De la caída de Maduro al rediseño del poder: ¿qué capacidad real tiene la oposición para influir en la transición?

La salida de Nicolás Maduro del poder y la instalación de un gobierno encargado en la figura de su vicepresidenta, Delcy Rodríguez, han reconfigurado el tablero político venezolano y han dejado a la oposición en una posición paradójica, aunque con visos de ventaja. Cuenta con legitimidad popular, pero carece de control efectivo sobre los resortes institucionales y, sobre todo, no es —al menos por ahora— un actor central en la mesa de negociación para el restablecimiento de la industria petrolera y el diseño de la transición.

¿Qué le queda a la oposición venezolana en este nuevo escenario? ¿La apuesta de María Corina Machado por regresar y coordinar los activos políticos de la oposición es una simple intención o existe un plan realista? ¿Qué futuro aguarda a la oposición interna que participó en las elecciones parlamentarias y regionales de 2025 y gobierna algunos espacios locales?

Antes de avanzar, cuatro datos clave:

1. El 5 de enero, Jorge Rodríguez —hermano de Delcy y presidente de la Asamblea Nacional— anunció la liberación de un número importante de presos políticos. Al 26 de enero se contabilizaban 266 excarcelaciones (no liberaciones, ya que los procesos judiciales continúan abiertos) de los 829 presos existentes al momento de la salida de Maduro.

2. El 15 de enero, Donald Trump recibió a María Corina Machado en la Casa Blanca en una reunión privada a la que se sumaron altos cargos de su gabinete, y el 28 de enero hizo lo propio el secretario de Estado, Marco Rubio.

3. El 25 de enero, Delcy Rodríguez anunció la convocatoria a un proceso de diálogo político, con su hermano Jorge Rodríguez a la cabeza, sin ofrecer detalles sobre convocados ni agenda.

4. El 27 de enero, la Asamblea Nacional aprobó la reforma de la Ley de Hidrocarburos, que restituye la posibilidad de operaciones privadas y flexibiliza el control estatal del negocio petrolero.

El factor internacional: ¿hasta dónde llega el respaldo?

Estados Unidos, en voz del secretario de Estado Marco Rubio, informó que su plan se estructura en tres etapas:

1. reorganización del negocio petrolero y estabilización del país en términos de servicios básicos;

2. recuperación del tejido social y de las condiciones para la convivencia;

3. transición política.

¿Y las potencias tradicionalmente aliadas del chavismo? Desde el 3 de enero, China, Rusia, Irán y Cuba —aunque esta última no es una potencia, sí un aliado estructural— han manifestado su rechazo a la intervención, pero hasta ahora no han dado señales de un apoyo efectivo al chavismo encargado más allá de la retórica diplomática.

Rusia mantiene su foco en Ucrania; en Irán, la ola de protestas internas y la brutal represión indican prioridades más urgentes; China ha limitado su posición a exigir el cobro de una deuda estimada en 25.000 millones de dólares, a lo que Estados Unidos respondió con la posibilidad de permitirle operar en la industria bajo su supervisión; Cuba, corazón de la red internacional chavista y principal beneficiaria del antiguo flujo petrolero venezolano, atraviesa una crisis económica y social sin precedentes.

¿Están estos actores fuera de escena? Aún es difícil afirmarlo con certeza. Lo que sí parece claro es que los más amenazados son Cuba e Irán. Un gesto simbólico fue revelador: durante el acto de confirmación de Delcy Rodríguez como presidenta encargada, el 4 de enero, su primer saludo fue dirigido a los embajadores de estos países. El chavismo ejecuta un delicado malabarismo para evitar implosionar.

Petróleo y garantías

La situación venezolana se desarrolla bajo la atenta mirada de actores internacionales con intereses divergentes, entre ellos la industria de los hidrocarburos y los minerales. El 9 de enero, en un encuentro convocado por Donald Trump en la Casa Blanca con 27 empresas petroleras transnacionales, los ejecutivos expresaron su malestar por las condiciones operativas heredadas del chavismo.

El razonamiento empresarial es simple: nadie invertirá capital significativo sin garantías mínimas. Trump prometió seguridad física, jurídica y financiera, lo que —sumado a la reciente reforma de la Ley de Hidrocarburos— sugiere la intención de neutralizar factores perturbadores de la industria: carteles, narcotráfico, minería ilegal, mafias estatales, guerrilla y colectivos armados.

La reforma marca un quiebre profundo con el modelo estatista vigente durante más de dos décadas. El esquema previo, basado en empresas mixtas con participación estatal obligatoria, discrecionalidad política, rigidez fiscal y ausencia de arbitraje independiente, asfixió la inversión y llevó la producción a mínimos históricos incluso antes de que las sanciones internacionales tuvieran impacto pleno.

El nuevo marco permite operaciones privadas sin participación estatal obligatoria, flexibiliza regalías hasta un 15 % para proyectos complejos, habilita contratos de riesgo asumido por el operador y reintroduce mecanismos de arbitraje independiente. El Estado conserva la propiedad del recurso, pero cede control operativo para atraer capital en un contexto de colapso productivo y crisis fiscal. No es un giro ideológico: es una rendición práctica ante la urgencia.

Oposición: ¿marginalidad o reacomodo estratégico?

Según el propio Trump, la operación que precipitó la salida de Maduro fue militar y de inteligencia, sin coordinación previa con la oposición venezolana. De hecho, han cobrado más fuerza las hipótesis de quiebre interno en el chavismo que una conspiración organizada por la disidencia.

Estados Unidos tiene como principal interlocutora a Delcy Rodríguez, no a la Plataforma Unitaria Democrática (PUD) ni a María Corina Machado. Marco Rubio lo explicó con crudeza: la oposición carece de poder real en el terreno. Es una descripción dura, pero precisa.

Desde los primeros días del escenario post Maduro, este desplazamiento fue identificado como un arma de doble filo. Por un lado, libera a la oposición del costo político de una transición incierta en un país capturado por redes criminales. Por otro, la relega a un rol secundario que puede erosionar su capacidad de convocatoria si no se mantiene activa y visible.

Tras la extracción de Maduro el 3 de enero, el país entró en un clima de miedo marcado por el Estado de Conmoción Nacional firmado por el propio Maduro, que prohibió movilizaciones y reactivó la persecución política. Sin embargo, el anuncio de excarcelaciones generó movilizaciones de familiares, organizaciones de derechos humanos, estudiantes y sindicatos, que coincidieron en dos reclamos: rechazo a la represión y reconocimiento del liderazgo de Machado y la PUD.

¿Qué margen de maniobra tiene la oposición?

Machado y Edmundo González enfrentan el reto de mantener cohesión y relevancia mientras el poder real se disputa entre Estados Unidos y sectores del chavismo dispuestos a negociar. La creación de la Oficina de Vocería Presidencial en diciembre de 2025 buscó centralizar el discurso y evitar contradicciones, en un contexto de exilio, persecución y clandestinidad.

La salida de Machado para recibir el Nobel de la Paz en Noruega tuvo un fuerte impacto simbólico y práctico: permitió encuentros presenciales, reactivó a la PUD y dio nuevo impulso a los partidos, que desde el 3 de enero han sostenido reuniones periódicas. En paralelo, el chavismo continúa en estado de shock.

Las banderas opositoras han sido claras: liberación de presos políticos, cierre de centros de tortura, retorno de exiliados y condiciones mínimas para la vida política. Algunas de estas demandas incluso fueron verbalizadas por Trump, aunque sin ejecución plena hasta ahora. No obstante, el control chavista sobre el CNE y la negativa a reconocer los resultados electorales de 2024 siguen siendo límites estructurales.

El proyecto de María Corina Machado

Las declaraciones de Machado sobre su intención de regresar y gobernar el país han generado debates. El respaldo internacional refuerza su liderazgo simbólico, pero no resuelve el dilema operativo: sin control territorial ni recursos, la posibilidad de asumir el poder depende más de factores externos que de una estrategia autónoma.

La resistencia chavista a reconocerla como interlocutora fue explícita en palabras de Delcy Rodríguez el 26 de enero y respondida con dureza por Marco Rubio. La incógnita es cuánto tiempo el chavismo encargado podrá sostener la exclusión de la oposición mientras utiliza la privatización petrolera como moneda de cambio.

Es ingenuo suponer que la oposición carece de contacto con Washington. Desde el primer gobierno Trump, la relación ha sido fluida, especialmente con el ala republicana de Florida, principal impulsora del reconocimiento de la PUD.

La otra oposición: ¿pragmatismo, resistencia o posible aliado?

Existe una oposición moderada que participó en las elecciones de 2025, cuenta con 14 diputados de 285 y gobierna 60 municipios. Liderada por figuras como Henrique Capriles y Tomás Guanipa, ha optado por una estrategia de supervivencia institucional.

Estos actores han demostrado capacidad de gestión local, pero también han sufrido cooptación, desgaste y bajo respaldo popular. El interrogante es si mantendrán su pragmatismo o convergerán con la PUD ante el nuevo escenario. Por ahora, hay señales de coincidencia en torno a la liberación de presos y el retorno de exiliados, aunque persisten diferencias de fondo.

Escenarios posibles

1. Continuidad controlada: transición lenta acordada entre EE. UU. y el chavismo encargado, con la oposición relegada.

2. Aceleración y presión: cohesión opositora, movilización social y renegociación de condiciones ante incumplimientos.

3. Caos: fragmentación chavista, deterioro de la seguridad y colapso de la hoja de ruta.

La transición en la encrucijada

La salida de Maduro abrió una oportunidad inédita y un dilema complejo: construir una transición democrática en un país devastado y tutelado por una potencia externa. La oposición no está fuera de juego, pero debe reinventarse, sostener la presión y evitar que la transición derive en una simple reconfiguración del chavismo.

El futuro dependerá de su capacidad de cohesión, de negociación y de incidencia real. Por ahora, las señales apuntan a reorganización, expectativa y aumento de la presión.