Elecciones, elecciones, elecciones…

El 28 de julio no fue solo una fecha electoral. Fue una irrupción cívica. Una afirmación nítida de soberanía popular. Un acto de dignidad colectiva. Ese día el pueblo de Venezuela habló con claridad, derrotó al régimen en las urnas y expresó, sin ambigüedades, su deseo de cambio. Ese espíritu —que encarna el liderazgo indiscutible de María Corina Machado y la victoria política de Edmundo González Urrutia— constituye hoy el principal capital político de los venezolanos. Un capital que aún no se ha traducido en cambio efectivo, pero que debe inspirar y orientar cualquier acomodo realista para alcanzar la liberación democrática del país.

Ese es un espíritu que sigue vivo. Es la brújula moral y política de este momento histórico y, además, el único criterio legítimo nacido de las entrañas del pueblo venezolano para evaluar las salidas que hoy se discuten, se negocian o se intentan imponer sobre Venezuela.

Lo que tenemos enfrente es una situación inédita, tanto en nuestra historia como en el escenario comparado. La extracción de Nicolás Maduro del poder no supone democratización inmediata ni una transición clásica. Es una liberación parcial por vía de ruptura. El régimen decapitado aún conserva su aparato autocrático y aspira a mantenerse en el poder. Un poder de facto que sobrevive sin legitimidad. A ello se suma una pretensión de tutelaje extranjero sine die, justificada en nombre del orden, la estabilidad y el petróleo, y una tentativa aún más peligrosa: la de marginar del proceso a la oposición democrática liderada por María Corina Machado y, con ella, relegar al pueblo de Venezuela                    —auténtico sujeto del destino de la República— a la condición de espectador.

Pero ese escenario no puede aceptarse como punto de llegada. A lo sumo, puede asumirse como una coyuntura. Y toda coyuntura debe ser aprovechada políticamente. Y aquí es donde la Constitución importa como instrumento de defensa del pueblo y como dique frente a cualquier intento de instaurar en Venezuela un régimen no democrático, aunque sea pactado, maquillado o presentado como transitorio. La Constitución en modo alguno legitima el abuso, pero sí lo acota. Incluso en contextos de facto, sigue siendo el marco que permite ordenar la acción política, fijar límites y abrir cauces prácticos hacia una inauguración democrática real.

Partamos de una premisa básica: Delcy Rodríguez no es una vicepresidenta legítima. Fue designada por un dictador usurpador que robó las elecciones del 28 de julio de 2024. Pero incluso esa situación de hecho está jurídicamente constreñida, pues el artículo 234 establece que quien ejerza la Vicepresidencia —aun de facto— solo puede asumir la encargaduría por noventa días, prorrogables por noventa días más, seis meses en total. Esa es la cuenta regresiva que se activó el 5 de enero de 2026, cuando Delcy Rodríguez se juramentó ante Jorge Rodríguez, en el Palacio Federal Legislativo.

Transcurridos esos seis meses, debe declararse la falta absoluta de Nicolás Maduro, quien difícilmente regresará a Venezuela nunca más en su vida. Y una vez declarada esa falta absoluta, el artículo 233 es categórico: deben convocarse elecciones presidenciales dentro de los treinta días inmediatos siguientes.

El resultado es claro y políticamente potente: en un plazo máximo de siete meses a partir del 5 de enero de este año, los venezolanos debemos estar votando. Votando para revitalizar el espíritu del 28 de julio. Votando para derrotar de manera definitiva al remanente del régimen. Votando para inaugurar, ahora sí, una nueva etapa democrática.

Por supuesto, esas elecciones no pueden ser un mero hecho político más, sino el salto adelante para ganar definitivamente la democracia. Deben encontrar a las fuerzas democráticas unidas entre sí y unidas al pueblo de Venezuela. Deben celebrarse bajo la mirada vigilante de Estados Unidos y de la comunidad internacional, con condiciones reales de transparencia y competitividad. Eso incluye, sin excusas, el levantamiento de todas las inhabilitaciones políticas, la devolución de los partidos secuestrados, el restablecimiento pleno del derecho al voto y la garantía de participación de los venezolanos dentro y fuera del país.

Mientras tanto, Estados Unidos tiene responsabilidades claras. Debe exigir al remanente autocrático del régimen la restitución inmediata de los derechos humanos: la liberación de todos los presos políticos, la expulsión de agentes de dictaduras extranjeras que operan en nuestro territorio, la lucha efectiva contra el crimen organizado y el terrorismo, y el saneamiento de una economía devastada, comenzando por la recuperación de la industria petrolera con esquemas de soberanía nacional que no sean, bajo ningún concepto, leoninos ni coloniales.

Elecciones, elecciones, elecciones. No como mantra vacío, sino como estrategia concreta, como programa político de una estrategia dominante democrática. Elecciones para materializar el espíritu del 28 de julio. Elecciones con realismo, para aprovechar la oportunidad que crea la extirpación de Maduro. Elecciones para no desperdiciar una coyuntura histórica única e irrepetible. Porque las transiciones no siempre son como se sueñan. A veces son como se pueden. Lo dijo con crudeza y sabiduría Patricio Aylwin al referirse a la transición chilena: no fue como la soñamos, fue como la pudimos. Para nosotros, ese como la pueden debe ser un sueño realista. Uno que nos permita retomar la senda histórica de la libertad, la república civil y el desarrollo económico. Y esa senda, hoy, pasa inevitablemente por una palabra que debe ordenarlo todo: elecciones.