La nueva Ley de Hidrocarburos, ¿es la Ley Giusti?

Cuando Chávez decía, para replicar a la oposición, “lo que están planteando es volver a la apertura petrolera”, no estaba describiendo una política pública. Estaba delimitando una frontera moral a partir de consignas. No entraba en un debate técnico sobre el modelo petrolero: construía un antagonismo político, trazaba una línea en la arena entre leales y traidores.

La Apertura de los años noventa, asociada a la gestión de Luis Giusti al frente de PDVSA, fue convertida por el chavismo en el pecado original del modelo petrolero venezolano. Era, según ese relato, la entrega de la Faja del Orinoco, la cesión de soberanía, el sometimiento al arbitraje extranjero; en suma, la subordinación al capital transnacional.

Veinte años después, la Asamblea Nacional de mayoría chavista aprueba una reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos que reinstala buena parte de los mecanismos que definieron aquella Apertura. Y la pregunta deja de ser retórica: ¿la nueva ley es, en esencia, la Ley Giusti?

Para responderla, conviene recordar qué fue realmente la política impulsada en los años noventa. El equipo cuyo vocero más visible fue Luis Giusti no se proponía privatizar el petróleo. La propiedad de las reservas seguía siendo del Estado venezolano, como lo establece la Constitución. Lo que hizo fue abrir el sector al capital privado bajo figuras contractuales —convenios operativos, asociaciones estratégicas, exploración a riesgo— que permitían atraer inversión y tecnología para desarrollar áreas complejas como la Faja del Orinoco. PDVSA era entonces una empresa técnica, con autonomía gerencial y capacidad de negociación internacional. El Estado no renunciaba al control del recurso; ampliaba su capacidad de explotarlo, que es algo muy distinto.

“Gobiernos títeres, una marioneta, un jalabola”

Pero Chávez, cuyos conocimientos en materia petrolera eran más que escasos, convirtió esa política en símbolo de traición. En su narrativa, la participación privada era sinónimo de privatización; el arbitraje internacional, de sumisión; la inversión extranjera, de dependencia. El desmontaje de la Apertura, culminado en 2007 con la nacionalización de la Faja, fue presentado como la recuperación definitiva de la soberanía energética.

—¿Qué nos dejaron? —vociferó Chávez al referirse al período democrático—. La miseria, el hambre. Ese es el capitalismo saqueador y explotador; y para poder hacerlo realidad en Venezuela, el imperialismo siempre necesitó gobiernos títeres, gobiernos burgueses; y que ahí, en Miraflores, estuviera siempre una marioneta, un jalabola.

El problema es que el modelo impuesto por Chávez no fue un esquema más robusto en términos institucionales, sino un sistema centralizado y profundamente politizado. PDVSA dejó de operar como corporación técnica autónoma y pasó a ser un instrumento financiero del Ejecutivo. La empresa fue subordinada a objetivos políticos inmediatos; su estructura profesional, erosionada; y su caja, utilizada para financiar gasto público directo sin mecanismos transparentes de control.

Chávez proclamó que había “rescatado para el pueblo más de 300 mil millones de dólares. Ahí está la riqueza nacional, ahora distribuida en función de las necesidades del pueblo. Una política económica petrolera y fiscal revolucionaria es lo que nos permite tener los recursos necesarios para seguir apoyando las grandes misiones, la inversión social, la construcción de fábricas, la construcción de carreteras, salarios dignos para los trabajadores, seguridad social para la clase obrera y los pensionados. Ahí están los recursos que al pueblo y a los trabajadores se los robaron durante cien años y más. ¿Quién? La burguesía arrastrada al imperialismo”.

La verdad, padecida por ese mismo pueblo, es que la concentración absoluta de la renta en manos del Estado no vino acompañada de un fortalecimiento equivalente de los controles institucionales. Con el tiempo salieron a la luz numerosas investigaciones nacionales e internacionales que documentan redes de corrupción vinculadas a la industria petrolera y al sistema de administración de divisas. Existen procesos judiciales abiertos y abundante documentación que expone esquemas de sobornos, intermediación opaca y desvío de recursos asociados a PDVSA.

De hecho, estimaciones no oficiales como la encuesta de hogares ENCOVI indican que para 2015, pocos meses después de la muerte de Chávez, la pobreza por ingresos alcanzaba aproximadamente el 73 %.

Más privados y bastantes extranjeros

Paralelamente, la producción petrolera comenzó a declinar de forma sostenida. En los años noventa, PDVSA era considerada una de las empresas petroleras estatales más importantes del mundo por volumen de producción, reservas y presencia internacional. En distintos rankings aparecía entre las mayores compañías energéticas del planeta. Tras la llegada al poder del golpista del 92, la empresa perdió capacidad operativa y financiera. La soberanía proclamada no se tradujo en fortalecimiento institucional, sino en vulnerabilidad estructural, saqueo y devastación.

Es en ese contexto que aparece la reforma de 2026. La nueva ley flexibiliza las condiciones contractuales, amplía la participación privada y extranjera, habilita esquemas con mayor autonomía operativa y reintroduce el arbitraje internacional como mecanismo de resolución de controversias. Mantiene la propiedad estatal de las reservas, pero modifica de manera sustancial el régimen operativo y comercial. Es decir, recupera instrumentos centrales de la Apertura de los noventa.

¿Entonces, se copiaron de Luis Giusti?

—La reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, aprobada este jueves por la Asamblea Nacional —señala el experto petrolero Luis Pacheco—, es en primera instancia un reconocimiento del fracaso del modelo petrolero chavista, producto de la borrachera de altos precios maridada con una falsa soberanía. El hecho de que haya sido aprobada sin mucha discusión y bajo el paraguas de la tutela norteamericana también deja preguntas sobre el verdadero consenso oficialista detrás de ella.

“Paradójicamente —continúa—, esta reforma reivindica la Apertura Petrolera de los años noventa, cuando PDVSA, liderada por Luis Giusti, avanzó la idea de que la industria de los hidrocarburos debía ser la locomotora económica del país y que el modelo estatista no era suficiente ni recomendable para cumplir con esa misión. En todo caso, la reforma formaliza la privatización del sector que venía ocurriendo a espaldas del país, de forma opaca y plagada de manejos cuestionables”.

En términos técnicos, la nueva Ley de Hidrocarburos comparte tres pilares fundamentales con aquella política: primero, el reconocimiento de que el Estado venezolano no puede desarrollar plenamente su industria petrolera sin capital y tecnología externos; segundo, la utilización de figuras contractuales flexibles para atraer inversión; y tercero, la aceptación de estándares jurídicos internacionales, incluido el arbitraje, como garantía para los inversionistas.

Un acta de defunción doctrinaria

Existe, sin embargo, una diferencia crucial. La Apertura de Giusti se instrumentó desde una PDVSA fuerte, con capital humano calificado y credibilidad financiera. La reforma actual se ejecuta desde una empresa debilitada, con producción mermada y una reputación erosionada tras años de deterioro, improvisación y escándalos.

La Apertura fue una estrategia de crecimiento. La ley de 2026 es un recurso desesperado de supervivencia.

Lo que el chavismo denunció durante dos décadas como claudicación reaparece ahora como necesidad. Y esa es la verdadera dimensión política de la reforma: no es solo un ajuste técnico, es una rectificación histórica. Quizá un nuevo “por qué no te callas” dirigido a Chávez, cada vez más empujado al rincón de los espectros.

Durante años, el discurso oficial sostuvo que la soberanía energética exigía excluir al capital privado de posiciones decisivas y someter toda controversia a tribunales nacionales. Hoy, cuando se admite que ese modelo no logró sostener producción, inversión ni eficiencia, la pregunta ya no es si la nueva ley “traiciona” a Chávez. La cuestión es si el chavismo ha terminado por reconocer que el modelo que diseñó y defendió como antídoto contra la entrega fue incapaz de preservar la fortaleza de la industria.

En ese sentido, la ley de 2026 funciona como un acta de defunción doctrinaria. No porque reniegue del pasado, sino porque abandona sus principios operativos centrales y los reemplaza por sus contrarios.

Ironías de la historia

¿Es, entonces, la Ley Giusti? No exactamente. No es una copia del diseño noventista ni se implementa bajo las mismas condiciones institucionales. Pero sí representa la aceptación tardía de uno de sus postulados esenciales: sin inversión privada y reglas jurídicas confiables, la industria petrolera venezolana no es viable.

Y en esa admisión hay algo más profundo que una reforma legal. Hay el reconocimiento de que la destrucción institucional de PDVSA no fue causada por la Apertura de los noventa, sino por el modelo corrupto e inepto que la sustituyó.

La historia tiene ironías severas. “Las privatizaciones eran una exigencia, un mandato que venía del norte”, decía Chávez, el líder que prometió enterrar la Apertura y que dejó una industria debilitada que hoy necesita reabrirse. La revolución que se proclamó guardiana de la soberanía termina reinstalando mecanismos que había convertido en anatema.

La nueva ley no solo reordena contratos. Reordena el relato. Y al hacerlo, entierra definitivamente la ficción de que el problema de PDVSA comenzó con Giusti, erigido ahora —por los hechos— en referente técnico una vez que la ley fue rubricada.

Nota: Las citas de Chávez fueron transcritas del siguiente video, que recoge varios de sus discursos: https://youtu.be/oILx4inztuw