Manual para perder un país (y seguir citando artículos)

En Venezuela ocurre algo extraordinario: mientras el poder se ejerce sin pudor, la política se discute con manual en mano. Se invocan artículos como si fueran amuletos, se recitan procedimientos como si fueran conjuros, y se espera —con una fe que ya roza lo litúrgico— que el texto constitucional haga lo que la política no ha sabido hacer en veinticinco años. Es una escena conocida: el país real se desmorona, pero el país jurídico sigue peleando en el papel. Y allí, en ese papel, muchos siguen buscando como salir.

El problema no es nuevo. Es, en realidad, una constante de la historia política venezolana contemporánea: la tendencia a sustituir la correlación de fuerzas por la ilusión normativa, y el conflicto por la interpretación. La Constitución promovida por Hugo Chávez no fue solo un texto. Fue el acto fundacional de un nuevo orden político. No porque innovara radicalmente en lo formal —muchas de sus disposiciones podrían encontrarse en tradiciones constitucionales previas—, sino porque estableció, en la práctica, una relación distinta entre poder y norma: el poder no se sometería a la Constitución; la Constitución se adaptaría al poder. Ese giro es clave para entender lo que vino después.

Durante años, sectores de la oposición optaron por librar la disputa dentro de ese marco. Elecciones, referendos, denuncias institucionales. Una estrategia que, más que ingenua, fue profundamente política en su origen: buscaba evitar la ruptura y preservar una cierta continuidad republicana. Pero con el tiempo, esa apuesta derivó en algo distinto: una forma de ritualismo político donde los procedimientos sustituyeron a la estrategia. El resultado está a la vista.

Cada episodio de la crisis venezolana ha estado acompañado por una nueva apelación a las reglas. Cuando se denuncian irregularidades electorales, se exige “respeto al proceso”. Cuando el poder se concentra, se invoca el “equilibrio institucional”. Cuando el sistema se cierra, se pide “apego a la Constitución”. Es un ciclo que se repite con una regularidad casi mecánica, como si la reiteración pudiera compensar la ausencia de eficacia.

El debate reciente sobre la situación de Nicolás Maduro vuelve a mostrar esa dinámica. Se discute si corresponde declarar una falta absoluta, si procede una convocatoria electoral, si deben activarse determinados mecanismos. Todo ello bajo el supuesto de que las instituciones operan conforme a reglas previsibles. Pero ese supuesto es, precisamente, el punto en cuestión.

Porque la crisis venezolana no es solo una crisis de legalidad; es, sobre todo, una crisis de poder. Y en las crisis de poder, las normas no desaparecen, pero cambian de función: dejan de ser límites y pasan a ser instrumentos. La historia reciente ofrece suficientes ejemplos. En 1999, la apelación a la “soberanía popular” permitió desbordar el marco constitucional vigente sin seguir sus propios procedimientos. Aquella decisión —que contó con aval institucional— no fue un accidente, sino una señal temprana de cómo se reorganizaría el poder en los años siguientes.

Desde entonces, la política venezolana ha oscilado entre dos extremos igualmente problemáticos: por un lado, el uso instrumental de la legalidad por parte del poder; por el otro, la fe casi normativa de quienes buscan enfrentarlo. En ese cruce, la oposición ha cometido un error persistente: confundir el terreno de la disputa. No se trataba —o no se trata ya— de interpretar mejor la Constitución, sino de comprender que el conflicto se había desplazado hacia otro nivel. Eso no significa que la dimensión jurídica sea irrelevante. Significa, más bien, que no es suficiente.

Las transiciones políticas, en cualquier latitud, rara vez son el resultado de una correcta lectura de los textos. Son, en cambio, procesos donde intervienen factores mucho menos ordenados: negociaciones, presiones internas y externas, fracturas dentro de las élites, reconfiguraciones del aparato estatal. La norma puede acompañar esos procesos, pero difícilmente los produce por sí sola.

Persistir en una estrategia exclusivamente formalista, en este contexto, tiene un costo. No solo porque resulta ineficaz, sino porque contribuye a despolitizar el conflicto. Convierte una disputa por el poder en una discusión técnica. Reduce la complejidad del momento a la aplicación —siempre pendiente— de un procedimiento. Y mientras tanto, el país real sigue su curso.

La pregunta, entonces, no es si debe o no invocarse la Constitución. La pregunta es qué papel puede desempeñar en una coyuntura donde el orden que debería sostenerla está, en buena medida, erosionado. Responder a esa pregunta exige algo más que precisión jurídica. Exige, sobre todo, honestidad política. Porque durante años se le ha ofrecido al país una promesa implícita: que la salida estaba en las reglas. Que bastaba con insistir lo suficiente, con documentar lo necesario, con esperar el momento adecuado. Hoy, esa promesa luce, cuando menos, agotada.

Y reconocerlo no es un gesto de cinismo. Es, en todo caso, el primer paso para reconstruir una política que vuelva a estar a la altura del conflicto que enfrenta. No se trata de abandonar la idea de República, sino de tomársela en serio. Y tomársela en serio implica entender que las repúblicas no se sostienen sólo en textos, sino en decisiones, en correlaciones de fuerza y en responsabilidades asumidas.

Lo demás —la repetición incansable de artículos, la confianza en procedimientos que no se cumplen, la espera indefinida de condiciones ideales— corre el riesgo de convertirse en lo que ya parece ser: una forma sofisticada de postergar la política.

Y en Venezuela, después de todo lo vivido, postergar la política no es neutral. Es, también, una forma de tomar partido.