Primera fase: Estabilización para la democracia

El destino de lo que se inició el 3 de enero sigue abierto. Diez días después de la extracción de Nicolás Maduro y de Cilia Flores, Venezuela no ha llegado a la democracia. Nos encontramos en una zona gris que debemos transformar en un camino hacia el destino deseado.

Este artículo es un acto político deliberado. Escribo para intervenir -no para describir pasivamente- un proceso en curso. Estoy convencida de que guardar silencio en esta fase sería un error histórico. 

Nuestra voz debe estar presente, no como coro ornamental, sino como presión democrática organizada. La única forma que conozco de hacerlo es poniendo ideas en circulación, confrontando narrativas e impulsando el debate público que toda transición auténtica exige.

En Estabilización para la democracia me concentro en la primera fase del diseño transicional anunciado por Marco Rubio. Este texto inaugura una serie de tres artículos en los que examinaré las etapas del itinerario propuesto por la Casa Blanca para Venezuela.

Conviene decirlo desde el inicio: los venezolanos operamos con información fragmentaria. Esa opacidad no es accidental; responde a una realidad política: aún no vivimos en democracia. 

El golpe de fuerza del 3 de enero removió al dictador, pero dejó intacta la arquitectura autoritaria que lo sostuvo durante años. Por eso escribo desde la incertidumbre. Y precisamente por eso escribo. Callar ahora sería abdicar del deber ciudadano. Como venezolana, tengo derecho a hablar; como demócrata, tengo la obligación de hacerlo. Y exhorto a otros a asumir la misma responsabilidad.

Entremos en materia.

Según explicó Rubio, la fase de estabilización busca “evitar el caos y promover el orden”, con el objetivo de garantizar la operatividad de la llamada “cuarentena petrolera”. Se trata de un período de control, de duración indefinida, orientado a asegurar condiciones económicas mínimas antes de cualquier apertura política real.

El problema central es el siguiente: para ejecutar esta fase, la administración Trump ha optado por apoyarse en la dictadura que permanece en pie, hoy encabezada por Delcy Rodríguez. De allí surge una relación de tutelaje profundamente asimétrica: Estados Unidos instruye; la dictadura ejecuta. Ella obedece, mientras intenta maquillar cada orden con una narrativa revolucionaria tan forzada como inverosímil.

Este esquema de señor y vasallo es políticamente degradante y estratégicamente peligroso. Exige precisión quirúrgica del tutor y una obediencia interesada de la tutelada. No hay aquí convergencia de valores ni propósito democratizador compartido. Delcy Rodríguez no actúa por convicción reformista, sino por cálculo de supervivencia. Obedece porque la correlación de fuerzas la obliga, no porque aspire a desmontar el régimen que la sostiene.

Aquí emerge el mayor riesgo de esta fase: el reequilibramiento autocrático. Existe la posibilidad real de que la dictadura se estabilice en el poder bajo el paraguas del tutelaje estadounidense. Que los resultados económicos -si llegan- funcionen como coartada para postergar indefinidamente las reformas políticas de fondo. Que la estabilidad se convierta en fin, y no en medio.

Dicho sin rodeos: una estabilización exitosa en lo económico puede terminar siendo funcional a una autocracia reciclada.

Ahora bien, este escenario no es automático. También enfrenta límites severos. Uno de ellos es la corrupción estructural del régimen. Elliott Abrams lo dijo sin ambigüedades: “la corrupción es uno de los principales obstáculos para cualquier intento de tutelaje o control efectivo sobre el régimen venezolano”. A esto se suma la fragilidad interna del poder, las pugnas entre facciones y la escasez de recursos para sostener lealtades. El autoritarismo venezolano no parece ser un bloque monolítico; es una estructura tensionada, vulnerable y desconfiada.

Por eso, el reequilibramiento autocrático es posible, pero inestable.

La pregunta que debemos hacernos -sin ingenuidad- es qué podemos y debemos exigir los venezolanos que aspiramos a una democracia real durante esta fase. Mi respuesta es clara: la estabilización debe servir para construir condiciones pre-democráticas, no para congelar el poder existente.

Una estabilización reducida al orden macroeconómico es insuficiente y, por lo tanto, indeseable. Ese camino, con alta probabilidad, desemboca en una nueva normalidad autoritaria. Nuestra tarea es otra: empujar una estabilización integral, orientada explícitamente a la apertura política y a la restitución progresiva de derechos constitucionales.

Esto implica introducir una dimensión democrática y popular en un momento que, por diseño, parece excluirla. Y aquí surge una tensión inevitable: lo popular incomoda a los procesos de control. El régimen de Delcy Rodríguez gobierna mediante el miedo, y cualquier expresión cívica puede ser instrumentalizada como pretexto para la represión. Pero renunciar al espacio cívico en nombre de la estabilidad sería un error estratégico mayúsculo.

Por eso, la prioridad inmediata es abrir el espacio cívico. Y en ese esfuerzo debemos reconocer el coraje de los familiares de presos políticos y de los periodistas independientes que, día tras día, desafían la violencia del poder para mantener viva la verdad.

Existen demandas concretas que la sociedad venezolana puede articular con claridad, dirigiéndose especialmente a Estados Unidos en su rol de fuerza tutelar sobre la dictadura de Delcy Rodríguez:

1. Liberación inmediata e incondicional de todos los presos políticos.

2. Levantamiento del bloqueo de las páginas web de noticias y el cese de la censura informativa.

3. Ingreso al país de prensa internacional con acceso pleno a fuentes oficiales.

4. Entrada al país de organizaciones internacionales de derechos humanos.

5. Restitución del derecho a la protesta pacífica.

6. Fin de la persecución contra dirigentes políticos y activistas.

7. Inicio inmediato de reformas institucionales y legislativas que permitan declarar la falta absoluta de Nicolás Maduro y activar los mecanismos constitucionales hacia una elección presidencial.

Estas exigencias deben ser impulsadas por una fuerza nacional amplia, que represente y articule sociedad civil y organizaciones políticas, bajo el liderazgo de María Corina Machado y Edmundo González Urrutia.

La tarea histórica es clara: impedir que la estabilización se convierta en una coartada autoritaria. Sin apertura cívica, sin inclusión política y sin hoja de ruta institucional, difícilmente habrá transición. Y conviene decirlo sin eufemismos: una estabilización que no sea democrática no será duradera, ni justa, ni verdaderamente estable.