Persecución política, exilio forzado, allanamiento ilegal y silencio diplomático

El testimonio de Alberto Andrés Büchi Martínez, ciudadano suizo-venezolano y dirigente político, expone no solo el patrón represivo del régimen venezolano tras el fraude del 28 de julio de 2024, sino también una pregunta incómoda para Europa: ¿hasta dónde llega la neutralidad cuando hay violaciones graves de derechos humanos?

Tras participar activamente en la defensa del voto y el proceso democrático que dio como ganador a Edmundo González Urrutia, Büchi fue perseguido, su vivienda familiar fue allanada sin orden judicial y terminó forzado al exilio. A pesar de haber informado formalmente a las autoridades suizas, denuncia haber recibido solo silencio o respuestas evasivas.

Usted afirma que fue perseguido políticamente tras el 28 de julio. ¿Qué ocurrió exactamente?

—Tras el fraude electoral se activó en Venezuela un patrón de persecución sistemática contra dirigentes, activistas y colaboradores del proceso democrático. En mi caso comenzaron alertas de seguimiento, amenazas indirectas y la inclusión de mi nombre en listados destinados a detenciones arbitrarias.

Pocos días después, mi vivienda familiar fue allanada de forma ilegal por cuerpos de seguridad del Estado, sin orden judicial ni notificación. La casa fue saqueada y posteriormente ocupada de facto. Eso confirmó que mi libertad y mi integridad personal estaban en riesgo real. Salí del país en agosto de 2024 para evitar una detención arbitraria o algo peor. No fue una decisión política: fue una decisión de supervivencia.

Usted es ciudadano suizo. ¿Qué respuesta recibió del Gobierno de Suiza?

—Informé formalmente al Departamento Federal de Asuntos Exteriores, a instancias consulares y a la representación diplomática suiza, tanto por el allanamiento como por la persecución política que me obligó a salir del país. Presenté hechos documentados y pruebas claras.

La respuesta fue que no podían hacer nada o que su margen de actuación era muy limitado. No hablo de intervención política, sino de acompañamiento consular efectivo y de la defensa mínima de derechos fundamentales como la seguridad personal, la propiedad y el debido proceso. Es legítimo preguntarse qué significa, en la práctica, la protección que Suiza dice brindar a sus ciudadanos en contextos autoritarios.

¿Dónde está el límite entre neutralidad diplomática y complicidad por omisión?

—La neutralidad es válida cuando evita conflictos entre Estados. Pero deja de ser éticamente válida cuando se convierte en silencio frente a violaciones graves y sistemáticas de derechos humanos.

Cuando una dictadura persigue, encarcela y expropia, una neutralidad que no se traduce al menos en una exigencia firme de respeto a derechos básicos termina siendo funcional al abusador. No se trata de romper relaciones, sino de no legitimar la represión con la inacción.

Usted menciona el uso de familiares como mecanismo de presión política. ¿Qué revela eso del régimen?

—Revela que el régimen venezolano ha entrado en una fase de supervivencia extrema. Ya no solo persigue dirigentes, sino que presiona e intimida a sus familiares como forma de chantaje político.

Que esto haya sido denunciado públicamente por la hija del presidente electo Edmundo González Urrutia es grave. Pero aún más grave es preguntarse cuántos casos similares nunca llegan a hacerse públicos.

¿Qué espera hoy de Suiza y de la comunidad internacional?

—No espero gestos simbólicos ni comunicados vacíos. Eso ya existe y no ha cambiado la realidad venezolana. Lo que planteo es un debate sobre acciones concretas que rompan el equilibrio de impunidad.

Por ejemplo, el uso transparente y con fines humanitarios de los fondos congelados a personeros de la dictadura, y que los intereses generados por esos activos se destinen a víctimas, familiares de presos políticos y causas de derechos humanos en Venezuela.

La democracia no se defiende solo con principios declarados, sino con coherencia entre valores y acciones.