La cirugía reputacional de Indira Urbaneja

La interacción entre el periodista César Batiz y la autodenominada “diplomática de segundo” Indira Urbaneja (abril de 1982) no fue una entrevista. De hecho, ella no respondió ninguna pregunta, porque lo que se proponía era una intervención de urgencia.

Indira Urbaneja pidió un derecho a réplica en El Pitazo, en el espacio conducido por César Batiz, cuando su incorporación a la Comisión para la Paz ya no era solo un anuncio institucional, sino un problema público. La vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez la había presentado ante el país como integrante de ese órgano, identificándola como “abogada”. Días después, la Universidad de Carabobo emitió un comunicado oficial aclarando que Urbaneja no es egresada ni posee título profesional otorgado por esa institución.

Ese contraste no era una anécdota administrativa. Es un hecho político. La “presidenta encargada” terminó difundiendo una información falsa ante el país. O fue inducida a error, o no verificó lo que anunciaba. Cuando una alta funcionaria del Ejecutivo presenta a alguien con un título profesional específico, la credencial pasa a formar parte del acto oficial. No es un dato privado: es información institucional. Si la universidad correspondiente desmiente esa condición, la conclusión es inevitable. Delcy terminó difundiendo ante el país una información que no se corresponde con los registros académicos de la institución citada.

No tendré título, pero sí panas

Urbaneja no corrigió la presentación (como abogada) antes del comunicado universitario y, cuando este fue divulgado, no aportó documentación que respaldara el supuesto título. El efecto objetivo es que el Ejecutivo quedó asociado a una información inexacta sobre la formación profesional de una integrante de una comisión oficial. Y eso tiene peso, incluso en el chavismo, que nunca ha hecho del rigor factual su principal virtud. Porque, si alguien es incorporado a un órgano de Estado con una credencial que no puede sostenerse en documentos, la responsabilidad no es solo individual: también alcanza a quien la presentó.

Es en ese momento —no antes— cuando Urbaneja pidió comparecer en El Pitazo. Y lo hace desplazando el eje. Si la credencial académica queda cuestionada, la nueva carta de legitimidad será la influencia. Ante Batiz, se define como “agente libre” dedicada a la “diplomacia de segundo piso”. Reivindica relaciones con embajadas, blasona de su acceso a funcionarios, se jacta de su capacidad de interceder. Habla de listas de medios bloqueados y se ofrece a gestionar desbloqueos bajo compromisos recíprocos.

La operación es evidente. En tiempos de pragmatismo extremo, cuando la líder del chavismo se fotografía con el director de la CIA, John Ratcliffe (15 de enero), sustituir la autoridad del título por la del acceso parece una mutación lógica.

Y cómo lo hace, ¿cuál es el negocio?

Pero el “acceso”, cuando se exhibe como capital político, no es neutro. El artículo 86 de la Ley Contra la Corrupción sanciona a quien, “alardeando de valimiento o de relaciones de importancia e influencia con cualquier funcionaria pública o funcionario público, reciba o se haga prometer, para sí o para otro, dinero o cualquier otra utilidad, bien como estímulo o recompensa de su mediación, bien so pretexto de remunerar el logro de favores”, con prisión de dos (2) a siete (7) años; y con prisión de seis (6) meses a dos (2) años a quien dé o prometa el dinero o cualquier otra utilidad de las que se indican en este artículo, a menos que haya denunciado el hecho ante la autoridad competente antes de la iniciación del correspondiente proceso judicial. La ley no penaliza el diálogo ni la intermediación social. Penaliza la utilización de influencias como ventaja indebida.

En la entrevista, Urbaneja consolida una narrativa donde la cercanía con el poder es su principal activo público. Y, cuando la influencia se convierte en credencial, la pregunta por su naturaleza deja de ser maliciosa y se vuelve necesaria.

Lo lógico y previsible, pues, es que el periodista le preguntara en nombre de quién actúa cuando intercede. ¿Quién la autoriza a hablar por terceros? ¿Quién respalda o supervisa esa mediación? ¿Bajo qué reglas opera? Esto no fue posible porque la entrevistada, muy en el estilo de cierto liderazgo femenino chavista —encarnado por Lina Ron, Iris Varela y, en general, las “jefas de calle”— mantuvo una retórica agresiva, en voz muy alta, siempre superpuesta a la de su interlocutor, sin permitir que este terminara sus frases.

Pidiendo cacao

Urbaneja se presenta como mediadora y promotora de entendimiento, pero en la propia entrevista mantiene un registro confrontacional que tensiona esa imagen. Interrumpe, descalifica, eleva el tono y responde a las preguntas con ataques personales o desplazamientos retóricos. La escena no muestra a una facilitadora de consensos, sino a una polemista en clave de combate. Esa disonancia entre el rol que invoca y el estilo que ejerce es el núcleo de la contradicción, puesto que no basta declararse interlocutora si el lenguaje sigue operando bajo la lógica de la confrontación.

En fin, la réplica buscaba corregir una imagen y terminó ampliando el terreno de escrutinio. Porque, más que un debate sobre un título, lo que quedó expuesto fue una tensión mayor: la consistencia entre lo que el poder anuncia, lo que las credenciales sostienen y la forma en que se ejerce la influencia. Y esa tensión no se resuelve con una entrevista.

Sobre todo, pretendía ser una operación de limpieza reputacional: cerrar el flanco abierto por la credencial académica, reparar el costo político de haber dejado a la jefa mal parada y reposicionarse como interlocutora válida en un nuevo tiempo. Pero el intento resultó incompleto. En vez de disipar las dudas, abrió otras. Reafirmó su cercanía con el poder sin aclarar los términos de esa cercanía, exhibió influencia sin precisar su marco y defendió su papel sin resolver la inconsistencia que detonó la crisis. La cirugía de la reputación buscaba suturar y, en vez de eso, dejó visibles las costuras.

Y es probable que este episodio no sea aislado, sino que más bien inaugure una tendencia. En una Venezuela que comienza a moverse hacia un escenario post-chavista, veremos a más figuras buscando indulgencia pública, ensayando rectificaciones y practicando su propia cirugía reputacional en tiempo real.