El escudo se prueba en Venezuela

En Cusco, entre el 7 y el 10 de julio pasados, durante la XVII Conferencia de Ministros de Defensa de las Américas, el subsecretario de Guerra para Políticas de Estados Unidos, Elbridge Colby, expuso ante el continente la doctrina que hoy orienta la estrategia de Washington hacia nuestra región. Situó el narcoterrorismo, el flujo de drogas letales, la migración irregular y la criminalidad transnacional entre las amenazas prioritarias del hemisferio, y pidió a los países de la región asumir mayor responsabilidad sobre su seguridad e invertir en serio en su defensa.

La propuesta fue clara. Estados Unidos no busca países dependientes, sino socios capaces de controlar su territorio, proteger sus activos estratégicos y contribuir a la seguridad regional. Colby lo dijo sin rodeos. Washington no necesita los activos ni la dependencia de sus vecinos. Necesita su éxito en la tarea de asegurar el hemisferio.

Quienes hemos visto de cerca lo que el crimen organizado le hizo a Venezuela entendemos la importancia de esa iniciativa. Durante un cuarto de siglo, disidencias de las FARC, redes de narcotráfico, grupos armados irregulares y mafias de la minería ilegal echaron raíces en nuestro territorio, casi siempre amparadas por la inacción, la tolerancia o la complicidad de funcionarios del Estado. Los enfrentamientos de Apure, las rutas clandestinas y las economías ilícitas del sur del país son manifestaciones de ese proceso.

Que la primera potencia del hemisferio haya decidido enfrentar ese ecosistema criminal con voluntad estratégica es una buena noticia para la región. Para Venezuela significa algo más: es la oportunidad de dejar de ser una plataforma al servicio del crimen y volver a ser una nación capaz de ejercer soberanía sobre su territorio.

Venezuela es la prueba decisiva de esa estrategia. Durante años, instituciones civiles, militares y judiciales venezolanas fueron señaladas en investigaciones y acusaciones internacionales por facilitar operaciones de narcotráfico y proteger a quienes las dirigían. Si el escudo de las Américas no logra contribuir al desmantelamiento de esas estructuras, su credibilidad quedará comprometida ante los demás socios. El éxito hemisférico pasa, en buena medida, por el éxito en Venezuela. No hay manera de rodear ese hecho.

La contradicción que todos ven

Hay una contradicción que debe señalarse con respeto, pero también con claridad. En la Venezuela de hoy caminan libremente oficiales y altos funcionarios buscados por la justicia internacional por narcotráfico y por violaciones de derechos humanos. Y no solo caminan. Interactúan con autoridades civiles y militares norteamericanas, participan en reuniones oficiales y, a veces, sonríen en las fotografías como si el pasado hubiera prescrito.

Comprendo la lógica del momento. Toda transición requiere interlocutores y la ayuda humanitaria no admite demora. No se trata de cuestionar a Estados Unidos, que conduce su política según sus intereses y los tiempos de su estrategia. Se trata de advertir que la coherencia también es un activo estratégico y que descuidarla tiene costos.

Los venezolanos que aún padecen ese sistema observan esas imágenes con una mezcla de asombro y alarma. Y con razón. Ninguna estrategia contra el narcoterrorismo se sostiene cuando los señalados de servirlo negocian su futuro en la mesa de al lado. En ese punto, la estrategia deja de serlo y se convierte en un arreglo. Y los arreglos duran lo que dura la utilidad de quienes los administran.

La institución más desprestigiada del país

Para que Venezuela tenga lugar en esa arquitectura hemisférica, la Fuerza Armada deberá emprender una transformación profunda. El punto de partida es elemental: proteger, no reprimir. Tres escenas recientes explican por qué es hoy una de las instituciones más desprestigiadas de Venezuela, lo cual, en el país de las instituciones destruidas, es mucho decir.

La primera fue Apure, en 2021. Los combates contra una disidencia de las FARC dejaron al menos una docena de militares muertos, ocho soldados capturados y miles de civiles desplazados hacia Colombia. Human Rights Watch documentó, además, ejecuciones, detenciones arbitrarias, torturas y otros abusos cometidos por fuerzas de seguridad venezolanas durante aquellas operaciones. El episodio reveló graves debilidades de inteligencia, conducción, entrenamiento y coordinación, y mostró algo más preocupante todavía: la institución podía emplear su poder contra la población civil, pero no lograba imponerse a un grupo irregular en su propio territorio.

La segunda ocurrió el 3 de enero de 2026. Una operación militar estadounidense atacó objetivos estratégicos, desactivó los sistemas de defensa aérea y culminó con la captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores. Más de 150 aeronaves participaron en el dispositivo, según el jefe del Estado Mayor Conjunto estadounidense, y el ataque inicial duró menos de media hora. La facilidad con la que fueron alcanzadas instalaciones estratégicas y fue extraído el jefe del régimen dejó al descubierto la distancia entre la retórica militar acumulada durante años y la capacidad real de respuesta de la institución.

La tercera escena, y la más dolorosa, ocurrió el 24 de junio de 2026. Dos terremotos de magnitudes 7,2 y 7,5 golpearon la costa norte de Venezuela. Para mediados de julio, las autoridades reportaban alrededor de cinco mil fallecidos, y miles más habían quedado heridos o sin vivienda. La Guaira fue una de las zonas más castigadas.

Durante las horas decisivas fueron los civiles quienes encabezaron las labores de rescate. Con sus manos y herramientas rudimentarias sacaron de los escombros a sobrevivientes y fallecidos. Después llegaron los equipos internacionales, los bomberos, Protección Civil y un número limitado de militares venezolanos. Las órdenes de despliegue se retrasaron. Hubo confusión en la cadena de mando, escasez de vehículos y ausencia de equipos tan elementales como martillos, picos y helicópteros con visión nocturna. Algunas unidades estaban listas para movilizarse, pero nunca recibieron instrucciones. Otras esperaron órdenes que llegaron demasiado tarde. Una institución con una estructura de mando saturada de generales no tenía un plan para socorrer a su propio pueblo.

Pero esa tragedia también mostró, aunque en pequeño, la otra cara de la moneda. Hubo militares en servicio activo que fueron a ayudar vestidos de civil porque saben que el uniforme que deberían portar con orgullo hoy despierta escarnio público, y aun así no dejaron solos a sus compatriotas. Y hubo otros que quisieron ir y no pudieron porque sus superiores se lo impidieron, y en esa prohibición vieron de frente la cara del mal. Esa minoría vale más de lo que pesa. En ella sobrevive el material humano con el que todavía puede reconstruirse una institución.

Una ciudadana que removía escombros lo resumió con una pregunta que debería quitarle el sueño a cada oficial: «Para reprimir protestas se movían rápido, ¿y para salvar vidas no pudieron?». Esa pregunta no se responde con un comunicado. Exige una transformación.

Solo la legitimidad reconstruye

El chavismo aseguró la obediencia militar mediante una combinación de politización, intimidación, fragmentación de la cadena de mando y privilegios económicos para los mandos superiores. Está de sobra documentado cómo se colocó a oficiales al frente de la distribución de alimentos, de sectores estratégicos y de empresas estatales, mientras los servicios de inteligencia perseguían y encarcelaban a los militares considerados desleales.

Ese método destruyó el mérito, fracturó la confianza interna y debilitó la capacidad operacional. Produjo una institución con demasiados mandos, responsabilidades superpuestas, unidades sin equipamiento y oficiales más preocupados por proteger su posición que por cumplir su misión. Intentar reinstitucionalizarla con los mismos métodos, aunque se presenten bajo otro discurso o con nuevos padrinos, conducirá al mismo resultado.

Una fuerza profesional solo puede existir bajo un gobierno que la respalde sin someterla, que dignifique la carrera militar en lugar de convertirla en botín y que pueda exigir obediencia porque su autoridad nace del voto, no del miedo. El hemisferio demanda socios capaces de controlar su territorio, cooperar contra el crimen transnacional y operar junto a fuerzas profesionales. Un poder sin legitimidad de origen no puede construir esas capacidades. Bajo esas condiciones, los oficiales obedecen por conveniencia, temor o cálculo, no por convicción institucional.

Quienes condujeron a la Fuerza Armada hasta esta degradación ya tienen asegurado su lugar en la historia. Ese juicio no admite apelación. Cargarán para siempre con Apure, con el derrumbe del sistema defensivo, con los centros de tortura de la inteligencia militar y con los escombros de La Guaira.

El legado de los oficiales que todavía sirven, en cambio, no está escrito. Está en sus manos devolverle a la Fuerza Armada el honor que una vez tuvo y que el chavismo pisoteó. Ese honor no se recupera con comunicados ni con desfiles. Se recupera protegiendo al pueblo durante la tragedia, en lugar de reprimirlo durante la protesta. Se recupera apartándose de quienes convirtieron el uniforme en una franquicia política y criminal. Se recupera actuando con profesionalismo para que la transición desemboque en elecciones libres. Solo de esas elecciones puede surgir el Comandante en Jefe legítimo que reconoce la Constitución.

El escudo de las Américas se prueba en Venezuela. Y Venezuela, en su Fuerza Armada.