La tercera apertura petrolera de Venezuela

“A tres me parece que va la vencida”
La Celestina (1499–1502)

La pregunta “¿a la tercera va la vencida?” no es solo un guiño literario: en Venezuela, la historia petrolera ha sido una verdadera montaña rusa. Su extraordinario crecimiento comenzó sobre un sólido marco legal establecido en la década de los años 40, seguido por la nacionalización de los años 70, luego una apertura en los años 90, y finalmente su desmantelamiento a partir de expropiaciones a mediados de la primera década del siglo XXI.

El riesgo nunca ha estado en el subsuelo venezolano —que es extraordinario— sino sobre la superficie: la falta de estabilidad político-institucional, los cambios constantes en las reglas del juego y la ausencia de transparencia.

Este artículo comienza con un breve contexto histórico (1943 → años 90 → actualidad) y propone una hoja de ruta práctica: cinco elementos fundamentales para que una Tercera Apertura sea exitosa y no derive en una repetición de los fracasos anteriores.

¿A la tercera va la vencida?: contexto histórico

La segunda Ley de Hidrocarburos (1943): soberanía fiscal y reglas claras

La Ley de Hidrocarburos de 1943 fue un verdadero parteaguas. Consolidó un marco nacional coherente para la exploración y producción, eliminó diferencias geográficas entre concesiones y fijó una regalía uniforme de 16 2/3% sobre los ingresos brutos, con deducciones acotadas según criterios de costo (como la distancia a puertos).

Además, incorporó de forma determinante el principio de soberanía fiscal —la capacidad del Estado de ajustar gravámenes— y formalizó a las operadoras como sujetos del ISLR, ampliando la captura de la renta petrolera. También impuso horizontes largos de concesión (40 años, con posibilidad de extensión) y promovió la industrialización mediante el mandato de refinar en el país, con impactos estructurales que se verían décadas después.

Venezuela avanzó cuando combinó reglas claras, horizontes de largo plazo y un Estado capaz de capturar renta sin destruir los incentivos productivos. Tras casi 30 años, el país alcanzó un máximo histórico de producción de 3,7 millones de barriles diarios en 1970.

En 1976 llegó la nacionalización de la industria petrolera y comenzó el primer declive sostenido de la producción, que cayó por debajo de los 2 millones de barriles diarios a comienzos de los años 90.

La Apertura de los años 90: capital, tecnología y un menú contractual

La llamada “segunda apertura” arrancó formalmente en 1992 como una respuesta práctica a las circunstancias del momento: reactivar campos maduros y marginales, incorporar tecnología y elevar rápidamente la producción tras el declive posterior a la nacionalización de 1976.

Se realizaron tres rondas de licitaciones (1992, 1993 y 1997). El resultado agregado incluyó 32 convenios operativos, cuatro asociaciones estratégicas en la Faja del Orinoco y cuatro contratos de exploración a riesgo y ganancias compartidas (tres de ellos exitosos).

La producción logró alcanzar los 3,5 millones de barriles diarios en 1998, revirtiendo en gran parte el declive previo.

Sin embargo, la apertura también evidenció un flanco débil: aun con mayor producción, los precios internacionales y la captura de renta no acompañaron; y, sobre todo, el modelo quedó vulnerable a reinterpretaciones políticas posteriores: migraciones contractuales, cambios fiscales, arbitrajes y expropiaciones.

¿Están dadas las condiciones para una Tercera Apertura actualmente?

Para que una tercera apertura petrolera en Venezuela sea efectiva y duradera, deben existir al menos cinco elementos fundamentales.

1) Hoja de ruta clara para la democratización del país

La coyuntura actual genera una elevada incertidumbre entre inversionistas con capacidad financiera y operativa para ejecutar los megaproyectos necesarios para recuperar la infraestructura petrolera.

En este sentido, resulta útil el esquema de tres etapas —estabilización, recuperación y transición— mencionado recientemente por el Secretario de Estado de los Estados Unidos:

• Estabilización: orden público, protección de infraestructura crítica y reglas transitorias claras.
• Recuperación: restauración de la capacidad operativa, financiamiento, recomposición de servicios y comercio de crudo.
• Transición democrática: elecciones, legitimidad e institucionalización.

Sin una ruta político-institucional verificable, cualquier “apertura” será percibida como reversible y de alcance limitado.

2) Nueva Ley de Hidrocarburos

El marco vigente —y su aplicación práctica— tiende a concentrar riesgos en el inversionista y discrecionalidad en el Estado. La carga fiscal petrolera actual se compone, en términos generales, de:

• Regalía cercana al 30–33% sobre ventas.
• ISLR petrolero del 50%, superior al resto de la economía.

Esta fotografía es útil porque revela el dilema central: el Estado busca una alta captura de renta, pero la inversión requiere competitividad.

Una ley moderna debería incluir:

• Estabilidad fiscal (cláusulas de estabilización y límites a cambios unilaterales).
• Régimen diferenciado por tipo de recurso (convencional, extrapesado y gas).
• Transparencia en licitaciones, medición, costos recuperables, ventas y reportes ambientales.
• Separación funcional entre política energética (Ministerio) y un regulador técnico independiente.
• Arbitraje internacional.

3) Nuevos contratos

Como se señala en Venezuela Energética, Venezuela no es un país petrolero, sino tres países petroleros en uno, con realidades técnicas y económicas distintas:

• Crudos convencionales.
• Crudos extrapesados (Faja del Orinoco).
• Gas natural.

Con reservas del orden de 300.000 millones de barriles y un potencial gasífero significativo, el diseño contractual debe ser a la medida.

Menú contractual propuesto:

• Convencionales: licencias o contratos con regalías y tasas variables según precio y productividad; licitaciones masivas por paquetes pequeños para reactivar miles de pozos abandonados.
• Extrapesados: esquemas de ganancias compartidas con estabilidad fiscal, reglas claras para diluyentes, mejoramiento y comercialización transparente.
• Gas: licencias con anclas de demanda (eléctrica e industrial) y opción de LNG, con tarifas, transporte y acceso abierto claramente definidos.

La Tercera Apertura no debe basarse en un contrato único, sino en una arquitectura contractual moderna, flexible y competitiva.

4) Interlocutor institucional con credibilidad

Las inversiones requeridas solo se concretan con instituciones y voceros con experiencia comprobada en el sector, capaces de promover el nuevo marco legal y liderar negociaciones complejas.

La recuperación debe basarse en confianza, productividad y transparencia. En una transición democrática, el Ministerio de Energía debe fortalecerse como rector de la política energética. Asimismo, debe evaluarse la creación de una Agencia Venezolana de Hidrocarburos como regulador técnico, asesor del Ejecutivo y responsable de licitaciones.

5) Empresas con capacidad e interés para invertir

Además de PDVSA, hoy operan en Venezuela empresas internacionales como Chevron, Repsol y Eni, que han logrado navegar el entorno de sanciones y licencias temporales. Varias han expresado su disposición a ampliar inversiones.

El mayor desafío es atraer a las empresas que se retiraron y a nuevos actores nacionales e internacionales. Para ello, deben existir las condiciones institucionales, legales y contractuales descritas en los puntos anteriores.

Cierre: la tercera no se logrará con un decreto

La frase de La Celestina funciona como metáfora: la tercera “vence” solo si aprende de las dos anteriores.

Tercera Apertura: o es institucional y contractual por diseño, o será apenas un rebote temporal.

1943: reglas coherentes y soberanía fiscal con orden.

Años 90: capital y tecnología, pero vulnerables a reversión.