Veintisiete minutos

En la madrugada del 3 de enero de 2026, el complejo militar de Fuerte Tiuna fue neutralizado mediante una operación de precisión que incluyó ataques selectivos y la inserción de fuerzas aerotransportadas en el centro político de Venezuela. Los sistemas de detección permanecieron inoperantes, las defensas antiaéreas no respondieron y la aviación de combate no despegó. Veintisiete minutos después del primer impacto, Nicolás Maduro y Cilia Flores habían sido extraídos del territorio nacional.

La operación ha sido vista por analistas militares internacionales como una muestra contundente de superioridad tecnológica, táctica y de coordinación estratégica sin precedentes. Para las industrias de defensa de Rusia y China, en cambio, representó un golpe serio a su prestigio comercial e influencia geopolítica. Sin embargo, más allá del impacto visual del episodio, el colapso defensivo ocurrido aquella madrugada de luna llena no puede explicarse únicamente por factores externos ni entenderse como un hecho aislado. Es la consecuencia de un proceso prolongado de deterioro institucional,  que fue despojando a la Fuerza Armada de su profesionalismo. 

En ese sentido, el sorpresivo asalto aerotransportado codificado como “Determinación Absoluta” (Absolut Resolve) no solo evidenció una vulnerabilidad mucho mayor de la prevista, sino también las consecuencias acumuladas de un modelo de conducción que priorizó el control político y las redes clientelares uniformadas por encima del mérito, la preparación y el cumplimiento del mandato constitucional. El análisis de este colapso remite inevitablemente al proceso de reconfiguración institucional que alteró la doctrina, la cadena de mando y el principio de responsabilidad de los cuadros castrenses y que los colocó a espaldas de una ciudadanía que había depositado en ellos la tarea de garantizar su seguridad y defensa.

El referéndum constitucional del 2 de diciembre de 2007 marcó un punto de inflexión. La ciudadanía rechazó una reforma que alteraba de manera sustancial la naturaleza de la Fuerza Armada, que eliminaba su carácter “esencialmente profesional” para redefinirla como “patriótica, popular y antiimperialista”. No se trataba de un mero juego de palabras sino una mutación estructural: el desplazamiento del profesionalismo militar por el adoctrinamiento ideológico y la subordinación explícita de la institución a un proyecto político particular.

Aunque la reforma fue derrotada electoralmente, sus objetivos fueron implementados de facto. A partir de entonces, se intensificaron las purgas selectivas, el criterio de ascenso se redefinió en términos de lealtad política y la doctrina profesional fue sustituida progresivamente por una narrativa impuesta desde La Habana. Para el 2026, la Fuerza Armada que la ciudadanía había decidido preservar en 2007 ya había sido desmantelada en las sombras, en su propio seno, reemplazada por una estructura funcionalmente idéntica a la reforma rechazada, pero carente de toda legitimidad constitucional.

Acorde con el discurso impuesto desde los pasillos del Ministerio de Defensa de Cuba, el discurso oficial ha sostenido durante años que la Fuerza Armada enfrenta una amenaza existencial proveniente de actores externos y de la oposición política interna. Esta narrativa ha servido para justificar la militarización del poder y la cruenta represión de cualquier atisbo de disidencia. Sin embargo, el análisis empírico nos revela una paradoja central: la destrucción del profesionalismo, del prestigio internacional y de la cohesión institucional fue permitido y potenciado por el propio Alto Mando Militar.

Bajo la conducción de Vladimir Padrino López y los hermanos Hernández Lárez, la institución fue progresivamente involucrada en dinámicas ajenas a su misión constitucional: cesión de control territorial a grupos irregulares, vinculación con redes ilícitas y uso sistemático de la fuerza militar para la represión de la protesta civil. Estas prácticas no sólo erosionaron la moral interna, sino que mostraron a la Fuerza Armada ante la opinión pública nacional e internacional como un actor políticamente instrumentalizado.

Cuando los ascensos militares obedecen a vinculaciones políticas más que a competencias demostrables, la historia tiende a registrar desenlaces de manera casi inexorable. El caso del barón Karl Mack von Leiberich, responsable de la capitulación austríaca en Ulm en 1805, es particularmente revelador. Aunque contaba con experiencia y una sólida formación teórica, su llegada al mando supremo respondió principalmente a su cercanía con las élites políticas de Viena, que lo promovieron como garante militar de sus planes de confrontación contra la Francia de Napoleón. Esta combinación de legitimidad política sin autoridad efectiva se tradujo en un comando frágil, sustentado en lealtades personales y en reformas tácticas superficiales, incapaz de ofrecer una respuesta eficaz frente a un adversario profesional y cohesionado.

El paralelismo con el liderazgo militar venezolano es revelador. Padrino López y los hermanos Hernández Lárez alcanzaron y mantienen sus posiciones sin exhibir ningún reconocimiento digno de memoria en el campo de batalla, ni siquiera alguna innovación técnica o doctrinal significativa, lo único que tienen para mostrar en sus uniformes son las condecoraciones obtenidas por su fidelidad al proyecto revolucionario subordinado a La Habana. Como Mack, privilegiaron la retórica sobre la preparación y el control político sobre la competencia profesional. Y como Mack, cuando les ha tocado enfrentar desafíos reales —Apure en 2021 y Caracas en 2026—, sus limitaciones quedaron al desnudo. 

Pero sí hay una diferencia, no menor. Mack fue juzgado, degradado y encarcelado. El sistema militar austriaco, aunque profundamente afectado por la derrota, mantuvo la capacidad de exigir responsabilidad a sus comandantes. En Venezuela, el fracaso no ha producido ningún tipo de consecuencias. Ningún comandante ha asumido responsabilidad. La tradición militar de responder por los errores del mando ha sido sustituida por una cultura de impunidad garantizada por el patronazgo político.

Los enfrentamientos en los llanos apureños en 2021 presagiaron, con claridad suficiente, el deterioro institucional que se consolidaría posteriormente. Deficiencias en los sistemas de inteligencia, carencias en el entrenamiento y una cadena de mando fragmentada se tradujeron en pérdidas significativas frente a una pequeña facción de bandoleros con ventajas tácticas en el terreno. Lejos de propiciar una revisión crítica, la respuesta institucional optó por la negación: se criminalizó a civiles, se protegió a los responsables en posiciones de comando y se evitó toda investigación de alcance estructural. El mensaje implícito fue claro: los fracasos operativos no generarían consecuencias para el Alto Mando.

Las elecciones presidenciales de 2024 profundizaron la crisis de legitimidad. El Plan República, concebido para garantizar la transparencia electoral, fue utilizado para respaldar resultados ampliamente cuestionados. Al subordinar el mandato constitucional a intereses partidistas, la Fuerza Armada completó su transformación en actor político, rompiendo definitivamente su vínculo republicano. Ese incumplimiento del mandato constitucional no solo tuvo consecuencias políticas, sino que anticipó un deterioro más profundo. 

El colapso defensivo del 3 de enero evidenció la distancia entre propaganda y capacidad real. Sistemas antiaéreos inoperantes, aeronaves inmovilizadas y una estructura de comando fragmentada demostraron que décadas de inversión habían sido neutralizadas por corrupción, mala doctrina y entrenamiento insuficiente. La llamada “guerra asimétrica” nunca fue doctrina operativa sino un ejercicio retórico para encubrir adquisiciones convencionales motivadas por el afán de lucro.

La magnitud del colapso castrense adquiere mayor claridad cuando se la observa desde una perspectiva comparada, más allá del contexto venezolano. En 1989 las Fuerzas de Defensa de Panamá resistieron durante semanas con recursos limitados. La autodenominada “Revolución Bolivariana”, con un aparato militar ostensiblemente superior, colapsó en minutos. La comparación no es humillante por sí misma; es reveladora del grado de deterioro institucional alcanzado.

Esta diferencia no se explica únicamente por factores materiales o tecnológicos, sino por una erosión más profunda de los fundamentos que sostienen la autoridad militar. El respeto institucional no se decreta, sino que se construye mediante profesionalismo, honor y resultados. El actual Alto Mando venezolano carece de los tres. Su autoridad se sostiene exclusivamente en redes clientelares y de patronazgo que garantizan impunidad, no legitimidad.

En ese vacío de legitimidad, las consecuencias recaen de manera particular sobre quienes aún tienen la capacidad de construir su trayectoria dentro de la institución. Para los jóvenes oficiales, el dilema es ineludible: persistir como instrumentos de un proyecto fracasado o recuperar el sentido profesional de la carrera militar. La reconstrucción de una Fuerza Armada republicana es incompatible con la permanencia de quienes presidieron su degradación.

La cuestión, por tanto, no es sólo estratégica ni coyuntural, sino histórica y moral. Es más: compromete el sentido mismo de la profesión militar en Venezuela. Nuestra identidad castrense venezolana no merece fenecer en la complicidad silenciosa con el fracaso. La profesión militar exige integridad, competencia y lealtad a la patria, no a una facción. Veintisiete minutos bastaron para exponer dos décadas de traición institucional. El futuro, sin embargo, aún no está escrito.

La pregunta permanece abierta: ¿prevalecerán el honor militar, la lealtad a la constitución y el amor a la patria, o continuará imponiéndose el patronazgo de una élite de uniformados sin escrúpulos que pretenden destruir los cimientos de la República por mera ambición personal?