La guerra por el oro: por qué el chavismo está desmontando el sistema criminal que construyó en el Arco Minero

Los reportes sobre operaciones militares en las inmediaciones de Las Claritas, Km 88 y Las Brisas, en el municipio Sifontes, han vuelto a poner el foco sobre una región que concentra algunas de las mayores reservas minerales del país. De acuerdo con la ONG SOS Orinoco, existen reportes verificados sobre el despliegue de helicópteros artillados y operaciones de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana contra estructuras armadas vinculadas con la minería, entre ellas un grupo liderado por alias «Juancho».

La organización ha advertido sobre la circulación de videos desactualizados y abundante desinformación, pero sostiene que el operativo es real y se desarrolla en una zona estratégica. Bloomberg también informó sobre el despliegue de tropas en el corazón aurífero de Bolívar, mientras que otros reportes apuntan a que las áreas recuperadas podrían ser abiertas a futuras inversiones.

La pregunta es… ¿por qué ahora?

Las operaciones comenzaron apenas seis días después de la visita a Venezuela del general Dan Caine, jefe del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos. La relación entre ambos acontecimientos no ha sido reconocida oficialmente, pero para numerosos observadores es imposible ignorar el contexto político en el que se produce esta reconfiguración del control sobre una de las zonas económicas más importantes del país.

El origen de todo

La idea del Arco Minero nació durante el gobierno de Hugo Chávez y fue Nicolás Maduro quien la convirtió en política oficial en 2016 (antes de las sanciones, vale decir). Más de 111.000 kilómetros cuadrados fueron destinados a la explotación de oro, diamantes, coltán y otros minerales. La medida fue aprobada sin autorización legislativa, sin consulta previa a las comunidades y sin estudios de impacto ambiental.

El proyecto apareció en medio del colapso petrolero y de la necesidad del régimen de encontrar nuevas fuentes de ingresos. El oro comenzó a convertirse en una alternativa para sostener las finanzas del poder.

Sin embargo, el Estado venezolano no tenía capacidad institucional para administrar un territorio de semejantes dimensiones. En lugar de construir instituciones, terminó favoreciendo la aparición de una estructura paralela.

Sindicatos armados, guerrillas colombianas y brasileñas, redes de corrupción, funcionarios civiles y mandos militares comenzaron a compartir espacios y competencias. En muchas zonas, las reglas dejaron de ser las de la República y pasaron a ser las impuestas por quienes controlaban las minas.

Un sistema construido desde el poder

Durante años, organizaciones como Human Rights Watch, Transparencia Venezuela y SOS Orinoco documentaron la consolidación de estas economías criminales. Las denuncias incluyeron explotación laboral, trata de personas, violencia sexual, desplazamientos forzados y destrucción ambiental.

Informes independientes describieron cómo toneladas de oro fueron enviadas ilegalmente a Turquía, Irán y los Emiratos Árabes Unidos. Según datos del Gobierno de Estados Unidos, al menos 2.000 millones de dólares en oro fueron traficados entre 2018 y 2023 sin registro oficial.

Todo ello mientras se destruía uno de los ecosistemas más importantes del continente y se sometía a comunidades indígenas enteras a una presión creciente.

La Gran Aldea ha descrito este fenómeno como uno de los pilares de las economías ilícitas que alimentaron al régimen venezolano. El oro pasó a formar parte de una compleja red financiera y política que permitió compensar parcialmente la caída de los ingresos petroleros.

Por eso, lo que está ocurriendo actualmente no puede interpretarse como una guerra convencional entre el Estado y un actor externo. Las estructuras armadas que hoy son atacadas no surgieron en el vacío. Se consolidaron durante años en un ecosistema tolerado, promovido y aprovechado por el propio poder.

La tierra de los desaparecidos

La tragedia del Arco Minero no comenzó con las operaciones militares de estos días. Hace años, el exfiscal Zair Mundaray documentó en La Gran Aldea las desapariciones ocurridas en las zonas mineras durante la gestión de Francisco Rangel Gómez como gobernador de Bolívar. Familias enteras denunciaron la desaparición de sus seres queridos, mientras las autoridades guardaban silencio.

Masacres como las de Tumeremo dejaron al descubierto un sistema de impunidad que permitió durante años asesinatos, desapariciones y enterramientos clandestinos.

Antes de que comenzaran los bombardeos y los combates actuales, el sur de Bolívar ya era una de las mayores fosas comunes de Venezuela.

La esclavitud moderna, la explotación sexual, el trabajo infantil y las desapariciones han formado parte del paisaje cotidiano de estas zonas durante más de una década.

La nueva ley y un problema que seguía intacto

Hace apenas unos meses, el régimen impulsó una reforma de la legislación minera para facilitar la llegada de capital extranjero.

Sin embargo, el abogado José Ignacio Hernández advirtió que la principal barrera para la inversión no era la ley formal, sino la existencia de una regulación de facto.

En el sur del país existe desde hace años un sistema paralelo de normas, impuestos, jerarquías y mecanismos de control territorial. Una gobernanza informal que funciona al margen del ordenamiento jurídico y que impide el desarrollo de actividades transparentes y sostenibles.

Hernández señalaba que la reforma legal no desmontaba las estructuras creadas alrededor del Arco Minero ni derogaba los instrumentos que permitieron su expansión. Tampoco establecía mecanismos para reparar los daños ambientales ni para atender a las comunidades afectadas, de modo que modificar las leyes no sería suficiente mientras las verdaderas reglas siguieran siendo las impuestas por las armas.

El choque con el monstruo creado

Los acontecimientos de los últimos días sugieren que esa contradicción ha terminado por explotar.

La militarización de zonas controladas por sindicatos armados parece responder a una necesidad de recuperar territorios que, en los hechos, habían dejado de estar bajo control efectivo del Estado.

Las Brisas y Las Cristinas no son lugares cualquiera. Allí se encuentran algunas de las reservas minerales más importantes del país y existen antecedentes de disputas internacionales por su explotación. Delcy Rodríguez conoce bien esas zonas. Diversas investigaciones periodísticas han señalado que sectores del poder venezolano utilizaron durante años las riquezas del Arco Minero como instrumento de negociación política y diplomática. Entre los nombres vinculados a esas gestiones han aparecido figuras como José Luis Rodríguez Zapatero y el excongresista estadounidense Aaron Schock.

El problema es que quienes hoy representan un obstáculo para esa nueva etapa son, precisamente, las estructuras que crecieron al calor del modelo instaurado desde 2016.

El poder de facto intenta, obligado, desmontar un sistema que durante años contribuyó a sostenerlo.

Los riesgos

SOS Orinoco ha advertido sobre la posibilidad de desplazamientos masivos, aumento de la violencia y afectaciones contra la población civil. La historia reciente ofrece razones suficientes para temer abusos y nuevas violaciones de derechos humanos.

Además, las economías criminales no desaparecen automáticamente cuando son desplazadas de un territorio. Con frecuencia se fragmentan, se reubican o se adaptan.

Tampoco existen señales de un proceso integral de recuperación institucional, reparación ambiental y protección de las comunidades indígenas.

Sin esos elementos, el riesgo es que cambien los administradores del negocio, pero no las condiciones que hicieron posible su expansión.

Mucho más que una operación militar

Lo que está ocurriendo en el sur de Bolívar puede marcar el inicio de una nueva etapa para el Arco Minero. También puede convertirse en otro capítulo de violencia dentro de una región devastada por una década de economías extractivas ilegales.

Lo cierto es que los combates de hoy no pueden entenderse sin las decisiones tomadas hace diez años.

La historia del Arco Minero es la historia de cómo un proyecto concebido para obtener recursos de forma ilegal y a través de un ecocidio, terminó creando un sistema paralelo de poder, enriqueciendo redes criminales y destruyendo uno de los territorios más biodiversos del continente.

Todo lo que ocurre hoy en esas zonas tiene un responsable político perfectamente identificable. Desde el ecocidio hasta las violaciones de derechos humanos cometidas por las bandas armadas y por los grupos de tarea del régimen. La idea nació con Hugo Chávez y fue Nicolás Maduro quien la convirtió en política oficial. El resultado fue una estructura criminal que produjo uno de los mayores desastres ambientales y humanos de la historia contemporánea venezolana.

Los mismos que durante años promovieron, toleraron y se beneficiaron de ese sistema son quienes hoy intentan desmantelar una parte de él, empujados por una nueva realidad política y económica.

Las guerras de hoy en Las Claritas y el Km 88 no son la lucha del Estado contra un enemigo externo. Son la expresión de una contradicción interna. El poder intenta destruir una criatura que durante años alimentó, financió y utilizó.

El monstruo del Arco Minero nunca apareció por generación espontánea. Fue una obra del chavismo. Y una década después, Venezuela sigue pagando las consecuencias.