Venezuela: los próximos seis meses

Se cumple hoy un mes desde la extracción de Nicolás Maduro y Venezuela ha entrado, sin duda, en una etapa distinta. Es, sobre todo, un cambio de ritmo. Resulta vertiginoso todo lo que va ocurriendo en Venezuela. Podría decirse que nunca fue tan veloz y revolucionario el chavismo como en esta etapa. La pregunta central no es si el país está cambiando, porque eso es evidente, sino hacia dónde se dirige ese cambio. ¿Estamos ante una transición democrática o frente a una reconfiguración del poder que privilegia la apertura económica mientras mantiene libertades políticas restringidas?

Lo que hemos visto hasta ahora apunta a transformaciones simultáneas en tres planos: económico, político y social. En lo económico, la señal más contundente ha sido la velocidad con la que se aprobó la nueva Ley de Hidrocarburos. No se trata de un ajuste menor: es una ruptura frontal con el marco ideológico que rigió al país desde Hugo Chávez. La apertura al capital privado y extranjero sugiere una urgencia por reactivar una economía devastada y por enviar señales claras a los mercados y a la comunidad internacional. La rapidez del proceso, más que su contenido, revela que el tutelaje entiende que el tiempo es un recurso crítico y exige respuestas rápidas.

En el plano social, el cambio es menos institucional pero quizás más profundo. Se percibe una erosión progresiva del miedo que durante años moldeó el comportamiento ciudadano. La sociedad venezolana tiene hambre de democracia y el silencio comienza a romperse. Los estudiantes lideran la voz que clama libertades, los presos políticos liberados son recibidos como héroes en sus comunidades, y reaparece una conversación pública que había sido sofocada. Estos procesos aunque no se midan con indicadores duros, son esenciales: ninguna transición política es viable sin una sociedad que recupere la voz y la capacidad de deliberar.

A ello se suma un aspecto muy relacionado: el incipiente resurgimiento de la libre expresión en ámbitos sociales y comunicacionales que durante años estuvieron dominados por la autocensura y la intimidación. Tras un largo periodo marcado por la persecución, las detenciones arbitrarias y el silenciamiento sistemático de periodistas y ciudadanos, comienzan a observarse señales, todavía tenues, de reapropiación del espacio público: mayor disposición a opinar, a debatir y a abordar temas que antes eran intocables. Una palabra que estaba censurada en el ecosistema comunicacional venezolano se hace protagonista: transición. Este deshielo del miedo es un indicador sociopolítico de primer orden y una condición indispensable para que cualquier cambio político sea algo más que un simple reacomodo del poder.

Además de estas transformaciones sociales, sectores organizados de la sociedad civil han hecho un llamado explícito a la ciudadanía y a los actores políticos para acelerar el proceso de transición democrática. Un comunicado reciente del Grupo Orinocoexhorta al país a reflexionar y actuar con miras a lograr una democracia plena, instando a aprovechar este momento histórico para consolidar una agenda política participativa que trascienda los intereses particulares y coloque en el centro la voluntad soberana del pueblo venezolano. 

Estamos, pues, ante un verdadero “game changer”. La intervención de Estados Unidos en Venezuela se ejecutó con una precisión notable desde el punto de vista militar, pero dejó abiertas demasiadas incógnitas en el terreno político. La ausencia de una hoja de ruta explícita para el día después ha generado un vacío que hoy comienza a llenarse tanto con decisiones estructurales, como con tácticas de dilación. Ese desfase entre eficacia militar y definición política es uno de los principales riesgos del momento actual. Para la administración Trump el factor clave pareciera la estabilidad y no la democracia en sí misma. Pero se debe aprovechar al máximo este momento para avanzar en la transición a la democracia, asegurando transformaciones institucionales irreversibles, que favorezcan un cambio genuino, pues es la democracia la única garantía de estabilidad a mediano plazo en Venezuela. Que este punto de inflexión que vivimos se convierta o no en un cambio positivo que nos ayude a retomar la senda democrática, dependerá de este juego y de los actores involucrados.

En lo político, el marco constitucional impone unos límites temporales claros que no deberían ser ignorados. La Constitución prevé tres meses de ausencia temporal del presidente, prorrogables por otros tres; agotado ese lapso, se configura la ausencia absoluta y debe convocarse una elección presidencial en un plazo de treinta días. Hay en el escenario cabriolas argumentales que buscan extender estos plazos, como las de Timoteo Zambrano, o las del bien fondeado lobby petrolero en los Estados Unidos, que hablan hasta de 24 meses. Pero el marco constitucional es muy claro: en total, siete meses. Y uno ya ha transcurrido. Salirse de este marco implicaría entrar en un peligroso dibujo libre. Idealmente, Venezuela debería estar celebrando elecciones en agosto de este año. Si eso no fuera técnicamente posible, al menos debería haberse avanzado de manera inequívoca en la designación de nuevas autoridades electorales y en la presentación de un cronograma firme, creíble y público. Cualquier ambigüedad en este punto debilita la posibilidad de transitar hacia la democracia.

El tiempo, sin embargo, corre a favor de quienes hoy detentan el poder. El llamado Rodrigato desea llevarle las riendas a la transición y tiene cómo hacerlo. Puede querer seguir aplicando un manual conocido: ganar tiempo. Su apuesta estratégica busca resistir lo suficiente hasta que cambien las condiciones políticas en Estados Unidos, particularmente ante una eventual derrota de Donald Trump en las elecciones de medio término, que permitiriera desacelerar o reinterpretar los compromisos asumidos tras la intervención. Además la previsible reanimación económica corre claramente a favor de Delcy, en una suerte de nueva “Venezuela se arregló”, pero con esteroides. No se trata solo de petróleo, sino de asuntos de mayor calado geopolítico: alineamientos estratégicos, cooperación en materia de seguridad y narcotráfico, así como el lugar de Venezuela en el tablero regional. 

Precisamente por eso, este momento debe ser aprovechado al máximo por las fuerzas pro-democracia. La ventana de oportunidad es estrecha y no se repetirá fácilmente. Los próximos seis meses deberían estar guiados por una hoja de ruta con prioridades claras y verificables. En primer lugar, es indispensable una restauración inmediata de derechos básicos: la liberación de todos los presos políticos, eliminar las medidas cautelares y permitirles hablar de la experiencia, si así lo desean; el cese de la persecución y la eliminación de los mecanismos de control social y vigilancia que han sostenido la represión. En paralelo, debe avanzarse en una agenda mínima de seguridad y Estado de derecho que incluya el desmontaje de actores armados irregulares, la recuperación del monopolio legítimo de la fuerza y el inicio de una reforma judicial que devuelva confianza a ciudadanos e inversionistas.

Todo ello debe ir acompañado de una apertura real del espacio público: libertad de medios, restitución de partidos y derechos políticos plenos, así como la creación de instancias plurales que permitan acordar, con participación de la oposición democrática y la sociedad civil, un camino creíble hacia las elecciones libres y competitivas. La Iglesia venezolana ha hecho una propuesta muy concreta en este sentido. Sin avances tangibles en estas áreas en el corto plazo, cualquier estabilización económica corre el riesgo de consolidarse sobre bases autoritarias y de convertirse en una transición solo aparente. ¿Mismo musiú con diferente cachimbo?

El ritmo de los cambios se ha acelerado. Eso puede ser una oportunidad o una amenaza. La velocidad, sin dirección, conduce al desgaste. Con una hoja de ruta democrática clara, en cambio, puede convertirse en el mayor activo del momento político actual. Los próximos seis meses serán el punto en el que Venezuela defina si está saliendo de una era dictatorial o simplemente cambiando su forma.