Más que una embajada, es Washington a seis kilómetros de Miraflores

Estados Unidos vuelve a Caracas después de siete años. Su embajada, cerrada desde 2019, comenzará a operar de nuevo en un país aislado y saqueado por un régimen autoritario. No es solo la apertura de oficinas: es la reinstalación de Washington en el tablero político y económico de Venezuela, con capacidad de influir y medir cada movimiento dentro del país. En diplomacia, la presencia vale más que el gesto y la cercanía física pesa más que cualquier comunicado.

En distintas tradiciones culturales y religiosas se le atribuye al ciclo de siete años un valor de cierre y recomienzo, de pausas que anteceden a un cambio de rumbo. En política, sin embargo, no hay simbolismo. Siete años sin embajada significaron aislamiento y ausencia de interlocución directa. Su reapertura, tras ese lapso, marca un giro concreto y medible en la manera como Estados Unidos decide volver a estar presente en Venezuela. El caso es que, tras siete años de soledad, el imponente complejo de Colinas de Valle Arriba vuelve a la vida. No para imprimir visados de entrada al territorio estadounidense, que probablemente es lo que menos se hará allí. Según expertos, la misión diplomática llegará para recuperar presencia; no abrirá para sellar pasaportes, sino para poner los ojos de Estados Unidos sobre Caracas, porque en política exterior, estar es una forma de mandar.

No es cuestión de abrir las ventanas para que entre el sol

El cierre de la embajada en 2019 fue un gesto de ruptura total entre Washington y lo que entonces era ya un régimen desacreditado. Ahora, en enero de 2026, ese gesto se intenta revertir en medio de una realidad política signada por hechos de violencia, entre ellos la captura de Maduro por fuerzas estadounidenses y su traslado fuera del país tras una operación militar que sacudió a la región.

Normalizar la relación implica restablecer canales de comunicación directa, presencia consular y coordinación en áreas críticas como seguridad, migración y lucha contra el narcotráfico, asuntos que en Venezuela cobran una relevancia fundamental.

La embajada, cómo no, será una puerta a la política cotidiana entre dos naciones, pero también una trinchera de influencia y control. El hecho, si se concreta, tendría tres efectos simultáneos: primero, legitimaría en parte la nueva realidad de poder que impera en Venezuela tras la caída del tirano; segundo, permitiría a Washington ejercer un tipo de supervisión política y estratégica más intensa que en cualquier otra fase de la crisis; y tercero, actuaría como un mecanismo de contrapoder ante cualquier resurrección del chavismo tradicional y de sus satélites internos.

Para entender la magnitud del hecho hay que recordar que la ruptura de 2019 fue más que un cierre de puertas. Fue el reconocimiento por parte de Estados Unidos de que el proyecto chavista había dejado de tener legitimidad política y democrática. La casa diplomática estadounidense cerró, se retiraron sus funcionarios y se suspendieron todos los servicios consulares. Esa larga ausencia no fue percibida como una pérdida menor por la sociedad venezolana. Fue, en su momento, la constatación de que Venezuela estaba sola en su crisis, sin interlocutores directos en la potencia más poderosa del mundo.

Diplomacia, pero principalmente poder

Hoy, sin embargo, el escenario es otro. No hay chavismo hegemónico ni autoridad indiscutible en Miraflores. Las instituciones están fragmentadas, la economía se desangra, el bolívar se hunde y la crisis se agrava con cada hora que pasa, y sectores enteros de la población ven en el regreso de Estados Unidos una posibilidad de alivio más que una amenaza.

Estados Unidos, por su parte, no actúa como benefactor desinteresado. Su decisión está inscrita en una estrategia amplia de reconfiguración de influencia geoestratégica en el continente. Desde Washington ya se habla de reactivar negociaciones sobre petróleo, comercio y seguridad regional, incluso bajo la advertencia de que el país sigue siendo un lugar de “riesgo severo” para ciudadanos estadounidenses.

Y aquí llegamos a lo que muchos analistas no quieren decir en voz alta. La reapertura de la embajada es un acto de poder, tanto como de diplomacia. El restablecimiento de una misión diplomática significa tener un vigilante respirándole en la nuca a quien controle el territorio. A diferencia del pasado, cuando la relación estaba basada en sanciones y presión económica desde lejos, ahora la presencia física en Caracas significa acceso directo e inmediato al tablero político interno, a la burocracia estatal, a las instituciones que sobreviven y, sobre todo, a las decisiones que se toman día a día.

En otras palabras, Estados Unidos quiere estar allí no solo para negociar, sino para observar, influir y moldear contextos en una Venezuela que sigue siendo un territorio estratégico para su política hemisférica.

No es poca cosa. El mundo ha visto ya cómo diplomacia y seguridad se entrelazan. Una embajada no es solo un edificio con banderas. Es un centro de operaciones político, económico, informativo e incluso de inteligencia. Su reapertura implica que Estados Unidos volverá a tener ojos y oídos propios en Caracas, que podrá coordinar con actores locales, influir en decisiones clave y anticiparse a movimientos internos. Esa presencia funcionaría como contrapeso tanto para las facciones que quisieran revivir el viejo chavismo como para cualquier grupo que intente aprovechar el vacío de poder o la debilidad institucional para reinstaurar un modelo de dominio autoritario. Esa vigilancia permanente no será bienvenida por quienes hoy sienten que todavía hay lealtades oscuras al chavismo dentro del aparato militar y civil.

Y no es solo petróleo

No se trata únicamente de petróleo, aunque está en la mente de todos. Se trata de influencia política, estratégica, de seguridad hemisférica y del papel que jugará Venezuela en la integración regional. El mundo sabe que Estados Unidos ha dado un paso estratégico para no repetir errores del pasado, cuando cedió espacios estratégicos a actores contrarios a sus intereses. Su retorno es un mensaje inequívoco a Moscú, a Pekín y a los aliados regionales: Venezuela no será una pieza pasiva en el ajedrez geopolítico. Estados Unidos vuelve en rol protagónico y su decisión irrumpe en un momento de reacomodo regional, con gobiernos latinoamericanos atentos a cualquier señal de normalización o influencia directa sobre Caracas.

Para quienes en Venezuela han sufrido y aún sufren la crisis, la reapertura de la embajada puede parecer una oportunidad para reconstruir puentes, resolver problemas migratorios, atraer inversión y poner sobre la mesa la cooperación en temas críticos. Pero ese mismo regreso implica que la política venezolana ya no será un juego cerrado dentro de un sótano nacional. El hemisferio entero será testigo —y, ojalá, actor— de las decisiones que se tomen en Caracas. La embajada será un observatorio constante, un espacio de presión política y un instrumento de seguimiento sobre cualquier intento de reinstaurar sistemas de control autoritario o de corrupción que caracterizaron al chavismo histórico.

Presencia física, poder real

En suma, la reapertura no solo es una noticia diplomática: es un punto de inflexión histórico, la confirmación de que la crisis venezolana, tras años de aislamiento, ha devenido asunto de alta política internacional. Lo que comenzó como un movimiento casi técnico, una delegación diplomática que llega para “evaluar instalaciones”, demostró ser una movida de alta tensión geopolítica. Washington envió a Caracas a John T. McNamara, encargado de negocios de la Oficina Externa de Estados Unidos para Venezuela, acompañado de un equipo compuesto por diplomáticos y personal de seguridad especializado, con la misión de evaluar in situ la posible reapertura de la Embajada estadounidense cerrada desde 2019. En esta primera etapa, la misión operará con personal reducido y funciones limitadas, mientras se verifican condiciones de seguridad y se afinan acuerdos formales.

McNamara no es un burócrata cualquiera. Encargado de negocios significa que actúa como jefe de la misión temporal, con autoridad para supervisar y coordinar operaciones diplomáticas, sin esperar una confirmación formal de embajador. Su despacho opera desde Bogotá desde hace esos mismos siete años, cuando la sede en Caracas fue clausurada y las relaciones cayeron en un limbo sin presencia física. Su rol hasta ahora ha sido administrar la relación distante y compleja entre Estados Unidos y Venezuela sin residir en el país. En otras palabras, la presencia de McNamara es una señal clara de la intención de Washington de no improvisar.

Y lo que este y su equipo están haciendo, de manera formal, es verificar si las instalaciones en Colinas de Valle Arriba pueden ser reactivadas. Revisión de infraestructura, seguridad física, comunicaciones, sistemas consulares y viabilidad operativa son los pretextos oficiales. Pero quienes conocen la diplomacia explican que, en estos casos, el terreno físico es la excusa; el real interés es establecer un nodo político y estratégico propio en un país que antes fue un socio incómodo y ahora es un tablero sin reglas claras.

No se sabe aún cuándo se concretará la reapertura ni cuál será su estructura definitiva. Lo que sí está claro es que el regreso de Estados Unidos a Caracas no será silencioso ni neutral. Será un retorno con condiciones, con expectativas, con exigencias y con una mirada firme sobre cómo se reconstruye o se reconfigura la política interna venezolana en los años venideros. Un retorno que altera el equilibrio de poder en Caracas.