Institucionalidad o incentivos: el dilema de la inversión

La pared

A partir de enero de 2026, muchos expertos nos han recordado nuestro enorme potencial petrolero, gasífero y minero. Las reservas probadas de crudo más grandes del mundo, la cercanía con el gigante del norte y una geografía bendecida forman parte del pitch de venta para proyectarnos como la mejor opción —entre no pocas— para el capital foráneo.

Sin embargo, todas estas ventajas, que sin duda harían salivar a cualquier inversionista, se topan de frente con un muro: nuestra falta de institucionalidad.

Ante esta carencia, los grandes capitales no terminan de decidirse. Y con razón. Revisemos algunos aspectos de nuestra historia relacionados con esta ausencia de instituciones para entender cómo, quizás enfocándonos en una estructura de incentivos diferente, podríamos terminar de atraer el flujo de capital privado que el país necesita.

Top 5 en constituciones

Venezuela ha tenido 24 constituciones desde 1830. En casi 200 años de vida republicana, hemos estrenado una carta magna distinta, en promedio, cada ocho años.

Las excepciones más duraderas han sido la de 1961 (la República Civil), con 38 años de vigencia, y la actual de 1999, que ya suma 27 años. En este ranking de inestabilidad jurídica, solo la República Dominicana nos aventaja con 32 constituciones, mientras que superamos por muy poco a Haití, que acumula 23.

Top 5 en defaults

Desde 1800, Venezuela ha incumplido el pago de su deuda pública 11 veces. A nivel mundial, en este historial solo nos supera España, con 13 ocasiones, y compartimos el segundo lugar con Ecuador.

Un quinto de nuestra historia en democracia

De los casi 200 años de historia republicana, solo 40 años —el 20 %— transcurrieron en democracia.

Al comienzo del gobierno de Chávez, alguien me comentó que esos 40 años de democracia habían sido la excepción y no la regla. Ingenuamente, veía nuestra historia como lineal. Hoy, 27 años después, cabe preguntarse: ¿este último periodo se parece más a las cuatro décadas de democracia o al resto de nuestra historia?

Top 5 en alzamientos y golpes de Estado

Nuestros historiadores no parecen coincidir en la contabilidad exacta de cuántos alzamientos, insurrecciones, guerras, guerritas y golpes de Estado hemos tenido en estos 200 años. Sin embargo, mediciones internacionales como el registro del Centro para la Paz Sistémica (Center for Systemic Peace) permiten dimensionar el problema.

Según sus datos para el periodo comprendido entre 1946 y 2024, Venezuela ha registrado 18 intentonas de golpe de Estado —de las cuales cuatro fueron exitosas—, lo que nos ubica en la cuarta posición global, solo detrás de Argentina (9 exitosos de 20 intentos), Haití (15 de 23) y Bolivia (16 de 33).

Dos nacionalizaciones de la industria petrolera

En un siglo de historia petrolera, Venezuela ha vivido dos nacionalizaciones: la de 1976, bajo el gobierno de Carlos Andrés Pérez, y la de 2007, con Hugo Chávez.

Esto demuestra que la democracia no garantiza por sí misma los derechos de propiedad. Dos veces en nuestra historia reciente le hemos dicho al capital privado: hasta aquí. Y conviene recordar un detalle: aunque ambos procesos se enfocaron en el sector petrolero, terminaron afectando a todas las industrias del país.

Tres implicaciones

Esta trayectoria histórica nos deja tres implicaciones:

Inestabilidad: 24 constituciones demuestran que somos un país poco capaz de mantener reglas de juego claras.

Falta de fiabilidad: 11 defaults de deuda pública señalan que nos cuesta honrar nuestros compromisos financieros.

Fragilidad política: 18 intentonas golpistas en 80 años evidencian cómo nos resulta difícil resolver nuestras diferencias por vías institucionales.

Doscientos años no es nada

A razón de 25 años por generación, apenas han transcurrido ocho generaciones desde que nos estrenamos como república; el equivalente al tiempo que nos separa de nuestros tatarabuelos. No es un periodo lo suficientemente largo como para haber cambiado lo necesario para garantizar nuestro entramado institucional.

Conviene recordar, además, que la Independencia fue otro rompimiento institucional, en ese caso con la monarquía española. Y hoy en día, bajo la tutela e influencia del gigante del norte, tampoco queda claro que un rescate institucional sea algo inevitable.

Sobre el tutelaje

Aunque en términos económicos tiene todo el sentido del mundo armar una llave entre Venezuela y Estados Unidos para el desarrollo del petróleo, el gas y la minería, el recorrido histórico de ambas naciones genera dudas sobre el éxito de nuestra «sociedad» actual.

Por el lado de Venezuela, nuestra trayectoria es de inestabilidad. Solo nos hace falta quedar bajo el dominio de un nuevo imperio para que surja otro «hijo de Simón Bolívar» dispuesto a liberarnos.

Por el lado de Estados Unidos, no hay antecedentes de un modelo de tutelaje similar en sus 250 años de historia. Además, sus intervenciones internacionales muestran un balance dividido: algunas exitosas —como la reconstrucción de Europa y Japón tras la Segunda Guerra Mundial, o los casos de Panamá y Granada en el siglo XX— y otras no tan eficaces, como Vietnam, Afganistán e Irak.

Somos nosotros, no el resto del mundo

A pesar de no encontrarnos en una región explosiva como Medio Oriente —marcada por odios milenarios, guerras interminables y una alta complejidad geopolítica, pero también abundante en petróleo—, nuestra historia no nos otorga ventajas tan claras sobre esa parte del planeta a la hora de competir por inversiones.

Quizás convenga aceptarlo de una vez y dejar de lado el wishful thinking. Aceptando nuestra realidad, podremos diseñar incentivos para que, a pesar de nuestra perenne inestabilidad, logremos minimizar el riesgo de interrupciones en las industrias petrolera, gasífera y minera. Al fin y al cabo, estos sectores siguen siendo nuestra mayor ventaja competitiva en el mundo actual.

Ciclos largos e inversiones cuantiosas

Los proyectos de petróleo, gas y minería tienen la particularidad de ser intensivos en capital y de muy largo plazo.

Esto se traduce en que requieren desembolsos multimillonarios y mucho tiempo para recuperar la inversión en comparación con otros sectores.

Y el problema de la renta

El otro asunto clave es que las industrias de gas, minería y petróleo pertenecen al sector extractivo. En Venezuela, estas actividades tienen la particularidad de que el subsuelo —por herencia jurídica española— pertenecía a la Corona y hoy pertenece al Estado. A lo largo de nuestra historia no hemos sido muy buenos controlando esa renta ni dándole su mejor uso; más bien, hemos sido expertos en pelearnos por su control.

Entonces, ¿cómo garantizarles a los inversionistas el retorno de su capital?

Los expertos concluyen siempre con la misma fórmula: institucionalidad. Lamentablemente, de eso no tenemos, casi nunca hemos tenido y cuesta pensar que lo obtendremos en el corto plazo sin una enorme dosis de suerte, además de mucho tino y esfuerzo. El retorno a la democracia ayudaría, por supuesto, pero, como demuestra nuestra propia historia, no garantiza por sí solo el respeto a la propiedad privada.

La tendencia al modelo recurrente

En nuestra historia petrolera hemos operado bajo un patrón predecible: primero, aceptamos la liberalización económica para atraer las inversiones; luego, una vez que el capital privado está adentro y produciendo, si las condiciones del mercado lo permiten —como ocurre en un ciclo de precios altos del crudo—, el Estado cambia las reglas originales para extraer más renta o, simplemente, prescinde de los inversionistas porque asume que ya no los necesita en el corto plazo.

Las propuestas

Recientemente, diversos expertos han recomendado medidas para intentar blindar y atraer las inversiones, tales como trasladar la resolución de conflictos a arbitrajes internacionales, estructurar cuentas escrow para asegurar los pagos o contratar seguros de riesgo político ante organismos multilaterales como el MIGA.

Todas estas herramientas financieras y legales son necesarias, al igual que la flexibilización de regalías e impuestos, pero resultan insuficientes dada nuestra hoja de vida. En el fondo, tener que implementar este tipo de medidas es la admisión de que en Venezuela no existe institucionalidad ni se espera que aparezca.

Además, no hay que perder de vista que todo este entramado legal y financiero es de factura netamente occidental y está liderado por Estados Unidos. En el contexto global actual de una segunda Guerra Fría, donde China también busca imponer su dominio, queda claro que, si la industria local queda fuera de una órbita, inevitablemente la arropará la otra.

¿Qué hacer para construir institucionalidad?

La vuelta a la democracia es un buen primer paso. Sin embargo, cargamos a cuestas tres pesadas inercias históricas: la inestabilidad, la falta de fiabilidad para honrar compromisos y una profunda dificultad para ponernos de acuerdo. Ante esta realidad, conviene explorar otras fórmulas. Es necesario escudriñar en el diseño de incentivos y en la formulación de políticas que aumenten los costos políticos y económicos de saltarnos la frágil institucionalidad y perjudicar a los inversionistas.

El Estado y los tres problemas históricos

El Estado y la ambición de quienes desean controlarlo constituyen el factor de mayor peso detrás de nuestros tres problemas históricos.

La inestabilidad es producto de la pugna por el poder, y las 24 constituciones que hemos tenido son la manifestación de ese fenómeno. Asimismo, el incumplimiento de lo acordado y los defaults de la deuda han sido decisiones ejecutadas por los gobiernos que controlaban las instituciones en cada momento.

Finalmente, nuestra incapacidad para ponernos de acuerdo se ha manifestado en guerras internas, alzamientos e intentonas golpistas; todas con el objetivo de adueñarse del poder estatal.

Si a este cuadro le haces llover petrodólares, lo único que consigues es echarle gasolina a la inestabilidad, al incumplimiento y a las pugnas por el control del poder y sus recursos.

Una alternativa: involucrar al ciudadano y saltar al Estado

Si, en lugar de asociar la inversión privada con el Estado, lo hiciéramos directamente con el ciudadano —con cada venezolano—, la realidad pudiera ser diferente. Al democratizar el beneficio y vincularlo directamente al bolsillo de la gente, aumentaríamos drásticamente los costos para cualquier gobernante de turno que intente incumplir lo previamente acordado.

Mirada a otras propuestas

Desde hace años, y sin mayor éxito, no pocos expertos han sugerido alternativas que van desde privatizar por completo la industria petrolera y convertir al ciudadano en accionista de esta, hasta entregar dividendos en efectivo producto del negocio extractivo.

Recientemente han vuelto a asomarse voces que sugieren explorar modelos como fondos de inversión, fondos de estabilización o transferencias monetarias directas a la población. En sintonía con esto, una alternativa a considerar es sustituir las regalías e impuestos tradicionales de las industrias extractivas por dividendos directos en efectivo para los ciudadanos.

Esto obligaría al Estado a financiarse exclusivamente de la recaudación fiscal de la economía no extractiva, forzando al poder político a depender de la productividad del país y no de la riqueza del subsuelo.

El verdadero desafío

El verdadero desafío es cómo lograr el desarrollo económico impulsándonos en nuestras mayores ventajas competitivas —petróleo, gas y minería—, pero aceptando nuestra realidad: somos un país poco proclive a la estabilidad institucional.

Convendría aterrizar las buenas intenciones y empezar a planificar sobre la base de lo que históricamente hemos sido y de lo que somos hoy; aspirando a ser mejores, sí, pero asumiendo lo mucho que nos ha costado y nos cuesta lograrlo.

Como las instituciones sólidas tardan décadas en construirse, quizás debamos ensayar una ruta distinta: retirar por completo al Estado de las actividades económicas extractivas e incorporar de forma directa al ciudadano en sociedad con el capital privado. Al Estado solo deberíamos dejarle las funciones de fiscalización y resolución de disputas en estas actividades económicas.

De esta manera, elevaríamos los costos para quienes controlen el poder —sean tirios o troyanos—, evitando que les dé por ahogar al inversionista privado para quedarse con una mayor tajada de la renta cuando los precios de las materias primas jueguen a favor.

Si se les ocurriera intentarlo, ya no estarían expropiando a una corporación lejana, sino metiéndole la mano directamente en el bolsillo al ciudadano. Por supuesto, para evitar que una narrativa persuasiva convenza a la gente de lo contrario, este mecanismo de distribución e inversión privada tendría que estar blindado mediante fideicomisos internacionales e inalcanzables para el gobierno de turno.

Quizás así, como sociedad, logremos contenerlos.

Es cierto que esto no lo hemos probado antes y que puede sonar a utopía. Sin embargo, mucho más utópico es seguir asumiendo que, haciendo exactamente lo mismo de siempre, vamos a obtener resultados diferentes.