Óscar Murillo: “Las excarcelaciones deben ser un acto de justicia, no una concesión del poder”

El jueves 8 de enero de 2026, el presidente de la Asamblea Nacional Jorge Rodríguez anunció el comienzo de un número importante de excarcelaciones como intención de búsqueda de paz. Al día siguiente, el presidente de Estados Unidos Donald Trump anunció la liberación de un gran número de presos políticos en Venezuela.

Pero, para el jueves 15 de enero, la ONG Foro Penal confirmó las excarcelaciones de solo 84 presos políticos, un número muy reducido si se toma en cuenta que a principio de año registraban 863 detenidos.

Sobre este proceso de excarcelaciones de enero de 2026, Óscar Murillo, coordinador general del Programa Venezolano de Educación en Derechos Humanos (Provea), conversó con La Gran Aldea.

—¿Cómo interpreta las excarcelaciones cuando Trump anunció la libertad de los presos políticos y Rodríguez, excarcelaciones?

—Ese es uno de los elementos de esta enorme brecha entre los anuncios y lo que ha pasado en realidad. Nosotros hemos podido constatar que son excarcelaciones, no liberaciones. Todas las personas con las que hemos podido conversar tienen medidas cautelares, bien sea presentación en tribunales, prohibición de salida del país o prohibición de hablar con medios. A mi juicio, las excarcelaciones deben ser un acto de justicia, no una concesión del poder. Estas personas han sido detenidas arbitrariamente, han estado en la cárcel sin una defensa de confianza y se les ha incomunicado por largo periodo de tiempo. No hubo respeto al debido proceso. Por todo esto deben gozar de libertad plena y añado que fueron encierros arbitrarios con repercusiones económicas en sus familias.

—¿Por qué tan pocos?

—Las dilaciones y las trabas en las excarcelaciones evidencian que siempre ha existido un sector antes de Maduro, con Maduro y sin Maduro que se ha negado a excarcelar o liberar, porque es señal de debilidad de su control político. Ahora, después del 3 de enero [tras el ataque de Estados Unidos a Venezuela que culminó con la extracción de Maduro], hay una reconfiguración y nueva dinámica del poder de Miraflores que ha generado trabas administrativas, órdenes y contraórdenes. Ha sido un proceso poco transparente y lento.

—¿Tiene conocimiento sobre excarcelaciones por penas cumplidas o por alguna medida sustitutiva de libertad como para llegar a las 406 excarcelaciones que mencionó la presidenta encargada Delcy Rodríguez[el miércoles 14 de enero]?

—Entiendo que están incluyendo a los de diciembre de 2025 y es posible que, si dicen que fue esa cantidad, así haya sido: hay mucha gente que está en el interior, pero eso es algo que deben aclarar las autoridades. Las organizaciones de derechos humanos con mandatos específicos sobre la protección y denuncia de presos políticos están haciendo verificaciones con las familias, están haciendo el trabajo, pero las cifras no coinciden precisamente porque no hay un parte oficial. Nosotros exigimos que en la emisión del boletín oficial se diga el nombre de la persona con su lugar de reclusión y condición de salud. Aprovechando la pregunta, sabemos que han llegado boletas de excarcelación, pero el nombre del centro de reclusión no corresponde con el de la persona que está allí. Exigimos que ese error se corrija. No se puede supeditar el proceso administrativo burocrático a la libertad de una persona, su dignidad y lo que significa esa libertad en el entorno familiar: son padres, hermanos, tíos que eran proveedores principales de sus familias en las actuales circunstancias económicas de este país. Si las excarcelaciones son un gesto político que supone entrar en una etapa política distinta, las cosas deben hacerse bien, no para esconder todo este desastre o las tensiones de adentro.

—Hay reportes de nuevas detenciones…

—Muchas familias animadas por la esperanza de las excarcelaciones, ahora están informando sobre sus familiares detenidos y los estamos registrando en nuestra base de datos y sistema de monitoreo. Sobre todo, son personas de regiones donde no hay cohesión, medios de comunicación ni organizaciones de derechos humanos.

—Para usted, ¿por qué han salido los que han salido?

—Esto es una categoría de análisis muy importante. Hemos visto prisioneros del régimen que son importantísimos. Durante mucho tiempo no bastaron las mediaciones de países en favor de ellos, sus excarcelaciones habían sido bloqueadas. Ahora hay una luz que puede alumbrar hacia otras excarcelaciones o liberaciones. También hemos visto colaboradores de partidos políticos excarcelados en Ciudad Bolívar. Hay una mixtura donde pareciera que hay la posibilidad de ocurra eso que esperamos. Esta luz debe dirigirse a los del entorno de María Corina Machado; a Rafael Tudares, yerno del presidente electo Edmundo González; al profesor Javier Tarazona; al abogado Eduardo Torres, que es nuestro compañero de Provea. También insistimos por aquellos detenidos que, por sus condiciones de salud preexistentes, están en riesgo alto. 

—A propósito de las expectativas, ¿qué pasa con los presos preelectorales?

—Todos queremos que sea el mayor número posible de una vez. Foro Penal y el comité Madres en Defensa de la Verdad están trabajando proyectos de ley de amnistía. Si estamos entrando en una nueva era política, es muy importante que se plantee una amnistía general.

—Para esta “nueva era”, ¿cuáles son las exigencias urgentes de Provea en cuanto a derechos humanos?

—El país no va a salir adelante solo con el poder de Miraflores y la Casa Blanca en los terrenos energético, petrolero y migratorio. Esto no es suficiente para abordar la grave y profunda crisis de Venezuela. Hay que hablar de las exigencias prioritarias para construir una etapa de transición democrática y en primer lugar está la exigencia de liberación de presos políticos. En segundo lugar, está desarticular el sistema represivo venezolano: el orden policial-militar y la arquitectura jurídica para perseguir a la disidencia, que va desde la ley del odio, conocido como el kit para todas las imputaciones, y la ley de fiscalización de las ONG. Debe haber compromisos claros para no perseguir la voz de crítica. Fíjese que incluso los centros de investigaciones académicas no han podido publicar por miedo a represalia.

—No es que no han podido, es que no han querido y ahora es cuando se necesitan los hallazgos de esas investigaciones…

—Ya que tú incorporas el tema, también pienso que este es el momento para que se pronuncien todos los actores de la vida pública nacional: religiosos, políticos, sociales, comunidad internacional que tenga presencia en Venezuela, porque a ellos también les interesa que tengamos un gobierno legítimo donde haya plena garantía de libertad, justicia y derechos humanos. Absolutamente todos deberían tener un papel más activo. Aquí se ha pensado un país, porque los intereses de una élite de poder no necesariamente son los intereses de los venezolanos. Tenemos un país desasistido, en ruinas, abandonado y queremos un cambio político en paz y constitucional. Queremos generar progreso en democracia y ya en este inicio de proceso no estamos viendo transparencia en la rendición de cuentas de las excarcelaciones.

—¿Entendemos estas excarcelaciones como una trampa?

—Los hechos están todavía muy calientes. Lo que sí podemos destacar es que estas excarcelaciones reparan y reivindican la valentía de las familias, incluso las del interior del país, que durante todo este tiempo han insistido en sus exigencias de justicia a pesar del clima de terror y persecución. También se puede evaluar el operativo militar del 3 de enero como un grave precedente para la región, así como el fracaso de la arquitectura diplomática y de los mecanismos internacionales de presión para revertir procesos de autoritarismo. Y decir lo más importante: el país no está roto ni ha claudicado ni se ha resignado. A pesar de la gravedad del momento, hay una resistencia cívica que sigue presionando por la libertad.