
El nuevo poder apunta a tierra de mantuanos
Movimientos de tierra, tala de árboles y muros abiertos alteran la tranquilidad de La Estancia, monumento histórico de la Nación, mientras fuentes cercanas al proyecto sugieren que los trabajos buscan habilitar un despacho institucional aún sin permisos oficiales.
La primera señal fue el ruido. Un ruido ajeno al ritmo doméstico de La Floresta, urbanización acostumbrada a los sobresaltos de Caracas, pero no a la irrupción abrupta de camiones, hormigoneras y retroexcavadoras trabajando día y noche. Después vino la imagen. Atroz: árboles talados, tierra removida, un muro con un tajo. Y, finalmente, la certeza de que algo se estaba haciendo en los jardines del Centro de Arte La Estancia, sin que nadie hubiese avisado a los vecinos, a la alcaldía ni, aparentemente, a ninguna instancia civil visible.
Desde hace más de diez días, en los espacios traseros de La Estancia —los que colindan con la avenida José Félix Sosa Norte, en plena urbanización La Floresta— se ejecutan movimientos de tierra que han arrasado buena parte de la vegetación existente. Según denuncias reiteradas de vecinos, el objetivo sería la construcción de un estacionamiento con capacidad para alrededor de cien vehículos y la apertura de un acceso directo hacia la urbanización. Hasta ahora esa información no ha sido confirmada oficialmente, pero los hechos materiales —la tala de árboles, la apertura del muro, el remarcado vial, la presencia policial— están a la vista.
—Pintaron de amarillo los bordes de las aceras (consigna una vecina) y están limitando el parqueo. Lo que hicieron en La Estancia no solo es ilegal, es un desastre tanto ecológico como urbanístico. Deforestaron la parte sur para hacer lo que parece un estacionamiento con pisos subterráneos: hay un socavamiento como para un sótano muy profundo.
Pero lo más llamativo es dónde ocurre este pandemónium urbano: justo en un jardín supuestamente protegido por leyes ambientales y patrimoniales. La orden ha tenido que venir de muy arriba.
Palabras mayores
A los pocos días del mandarriazo que abrió un boquete en la pared de La Estancia, una señora de 91 años, con toda la vida residenciada allí, grabó un audio para sus vecinos. La dicción impecable, la capacidad de síntesis y la claridad de su alegato obligan a transcribirlo casi íntegro:
“Los vecinos han denunciado que en la avenida José Félix Sosa Norte se está abriendo la pared que comunica a La Floresta con La Estancia para hacer un estacionamiento. Esto es totalmente ilegal. Hay ordenanzas y leyes que así lo confirman. Yo sé que estamos viviendo momentos críticos en el país, pero aun así sugiero una reunión de los vecinos, arropados por nuestra Asociación Vecinal, para tratar este tema: que se nos explique quién dio ese permiso; qué es lo que allí se está construyendo. Yo pude comprobar el gran daño ecológico que se está haciendo a La Estancia. Quiero recordar que en 1981 la salvaguarda de ese vergel fue la bandera de lucha del movimiento vecinal y logramos que esa área, ya vendida a Petróleos de Venezuela, S.A., se conservara como parque para Caracas; y que se preservara la antigua casa de la hacienda para disfrute de caraqueños y turistas. Ha sido un ejemplo. Tenemos que exigir una aclaratoria, porque una violación a ese acuerdo sería el fin de nuestra urbanización, que es modelo incluso en el exterior. Luchemos de manera pacífica para defender nuestros derechos y una de las pocas áreas verdes que quedan en Caracas”.
La convocatoria para esa reunión se ha hecho esperar. Mientras tanto, las conjeturas iniciales han ido cediendo espacio a una sospecha única, más grave, que apunta a la cúspide del poder político.
Tierra de mantuanos
¿Por qué una construcción, aun tratándose de una institución del Estado, estaría rodeada de tantos uniformados, incluso funcionarios del Seniat, actuando con la agresividad característica de estos cuerpos en tiempos de chavismo? ¿Por qué da la impresión de que se oculta algo?
La Estancia no es un terreno baldío ni un espacio cualquiera. Es un bien patrimonial con nombre, historia y protección legal. Donde hoy funciona el Centro de Arte La Estancia estuvo, desde finales del siglo XVIII, la hacienda cafetalera La Floresta, fundada en 1783 en terrenos que formaban parte del cinturón agrícola del entonces pueblo de San José de Chacao.
A lo largo del siglo XIX y buena parte del XX, la hacienda pasó por manos de distintas familias criollas. Documentos históricos señalan como propietario inicial a don Francisco Domínguez y luego a familias vinculadas al circuito agrícola caraqueño. En 1915 fue adquirida por la familia Sosa, que la mantuvo hasta mediados del siglo pasado. Cuando en 1952 se urbaniza la zona, la antigua casona colonial y una porción significativa de sus jardines se conservaron como memoria física del lugar. La Floresta no se levantó ignorando la hacienda, sino alrededor de ella.
En 1988, la propiedad histórica (la casona, los patios y los jardines remanentes) fue adquirida por Petróleos de Venezuela, S.A. No hay evidencia pública de que se tratara de una cesión gratuita ni de un acuerdo informal; las fuentes históricas coinciden en que fue una compra formal, consistente con la política que tuvo PDVSA durante décadas de adquirir y restaurar inmuebles patrimoniales para usos culturales. Sin embargo, los vecinos están convencidos de que existió un acuerdo —explícito o tácito— según el cual los jardines, la fronda que dio nombre a la urbanización circundante, serían respetados.
En 1990, la hacienda La Floresta fue declarada Monumento Histórico de la Nación (Gaceta Oficial N.º 34.573, del 15 de octubre de 1990). Esa declaratoria no protege solo las paredes: protege el conjunto. Casa, patios, jardines y entorno inmediato.
En 1995 se inauguró el Centro de Arte La Estancia como espacio abierto a exposiciones, conciertos y actividades educativas. Sus jardines, más de tres hectáreas, con más de 120 especies botánicas, se convirtieron en uno de los pocos pulmones verdes que sobrevivieron al asfalto del este caraqueño.
Por falta de leyes no es
La condición de Monumento Histórico de la Nación no es decorativa. Está respaldada por la Ley de Protección y Defensa del Patrimonio Cultural, que establece que ningún bien inmueble protegido puede ser alterado, intervenido o destruido sin autorización expresa del Instituto del Patrimonio Cultural. La ley no se limita a la arquitectura: el entorno natural asociado al bien patrimonial forma parte del ambiente cultural protegido. Cualquier intervención que implique movimientos de tierra, tala de árboles o modificación del paisaje requiere estudios técnicos previos y permisos formales.
A ello se suman las leyes ambientales, como la Ley de Bosques. Nada de esto se ha hecho público; y, si se hizo, se mantiene en reserva.
—Ayer trabajaron hasta las tres de la mañana, denunció un vecino, con un intenso ir y venir de camiones, siempre rodeados de policías. No tomaron la más mínima precaución con los usuarios de la clínica La Floresta. Ruido, pitos, cornetazos, caos.
De un día para otro, la apacible zona se vio alterada por trabajos ininterrumpidos, camiones con consignas oficiales, hormigoneras entrando y saliendo, motorizados custodiando la obra y muros abiertos sin aviso previo. Era evidente que se estaba habilitando un acceso hacia la avenida José Félix Sosa Norte, con impacto en la vialidad interna de una urbanización residencial ya afectada por el tráfico, el ruido y la cercanía de centros de salud y educativos.
—Si nosotros vamos a tumbar una pared de nuestra propiedad, dice un vecino, necesitamos un permiso de obra. Pero aquí tumban un muro, talan árboles, hacen un hueco y no le dicen a nadie. Son los dueños de Caracas.
No se sabe qué se está haciendo, qué autoridad dio el permiso, con qué estudio de impacto ambiental ni bajo qué figura legal se ejecuta una obra que afecta un bien patrimonial dentro del municipio Chacao.
Consultado por La Gran Aldea, el alcalde Gustavo Duque respondió: “He pedido una reunión con los directivos de La Estancia y con la Asociación de Vecinos. Hasta entonces no puedo decir nada, porque lo único que hay son especulaciones”.
Las preguntas
En un país donde la opacidad se ha vuelto método, las preguntas son el último recurso cívico.
¿Existe autorización del Instituto del Patrimonio Cultural?
¿Se aprobó un estudio de impacto ambiental?
¿Se solicitó permiso a la Alcaldía de Chacao para abrir un acceso vial?
¿Se talaron árboles? ¿Cuántos? ¿De qué especies?
¿Para qué un estacionamiento de cien puestos en un centro cultural con accesos consolidados?
Mover la tierra no es un gesto inocente. En Caracas, remover suelo patrimonial sin explicaciones es una forma de mensaje: aquí mando yo, no pregunto ni rindo cuentas. Fuentes con conocimiento directo del proyecto señalan que las obras que hoy avanzan en los jardines de La Estancia estarían destinadas a habilitar un despacho de uso privado para la Presidencia Encargada de la República, cuyos planos tendrían que haber estado listos desde diciembre.
La Estancia fue durante décadas un ejemplo de relación respetuosa entre una empresa estatal y la ciudad; lo que hoy ocurre allí amenaza con convertir ese ejemplo en su contrario. La tierra removida no es solo suelo: es historia, es ley, es ciudad. Y cuando se remueve sin aviso ni permiso, lo que queda al descubierto no es un socavón, sino una manera de gobernar.