La educación en la Venezuela pospetrolera

Recientemente, la profesora Emiliana Vegas organizó en Harvard un seminario sobre la educación en Venezuela más allá del petróleo. El énfasis en el petróleo podría parecer confuso a primera vista, pero lo cierto es que la crisis educativa venezolana guarda una relación con el petróleo, especialmente desde una perspectiva cualitativa.

La educación del Petro-Estado: el Estado docente

Como he explicado en otro lugar, la configuración de Venezuela como Petro-Estado derivó en instituciones políticas incompatibles con el Estado de derecho. En un Estado de derecho, el Gobierno requiere de la riqueza generada por la sociedad libre y organizada para sostener el gasto público, lo que genera incentivos favorables a la separación de poderes y a la rendición de cuentas. En el Petro-Estado, en cambio, es la sociedad la que termina dependiendo del reparto de la renta petrolera, lo que genera desincentivos para la separación de poderes y la rendición de cuentas. Lejos de ser la sociedad libre y organizada a la que se refirió Francisco Javier Yanes, la sociedad termina por organizarse para reclamar su participación en la renta, como ha concluido Diego Bautista Urbaneja.

La proyección del Petro-Estado en la educación es el Estado docente, que concibe la educación como un servicio público; es decir, como una actividad realizada por y para el Estado. El Estado docente no solo se expresa a través de un sistema de centros educativos públicos, sino también mediante la planificación curricular de todo el sistema educativo, incluidos los centros privados. En ese esquema, la persona es una receptora pasiva de los servicios educativos prestados conforme a los planes del gobierno.

El Petro-Estado no está interesado en un sistema educativo que empodere a las personas, pues no las concibe desde su capacidad de agencia, sino desde el reparto de la renta. Además, al ubicarse la riqueza en el subsuelo, la educación tampoco se orienta a desarrollar capacidades para la producción y la innovación. Finalmente, como las instituciones políticas del Petro-Estado desincentivan la separación de poderes y la rendición de cuentas, el gasto público educativo queda expuesto a condicionantes que favorecen su ineficacia, entre ellos la corrupción y las políticas clientelares.

Desde 2002, las instituciones del Petro-Estado se fortalecieron, mientras la industria petrolera fue puesta al servicio del proyecto político del “socialismo del siglo XXI”. El marco regulatorio de la educación reflejó estos cambios al exacerbarse la figura del Estado docente, especialmente mediante la política de militarizar la educación.

De allí que la crisis de la educación en Venezuela no sea solo cuantitativa —medida por la dramática caída de la escolaridad y del gasto público—, sino también cualitativa: la educación no se concibe como un instrumento para el florecimiento de las personas, sino como un mecanismo más del reparto de la renta.

La educación en la Venezuela pospetrolera

La destrucción de la industria petrolera puede tener una externalidad positiva: Venezuela ya no puede depender del petróleo para su reconstrucción. Esta destrucción no deja de ser paradójica, pues fueron las propias instituciones del Petro-Estado las que la propiciaron.

Entonces, si la reconstrucción de Venezuela no puede basarse en el petróleo, ¿cuál sería la fuente que la respalde? La Venezuela pospetrolera debe pasar de la riqueza del subsuelo a la riqueza de la sociedad libre y organizada.

Así como el Petro-Estado creó su propio brazo educativo —el Estado docente—, la Venezuela pospetrolera debe crear su propia dimensión educativa: el Estado garante. El papel del Estado no es monopolizar la educación ni, mucho menos, asumir el papel del “gran docente”. Por el contrario, el Estado debe crear las condiciones necesarias para que la educación sea conducida por la sociedad civil, como instrumento del florecimiento humano.

La Venezuela pospetrolera no puede prescindir del Estado. Tanto los derechos humanos en juego como las fallas de mercado justifican su papel en el sector educativo, especialmente durante la primera fase de la reconstrucción. Desde la centralidad de la persona y su dignidad, el Estado garante debe asegurar condiciones materiales de igualdad que permitan el acceso a un sistema educativo diseñado para el florecimiento humano y, en especial, para la innovación y la experimentación en la cuarta revolución industrial.

En este sentido, el Estado garante descansa en los principios de subsidiariedad y solidaridad, compatibles con una reinterpretación de la Constitución desde la centralidad de la dignidad humana. Por el principio de solidaridad, el Estado garantiza la inclusión educativa. Por el principio de subsidiariedad, el Estado complementa y refuerza las capacidades de la sociedad civil para prestar servicios educativos.

La concepción del Estado garante encuentra eco en la propuesta reciente de la OCDE sobre la educación para el florecimiento humano (OCDE, 2025). Recuperando la tradición aristotélica, ese marco entiende el florecimiento como una vida realizada en cuatro dimensiones —felicidad, sentido, relaciones y realización— que la educación debe cultivar a lo largo de toda la existencia. Para ello, la OCDE identifica cinco competencias: la resolución adaptativa de problemas, el razonamiento ético, comprender el mundo, apreciarlo y, como competencia central, actuar en él, es decir, desarrollar propósito, intención y capacidad para dejar una huella propia. Esta última competencia es la antítesis exacta del Estado docente del Petro-Estado: allí donde la educación rentista concibe a la persona como receptora pasiva de los servicios distribuidos por el Gobierno, la educación para el florecimiento humano la concibe como agente de su propia vida y de la vida en común.

La educación para el florecimiento humano y la dignidad de la persona

El desmontaje del Estado docente en la Venezuela pospetrolera restablece la centralidad de los derechos humanos. La figura del Estado garante descansa en el artículo 13 del Protocolo de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, conforme a cuatro principios que conviene resumir.

El primer principio es que la educación se orienta “hacia el pleno desarrollo de la personalidad humana y del sentido de su dignidad”. Mientras el Petro-Estado docente se orienta a formar individuos dependientes de la renta, el Estado garante respalda una educación orientada a empoderar a las personas.

El segundo principio establece que la educación debe capacitar “a todas las personas para participar efectivamente en una sociedad democrática y pluralista”. Las bases de la sociedad democrática y pluralista son incompatibles con las del Petro-Estado, que concentra funciones en la Presidencia y fortalece el rol del Estado docente.

El tercer principio señala que la educación se orienta a “lograr una subsistencia digna”, lo cual requiere garantizar el acceso a ella. El fin último de la educación es, así, empoderar a las personas para que, con sus propias capacidades —y no con las dádivas del petróleo—, puedan desarrollar plenamente su libertad.

Finalmente, el cuarto principio establece que “los padres tendrán derecho a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos”. Son los padres, y no el Estado docente, quienes tienen la primera responsabilidad en la educación de sus hijos. La función del Estado es garantizar ese rol, no sustituirlo.

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En su libro El triunfo de la libertad sobre el despotismo, Juan Germán Roscio escribió: “La prosperidad de un pueblo no consiste en la cantidad de oro que posee, sino en el número de talentos y de brazos que emplea con utilidad”. En la Venezuela pospetrolera, la prosperidad no consistirá en la cantidad de reservas de petróleo, sino en el número de talentos. Y solo una educación de calidad, inclusiva y orientada al florecimiento humano podrá ayudar a formarlos.