mayoría de los venezolanos pudo expresar su rechazo de manera inequívoca: la capacidad organizativa de los ciudadanos y de los actores políticos confluyó con la determinación de millones a votar. La reacción del régimen confirmó la ruptura definitiva con la sociedad: robó la elección y se erigió abiertamente en dictadura, apoyado en fuerzas armadas y grupos paramilitares que actuaron como fuerza de ocupación. Ese día quedó fijado un mandato claro de cambio, expresión directa de nuestra soberanía popular.

Nos encontramos ante una oportunidad histórica que guarda semejanzas con la de sociedades que, tras enfrentar regímenes de vocación totalitaria, pudieron construir órdenes basados en la libertad, la innovación y la democracia. Pero debemos reconocer que esta oportunidad se abre en un mundo marcado por las mismas tendencias en las que el chavismo se insertó: la crisis de las democracias liberales, el auge de respuestas populistas, los límites del orden internacional liberal y el retorno de la lógica de las potencias. Estas condiciones no anulan la oportunidad, pero sí la enmarcan y la vuelven más exigente. Las oportunidades históricas no son inevitables ni están garantizadas: pueden desperdiciarse si no se actúa con claridad estratégica, responsabilidad republicana y una comprensión madura del entorno global.

LA TRIPLE TRANSICIÓN

Actuar con claridad estratégica y responsabilidad republicana exige ordenar el rumbo nacional mediante una triple transición capaz de transformar simultáneamente lo democrático, lo productivo y lo soberano. Solo si avanzamos en estas tres direcciones podremos convertir el mandato del 28 de julio en un cambio real y profundo, evitando que este momento decisivo se diluya o se pierda.

De la autocracia a la democracia.  Recuperar la soberanía popular y reconstruir las instituciones republicanas es la condición básica para restablecer la vida constitucional y recuperar nuestro lugar como ciudadanos sujetos de derechos, de iniciativa y de autonomía cívica.

Del saqueo al desarrollo.  Superar el sistema depredador y sustituirlo por un modelo que permita el desarrollo implica liberar las capacidades productivas del país, desmontar las prácticas de captura de rentas y establecer un entorno económico que reconozca el esfuerzo individual y favorezca la creación de riqueza.

De la sumisión a la soberanía.  Dejar atrás la subordinación internacional y ejercer una soberanía nacional compatible con un mundo interdependiente exige reconstruir la capacidad del Estado para representar los intereses de la nación y actuar con independencia responsable.

Las transiciones profundas no se han limitado al cambio institucional: han implicado la reconfiguración simultánea de lo político, lo económico y lo estatal. Algunas experiencias históricas ilustran esta articulación triple. La experiencia de Alemania Occidental tras 1945 es una de ellas: allí, la reconstrucción democrática, la transformación económica y la recuperación gradual de la soberanía se integraron en un mismo esfuerzo de reconstrucción republicana.

EL SIGNIFICADO DEL 3 DE ENERO

La salida de quien usurpaba el poder se convirtió en un parteaguas en nuestra historia política. La república había dejado de existir en su sentido más básico: un orden institucional en el cual la soberanía la detenta el pueblo como comunidad política. El cambio político estaba cerrado, pese a los esfuerzos persistentes de los venezolanos y al apoyo internacional, que dentro del marco del orden global tampoco había sido suficiente para abrir una transición. La decisión de Trump —posible solo mediante la cooperación de actores internos del régimen— destrabó ese cierre y abrió posibilidades para el cambio político. Ello no significaba recuperar de inmediato la soberanía nacional perdida en manos del chavismo‑madurismo, pero sí hacía posible su reconstrucción.

Hay que insistir en que Delcy Rodríguez ejerce funciones de poder sin mandato ciudadano ni legitimidad democrática. Su presencia en la estructura estatal responde a la usurpación institucional. Si mantiene interlocución con la administración estadounidense, es por razones estrictamente prácticas, propias de la gestión urgente en una transición tutelada. Esa interacción operativa no implica reconocimiento político ni altera el mandato del 28 de julio, que sigue siendo la expresión más reciente de nuestra soberanía.

De cualquier modo, la decisión del presidente estadounidense obedecía a sus propias razones, expresadas en la Estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos (noviembre de 2025): restaurar la primacía de Washington en el hemisferio, redefinir la defensa territorial como prioridad y privilegiar la acción unilateral sobre el orden internacional basado en reglas. La escasa mención a la palabra democracia en ese documento es reveladora. Nuestra triple transición no deriva de la estrategia de Washington; es un proyecto propio que nos exige afirmarnos con madurez en este momento histórico.

LAS TRES FASES

Tras la extracción del usurpador, la administración estadounidense presentó su plan de tres fases: estabilización, recuperación y elecciones. Sostenía que primero debía contenerse cualquier situación de conflicto y desorden; luego, adoptar medidas económicas que abrieran espacio al capital privado —especialmente estadounidense—; y finalmente, una vez asegurados estos objetivos, permitir un cambio político mediante elecciones. Desde el comienzo, los sectores democráticos consideramos esta secuencia fundamentalmente errónea: la violencia política en Venezuela tiene responsables identificables y, por tanto, no constituye un obstáculo insalvable para avanzar en el cambio; y la recuperación económica deseable, basada en inversiones privadas con visión estratégica, requiere un gobierno legítimamente electo y un auténtico Estado de derecho. 

Sin rechazar por completo la lógica de las tres fases, los sectores democráticos hemos insistido en la necesidad de acortar los tiempos y abrir cuanto antes el camino hacia una elección presidencial. La energía social que repudia al régimen necesita un cauce de expresión política y no puede quedar subordinada a una secuencia que, desde la perspectiva estadounidense, no le otorga prioridad. En la coyuntura actual, una nueva elección presidencial se presenta como una necesidad práctica e institucional ineludible para dar forma a un gobierno con plena legitimidad de origen y ejercicio, capaz de asumir la reconstrucción del país y clausurar la provisionalidad.

EN LA MESA Y FUERA DE ELLA

En esta coyuntura, resultó desconcertante para muchos que el gobierno de Trump impusiera una mesa para conversar entre “las partes”, como si se tratara de actores equivalentes llamados a negociar un acuerdo, cuando en realidad se enfrenta una sociedad que busca reconstruir su república y un régimen responsable de la devastación institucional, económica y moral del país. Aun así, en un entorno tan distorsionado, donde coexisten un mandato popular claro y un aparato estatal aún capturado, la mesa puede ofrecer un espacio mínimo de interlocución para avanzar en decisiones urgentes como la designación de un nuevo Consejo Nacional Electoral y la renovación de jueces. Resulta coherente y tácticamente acertado que el liderazgo democrático, encarnado en María Corina Machado, asuma un rol de auditoría externa. Esto le permitirá tratar de evitar que la mesa se desvíe de los objetivos y articular la vigilancia cívica con la presión que sostiene el mandato del 28 de julio. Un rol semejante debe mantenerse también en otros ámbitos de negociación.

En efecto, más allá de estos acuerdos, toda transición real exige conversaciones políticas destinadas a fijar garantías, responsabilidades y límites entre los actores involucrados. En la situación actual, marcada por la tutela decisiva de Estados Unidos, es probable que esas negociaciones no ocurran en la mesa formal, sino en espacios donde Washington define el marco y los límites de lo posible. No se trata de repartos de cuotas ni de reconocer un equilibrio inexistente, sino de acuerdos mínimos destinados a contener riesgos, evitar sabotajes y permitir que el nuevo orden pueda consolidarse. Reconocer esta dimensión no implica legitimar al régimen.

En la transición, además, hay asuntos que no pueden ser objeto de negociación. La liberación de los presos políticos no es una concesión ni un intercambio, sino una obligación moral y jurídica que debe cumplirse de manera inmediata. En las circunstancias actuales, su resolución no requiere además largas conversaciones entre actores internos, sino una decisión tajante de la administración estadounidense dirigida al gobierno de facto. La transición democrática no puede avanzar mientras existan ciudadanos encarcelados por motivos políticos, y su liberación constituye un requisito elemental para restituir la legalidad y la dignidad republicana.

LA RECONSTRUCCIÓN DEL ESTADO

En otros contextos se ha sostenido que primero debe existir un Estado funcional para que puedan celebrarse elecciones; sin embargo, en Venezuela esa secuencia es inaplicable. El Estado no está totalmente destruido: está capturado, distorsionado y puesto al servicio de un régimen que lo utilizó para controlar a la sociedad, depredar recursos y articularse con actores externos que comprometían la soberanía. Afirmar el “quiebre absoluto” del Estado —como repiten algunos voceros democráticos— termina apuntalando la estrategia de diferir las elecciones. Bajo la premisa de que “no hay Estado”, se concluye erróneamente que la votación debe esperar a una reconstrucción previa.

La triple transición depende de un Estado capaz de ejecutar decisiones, garantizar derechos y representar los intereses de la nación. Sin una administración pública que funcione, sin Fuerzas Armadas reorientadas a su misión constitucional y sin instituciones que actúen con profesionalismo y autonomía, las transformaciones democráticas, económicas y soberanas carecerían de viabilidad práctica y quedarían expuestas a nuevas formas de captura. Un gobierno legítimamente electo asumiría entonces una administración pública maltrecha pero existente, que tendría que ser reforzada con nuevos equipos humanos de alta capacidad y con planes estratégicos, y que además podría ser apuntalada por Estados Unidos y otros países para reconstruir funciones estatales y enfrentar eventuales sabotajes.

Esta tarea institucional exige necesariamente la transformación de los actores que han sido parte estructural del régimen. En ese marco, la reconfiguración de las Fuerzas Armadas constituye una dimensión transversal de la triple transición. A lo largo de nuestra historia republicana, la institución ha sido una amenaza potencial —y en ocasiones efectiva— al civilismo, y en el ciclo chavista‑madurista se convirtió en el engranaje central de un orden de control político, economías depredadoras y articulación con actores externos que comprometían la soberanía. Su transformación es indispensable para restablecer la constitucionalidad y la soberanía. Ese proceso no puede basarse en depuraciones indiscriminadas: requiere distinguir responsabilidades, aplicar justicia donde corresponda y ofrecer vías de reinserción institucional para quienes puedan asumir con profesionalismo su misión constitucional. La combinación de conducción civil firme y una transición gradual permitirá reconstruir una institución militar subordinada al orden republicano y orientada exclusivamente a la defensa nacional.

UNA SOCIEDAD REPUBLICANA

La triple transición —democrática, productiva y soberana— también requiere apoyarse en una sociedad republicana que, aun marcada por años de erosión institucional, dependencia y mentira, conserve la capacidad moral de reconocerse y actuar. El régimen debilitó el tejido asociativo, fracturó la confianza pública y promovió conductas que nos alejaron de la responsabilidad individual y colectiva; sin embargo, persiste en muchos venezolanos una disposición a coordinar esfuerzos y a asumir costos cívicos, como quedó demostrado en la gesta del 28 de julio. 

Estas capacidades ciudadanas constituyen el fundamento social que permitirá acompañar la reconstrucción democrática, sostener un desarrollo basado en mérito y responsabilidad y dar cohesión a una soberanía ejercida con independencia responsable. El país está atravesado parcialmente por una metanoia: una transformación profunda en el modo de entender la libertad, el trabajo y la responsabilidad. Sin embargo, aún persisten hábitos de sobrevivencia que nos alejan de esos valores. En este contraste, la sociedad republicana no es un punto de partida ni una promesa, sino una tarea: la reconstrucción de vínculos, valores y conductas que eviten repetir los errores que nos trajeron hasta aquí.

CACERÍA EN CURSO

Ninguna sociedad moderna está exenta de la captura del Estado y de las políticas públicas por parte de grupos de interés. En el proceso venezolano que discurre bajo la conducción de Washington sería ingenuo descartar la presencia de actores económicos y políticos dedicados a obtener beneficios particulares, legales o no. En ámbitos como el energético, los minerales estratégicos y la deuda externa operan redes que buscan influir en decisiones cruciales, aprovechando no solo la falta de transparencia en el manejo de los ingresos del Estado venezolano, sino también la posición de un régimen tutelado y amenazado, dispuesto a aprobar sumisamente cambios presentados como legislativos. 

El riesgo es evidente: que la transición derive en una simple sustitución del elenco nacional e internacional que se enriqueció bajo el régimen por otro que procura asegurarse posiciones de ventaja. Son, en esencia, cazadores de renta que intentan capturar la transición —y el nuevo orden que surja de ella— para establecer un orden basado en privilegios. Esta dinámica explicaría, en parte, por qué algunos actores buscan diferir una elección presidencial: un gobierno legítimo, potencialmente liderado por María Corina Machado, amenazaría la actividad de quienes aspiran a convertir la transición en una plataforma para reproducir ese orden que nosotros queremos superar.

AUDITORÍA CÍVICA

Aprovechar la oportunidad histórica para dar forma a un nuevo orden social basado en la libertad requiere un enorme trabajo de depuración y mantenimiento institucional. El marco legislativo vigente debe ser auditado para evaluar su compatibilidad con la república liberal. Que sea vigente no lo hace legítimo ni justo; en buena medida, es el entramado jurídico de un sistema de dominación. Pero también las propuestas de leyes que van surgiendo y surgirán deberán ser auditadas para evaluar su coherencia con esos principios y para evitar que, bajo la apariencia de reformas técnicas, se introduzcan mecanismos de captura o privilegio. 

Esta tarea no compete solo a los actores políticos o a los sectores interesados en determinadas leyes por razones particulares: exige la participación de una ciudadanía capaz de ejercer vigilancia republicana, porque ninguna democracia liberal puede sostenerse sin un pueblo que asuma la libertad como práctica y responsabilidad. Una iniciativa de auditoría cívica sobre marcos normativos (leyes, proyectos y políticas públicas) servirá como un freno indispensable a la captura del Estado y para fortalecer la cultura institucional que toda democracia liberal requiere. Este es un asunto de primer orden no solo en Venezuela, sino también en democracias liberales que enfrentan desafíos similares y necesitan renovar sus prácticas de vigilancia ciudadana para preservar la libertad como bien público.

ACUERDO Y ALIANZA

La complejidad de esta coyuntura histórica exige fundamentos políticos capaces de ordenar expectativas diversas y dar coherencia a la transición. El primero de ellos es un Acuerdo Nacional, expresión indiscutible de la soberanía popular, suscrito por la gran mayoría de la sociedad venezolana —dentro y fuera del territorio— para fijar los principios y objetivos estratégicos de la reconstrucción. La triple transición constituye la base natural de ese acuerdo: recuperar la democracia, sustituir el saqueo por el desarrollo y ejercer una soberanía nacional responsable. Estos tres vectores condensan el mandato del 28 de julio y ofrecen un horizonte compartido para actores sociales, económicos y políticos que, aun con diferencias, coinciden en la necesidad de superar el régimen y reconstruir la república.

El segundo fundamento es una Alianza con Estados Unidos, concebida no como subordinación, sino como una relación compatible con nuestra soberanía nacional. La Estrategia de Seguridad Nacional de 2025 define prioridades —restaurar la primacía en el hemisferio, reforzar la defensa territorial y contener actores autoritarios y criminales— que, aunque no destacan la democracia, pueden articularse con los objetivos venezolanos de la triple transición. Una Venezuela democrática, productiva y soberana aporta estabilidad regional y puede convertirse en un proveedor seguro de energía y minerales críticos, integrando esas capacidades en un modelo orientado a superar el rentismo. Pero la Alianza debe pactarse con Estados Unidos como Estado y afirmarse desde la soberanía popular: es la ciudadanía —mediante el mandato del 28 de julio y el marco del Acuerdo Nacional— la que define los objetivos de la reconstrucción y, desde ese proyecto propio, establece el marco de cooperación con la potencia que hoy influye decisivamente en nuestra realidad.

EL CUIDADO DEL HOGAR

Odiseo puede regresar a Ítaca porque Ítaca aún existe. Las aventuras del viaje no deben hacernos olvidar la resistencia silenciosa de quienes cuidaron el hogar común mientras él estaba lejos. Penélope encarna esa defensa no violenta: soporta la ocupación, enfrenta los abusos y preserva la posibilidad de que el orden justo de la vida en común pueda ser restaurado. Tejer y destejer su tela no es solo un recurso para ganar tiempo; es también la imagen de una preparación paciente para la tarea creadora que vendrá. Su tarea no es menor que la del héroe; sin ella, no habría hogar al cual volver ni comunidad política capaz de reconstruirlo.

La triple transición recoge esas dos dimensiones del camino republicano: el viaje que nos transforma y la permanencia que sostiene la vida común hasta que ocurra el regreso. En ambas actúa la esperanza como energía vital que insiste, que se abre camino, que mantiene vivas las posibilidades de reconstruirnos.