Segunda fase: recuperación integral

En el artículo anterior me detuve en la fase de estabilización democrática. Corresponde ahora profundizar en la segunda: la recuperación. Así como a la primera etapa le añadí el atributo democrático, a esta le agrego el carácter integral. En los párrafos que siguen justificaré esta idea.

Estoy convencida de lo siguiente: los venezolanos debemos aspirar a una recuperación que trascienda lo económico y esté orientada al restablecimiento de los derechos ciudadanos y a la reconstrucción institucional. 

Nuestro norte no debe ser una mera recuperación material; debemos aspirar al desarrollo integral de todos los venezolanos. De lo contrario, las condiciones de injusticia permanecerán y la reconstrucción no ofrecerá la estabilidad necesaria para avanzar hacia la transición.

Antes de continuar, debo hacer la misma precisión que en la entrega anterior: este artículo está escrito con los insumos disponibles hasta el momento. Son propuestas que lanzo al espacio público para animar el debate; no son ideas definitivas. Esta es, además, una forma de ofrecer democracia a un contexto que carece de ella.

Cuatro aspectos

Al reflexionar sobre el itinerario de cambio político propuesto por el secretario Marco Rubio y sobre su desarrollo hasta ahora -apenas han transcurrido quince días desde la operación militar emprendida por Estados Unidos que sacó a Nicolás Maduro del poder-, pareciera que este proceso tiene cuatro rasgos constitutivos: la voluntad política de Estados Unidos, el déficit democrático, la construcción sobre la marcha y la codependencia entre las etapas.

Detengámonos brevemente en cada uno.

Primero, prevalece la voluntad política de Estados Unidos. Este proceso político comenzó con una medida de fuerza de la administración Trump. La iniciativa fue exitosa en términos militares, pero aún no ha adquirido forma jurídico-constitucional en Venezuela.

La ausencia de este componente institucional puede, por un lado, agilizar los procesos políticos y, por otro, aumentar la incertidumbre. Por esta razón, el tutelaje ha sido eficiente, pero todavía no ofrece la estabilidad que demandan otros actores políticos y económicos, especialmente las empresas petroleras estadounidenses.

Segundo, el proceso presenta un evidente y profundo déficit democrático. La lógica que lo mueve sigue siendo una lógica de fuerza. Los estímulos que han logrado incidir en el comportamiento autoritario de Delcy Rodríguez son coercitivos: me refiero tanto a su uso previo -el 3 de enero- como a su potencial latente.

Esta dinámica es esencialmente opaca, arbitraria y pragmática. Por ello, Estados Unidos ha recurrido a la obediencia de instituciones de la dictadura para ejecutar reformas que, hasta el momento, se limitan al ámbito económico.

Además, esta dinámica carece de plazos definidos y de signos democratizadores auditables por los venezolanos. Por diseño, nuestra voz y la de nuestros representantes legítimos se mantiene contenida hasta que llegue el momento de liberarla. Quienes tutelan el proceso han privilegiado el orden que puede proveer la dictadura por encima de la potencial inestabilidad que podría traer la democracia.

Tercero, estamos ante una construcción sobre la marcha. Según lo revelado por Estados Unidos, el proceso cuenta con líneas generales que orientan la acción política, pero su desarrollo específico se produce con los insumos del momento.

Este sentido de provisionalidad no es negativo en sí mismo, ni debe interpretarse como un signo de improvisación. La flexibilidad es una cualidad indispensable en los procesos de cambio político. Las experiencias de transformación en los países que integraron la Unión Soviética y otras transiciones del siglo XXI muestran que las fórmulas preestablecidas tienden a fallar. En ese sentido, la construcción sobre la marcha es una disposición sensata que responde a las exigencias del momento.

Cuarto, existe una relación de codependencia y simultaneidad entre las fases del diseño de cambio político. Las etapas planteadas por el secretario Rubio no siguen una lógica teleológica rígida; el desarrollo de cada una condiciona la viabilidad de las siguientes.

Esto implica que, en cada fase, deben sentarse las bases que permitan avanzar hacia la próxima. Y es allí donde identifico nuestra oportunidad de acción: es en ese intersticio donde debe abrirse paso la voz de los venezolanos. Sobre nosotros recae la responsabilidad ineludible de impulsar una simultaneidad que genere la codependencia necesaria para conducirnos a la democracia.

Recuperación integral

Dicho lo anterior, cabe preguntarse: ¿cuál debe ser el rol de los venezolanos en esta segunda fase para que la recuperación trascienda lo económico y alcance lo político?

Intentaré responder a esta pregunta. Creo que, desde el inicio, debemos aspirar a una recuperación integral que abra paso al restablecimiento de una lógica política en la que la voluntad de cambio -hasta ahora animada por la fuerza- encuentre cauce jurídico-constitucional mediante la restitución del Estado de derecho.

Esta no es una idea abstracta; es profundamente concreta. Se refiere a la acción política y busca satisfacer tanto las demandas de estabilidad del país como las expectativas de las fuerzas económicas extranjeras. En este estadio, pueden comenzar a converger las agendas de los sectores democráticos y de Estados Unidos.

Sin embargo, existe una realidad que conspira contra la recuperación planteada por el secretario Rubio: las instituciones de la dictadura -la Asamblea Nacional, el Tribunal Supremo de Justicia, la Contraloría General de la República, entre otras- no ofrecen las condiciones de estabilidad y transparencia que requieren quienes desean establecer relaciones comerciales de largo plazo con Venezuela.

Por ello, sus decisiones son necesariamente limitadas. Pueden ser funcionales durante un período acotado, pero resulta imprescindible avanzar cuanto antes hacia su reinstitucionalización para que sus actos tengan vocación de permanencia. Su naturaleza es instrumental y su carácter, provisional. De allí que los venezolanos tengamos el deber de reconocer esta condición transitoria e impulsar de inmediato su transformación institucional.

En consecuencia, la recuperación debe incluir, de manera ineludible, la reinstitucionalización de los órganos del Estado encargados de generar estabilidad y confianza. Sin reinstitucionalización, la recuperación no será ni estable ni duradera.

Ahora bien, abordemos el déficit democrático. La recuperación también debe implicar una mayor flexibilización autocrática. Es decir, esta fase de recuperación económica y de llegada de inversión extranjera debe coincidir con un país que haya derrotado la censura, abierto los calabozos, legalizado los partidos políticos y avanzado, de forma progresiva, hacia una mayor democracia.

La reducción del déficit democrático pasa necesariamente por la participación ciudadana. Es cierto que existe el temor de que dicha participación genere desorden, inestabilidad o afecte los objetivos de la recuperación. Ese riesgo existe. Pero el mejor antídoto frente a él es la construcción de instituciones capaces de canalizar la voluntad política de los venezolanos y de sellar nuestra lealtad al sistema que está naciendo.

La tentación de preservar la opresión para garantizar el orden traerá consecuencias más graves. Por un lado, supondrá un alto costo reputacional para Estados Unidos; por otro, no ofrecerá estabilidad a los inversionistas y generará un clima de tensión que puede socavar la recuperación. Lo que conviene, por tanto, es una flexibilización institucionalizada que encauce nuestras aspiraciones democráticas.

Finalmente, detengámonos en el carácter provisional del proceso. Este rasgo del diseño del cambio político representa una oportunidad para los venezolanos. La dinámica contingente abre espacios para que podamos incorporarnos activamente a la ecuación.

Con frecuencia escucho análisis que presentan la realidad como un bloque inamovible e impenetrable. Nuestra historia reciente demuestra lo contrario. Los venezolanos hemos probado que somos capaces de alterar el curso de los acontecimientos, y este momento exige esa misma disposición.

El país tiene el derecho y el deber de alzar la voz, de seguir denunciando las injusticias y de proponer soluciones. Para convertir la provisionalidad en oportunidad, debemos reafirmarnos en una acción política conjunta y coordinada.

En ese camino, es justo reconocer la decisión de Estados Unidos de emplear la fuerza que sacó del poder a Nicolás Maduro, al tiempo que nos organizamos y nos mostramos como sociedad.

Resulta especialmente esperanzador el rol de los familiares de los presos políticos, de las organizaciones de derechos humanos, de los militantes de los partidos políticos, de los líderes estudiantiles y de los obispos de la Iglesia católica que han alzado su voz.

Para transformar la provisionalidad en oportunidad debemos fortalecer la unidad de todos los sectores que aspiramos a una Venezuela democrática. Tenemos viento a favor: un liderazgo nacional claro, partidos políticos con arraigo estructural y una sociedad civil robusta. Soplemos todos en la misma dirección y contribuyamos activamente con el proceso.

En definitiva, la recuperación no puede limitarse a lo económico: debe ser el punto de partida para reconstruir la democracia. Si los venezolanos asumimos un rol activo -impulsando la reinstitucionalización, ampliando las libertades y participando en la vida pública-, esta fase puede convertirse en el puente entre la fuerza que abrió el cambio y la legitimidad que debe sostenerlo. La recuperación integral es una tarea política colectiva y una oportunidad histórica que no podemos dejar pasar.