Venezuela: la paciencia también necesita un cronograma

Venezuela vive una paradoja peligrosa. El país se mueve, pero no necesariamente avanza. Hay vuelos, licencias, reuniones con inversionistas, anuncios petroleros, reformas sectoriales, conversaciones con Washington, reapertura gradual de espacios mediáticos y una presencia más visible de dirigentes y activistas democráticos en la calle. Pero todavía no hay lo esencial: un camino político verificable hacia una elección presidencial libre, con nuevo árbitro, Registro Electoral actualizado, observación internacional, liberación plena de presos políticos, retorno seguro de exiliados y fecha cierta.

Ese es el centro del problema. La normalización económica puede aliviar algunas variables, pero también puede convertirse en el mecanismo de estabilización de un nuevo autoritarismo: menos ideológico, más transaccional, más abierto al capital extranjero, pero igualmente cerrado a la alternancia democrática. Una autocracia con mejores contratos sigue siendo una autocracia.

El dato sociopolítico más importante es que el gobierno de los Rodríguez carece de una base social robusta. Según AtlasIntel/Bloomberg, Delcy Rodríguez tiene una desaprobación cercana al 59% y una aprobación de apenas 25%, con el agravante de la falta de legitimidad de origen por lo que nadie reconoce su derecho a gobernar. Casi la mitad de los venezolanos evalúa su gobierno de facto como malo o muy malo. Además, 79% califica negativamente la situación económica del país y 75% la del mercado laboral. Esto significa que la llamada estabilización todavía no se ha traducido en legitimidad como resultado de mayor bienestar percibido.

Ese déficit de legitimidad es políticamente decisivo. Un gobierno puede sobrevivir por coerción, acuerdos internacionales o control de rentas; pero no puede construir estabilidad duradera si la mayoría social siente que el país se abre para unos pocos mientras la vida cotidiana sigue marcada por salarios insuficientes, hospitales precarios, apagones, falta de agua, transporte deteriorado y empleos sin futuro.

La conflictividad social puede escalar por varias vías. La primera es salarial. Docentes, trabajadores públicos, pensionados, empleados de salud y sindicatos ya han demostrado capacidad de organizar protestas, aunque todavía fragmentadas y limitadas. La segunda es territorial: servicios públicos, minería, electricidad y acceso a alimentos pueden convertirse en detonantes locales. La tercera es administrativa: si el gobierno avanza en una reducción del Estado, que hoy sostiene una nómina estimada de 3,5 millones de empleados públicos, sin reglas claras, protección social y sin tener la legitimidad política para implementar estas medidas, puede convertir un programa de eficiencia en un disparador de mayor inestabilidad.

Reducir burocracia puede ser necesario. Pero hacerlo desde un gobierno débil, sin mandato electoral claro y con bajo apoyo popular, implica riesgos enormes. El Estado venezolano no es solo una estructura administrativa: es también un sistema de supervivencia para millones de hogares. Tocar esa estructura sin un pacto político y social puede producir más problemas que eficiencia.

Hay otro cambio que no debe subestimarse: el miedo empieza a perder su capacidad de control social. No ha desaparecido la represión, ni debe romantizarse la protesta. Pero algo está cambiando. Hay más dirigentes opositores y activistas en la calle. Hay más medios dispuestos a cubrir tensiones reales. Hay más familiares de presos políticos exigiendo respuestas. Hay más venezolanos diciendo, en voz alta, que la espera se está agotando. La sociedad no está todavía en una fase de movilización masiva, pero sí en una fase de acumulación emocional y moral.

Mientras tanto, desde Washington se pide paciencia. Marco Rubio ha dicho que las elecciones libres deben llegar, pero que apenas han pasado cinco meses y se requiere completar las fases previas de estabilización y recuperación. El problema es que los venezolanos han sido extraordinariamente pacientes. El gobierno debió haber entregado el poder en enero de 2025 a Edmundo González Urrutia, tras su victoria electoral de 2024. La paciencia no puede exigirse como resignación. Solo puede pedirse si viene acompañada de avances verificables.

La paciencia podría “comprarse” por un tiempo si las transformaciones económicas incluyeran hitos políticos públicos y verificables. Si la apertura de vuelos trajera de vuelta a los exiliados que quieren regresar libremente, no solo a migrantes expulsados de otros países, muchas veces sin debido proceso. Si la inversión extranjera llegara porque Venezuela cuenta con un Tribunal Supremo de Justicia independiente, magistrados honorables y seguridad jurídica para todos, no porque algunos inversionistas obtienen arbitraje internacional mientras los venezolanos siguen sometidos a una “justicia” arbitraria. Si cada licencia, contrato, desembolso o reforma viniera acompañado de un espejo institucional: CNE, Registro Electoral, presos políticos, justicia, medios libres y fecha de una nueva elección presidencial -aunque en lo personal creo que lo que correspondería es reconocer la elección de 2024 y transferir el poder a quien ganó la elección, alternativa que de manera inexplicable parece haber sido descartada-. 

En sentido contrario, la paciencia se agota más rápido cuando la gente ve llegar grandes empresas internacionales, pero sigue sin empleo, sin ingresos, sin salud, sin agua y sin electricidad. Se agota cuando investigaciones y reportes sobre petróleo, oro, minería y contratos alimentan una frase que ya circula en conversaciones comunes: “ellos solo quieren el oro y el petróleo”. Se agota cuando Donald Trump afirma que la gente baila de felicidad en las calles de Venezuela, o cuando Rubio  dice que El Helicoide está cerrado mientras familiares y organizaciones de derechos humanos siguen denunciando presos, traslados opacos y ausencia de justicia.

En lo personal, sigo entre los que creen que el gobierno norteamericano sí tiene la intención de empujar una transición democrática en Venezuela. Pero también creo que se han cometido errores de información, de lectura política y de secuencia. La estabilización no puede ir primero y la democracia después, como si fueran capítulos separados. En Venezuela, sin democracia, la estabilización es frágil, y se convierte en captura de rentas; y sin Estado de derecho, la inversión se convierte en privilegio para pocos, frustración para muchos, y alto riesgo para todos.

La oportunidad histórica sigue abierta, pero no estará abierta indefinidamente. Lo que hoy puede hacerse con presión internacional, legitimidad democrática, liderazgo opositor, demanda social y necesidad económica, mañana puede ser más difícil. Las élites aprenden, los autoritarismos se adaptan, los intereses se acomodan y los beneficiarios de la normalización sin transición se vuelven defensores del statu quo.

Venezuela no necesita que le pidan paciencia. Necesita que esa paciencia tenga destino, calendario y garantías. Necesita que cada avance económico tenga una contraprestación política. Necesita que la normalización no sea el precio de olvidar la elección de 2024, sino el puente para hacerla valer.

Porque si la apertura económica no conduce a elecciones libres, reinstitucionalización democrática, justicia independiente y transferencia real de poder, no estaremos ante una transición. Estaremos ante una mutación del autoritarismo. Y esa sería para Venezuela, y también para Estados Unidos, una oportunidad perdida de dimensiones históricas.