Fraude y represión: cómo el chavismo cerró definitivamente el ciclo electoral en Venezuela
Elecciones sin resultados publicados, participación inflada, control total del poder y un salto represivo marcado por detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y condenas ejemplarizantes. No se trata de hechos aislados, sino de un modelo autoritario consolidado, donde el voto fue vaciado de sentido y la represión se convirtió en política permanente.
Un nuevo informe de Transparencia Venezuela (en el exilio) documenta con precisión cómo el régimen de Nicolás Maduro utilizó el ciclo electoral 2024–2025 no como un mecanismo de participación democrática, sino como una herramienta para consolidar un modelo autoritario basado en fraude, opacidad y represión sistemática.
El documento, titulado “Fraude y represión: De cómo la dictadura se consolida”, analiza el período comprendido entre las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024 y los comicios municipales del 27 de julio de 2025, y concluye que ese lapso marca el cierre definitivo del ciclo electoral como vía real de alternancia política en Venezuela.
Según Transparencia Venezuela, lejos de corregir las irregularidades denunciadas tras las presidenciales de 2024 —cuyos resultados completos siguen sin publicarse—, las elecciones regionales, legislativas y municipales posteriores reprodujeron y profundizaron los mismos patrones de control estatal: ausencia de garantías técnicas, manipulación estadística, restricciones políticas, opacidad estructural y presentación de resultados sin evidencias verificables.
Participación en caída y manipulación de cifras
Uno de los elementos centrales del informe es el análisis de la participación electoral. De acuerdo con la organización, el electorado venezolano respondió al fraude y a la represión con una desmovilización sostenida. En las elecciones municipales de julio de 2025, la participación real habría sido de apenas 29%, una cifra muy inferior a la presentada por el Consejo Nacional Electoral (CNE).
El informe explica que esta distorsión se logró mediante la figura del llamado “elector activo”, un concepto no regulado ni contemplado en la legislación electoral, utilizado por el CNE para inflar artificialmente los porcentajes de participación. A esto se sumaron decisiones técnicas con impacto político, como la reducción de más de 7.000 mesas de votación, la ausencia de códigos QR en las actas y la falta de publicación del padrón electoral actualizado.
Concentración total del poder
El cierre del ciclo electoral se tradujo en una concentración casi absoluta del poder político. Según las cifras oficiales citadas en el informe, el oficialismo se adjudicó 285 de las 335 alcaldías del país, 23 de las 24 gobernaciones y 256 de los 285 escaños de la Asamblea Nacional.
Para Transparencia Venezuela, la combinación de baja participación, opacidad estructural y control territorial extendido configura un sistema electoral sin competencia real, donde el voto ha sido vaciado de contenido y reducido a una formalidad administrativa al servicio del poder.
Represión más allá de las elecciones
Uno de los aportes más relevantes del informe es demostrar que la represión no fue coyuntural ni limitada a los momentos electorales. Entre agosto y noviembre de 2025, organizaciones de derechos humanos registraron un incremento sostenido de detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas breves y persecución judicial contra activistas, dirigentes locales, sindicalistas, periodistas y ciudadanos vinculados a estructuras opositoras.
El documento destaca un cambio cualitativo en la estrategia represiva: el paso de la detención preventiva prolongada a condenas penales severas, muchas veces dictadas sin garantías de defensa y bajo acusaciones genéricas como “instigación al odio”, “terrorismo” o “traición a la patria”. Esta práctica permite al régimen negar la existencia de presos políticos y presentarlos públicamente como delincuentes comunes.
Desapariciones forzadas, castigo por parentesco y muertes bajo custodia
El informe documenta además la consolidación de prácticas propias de regímenes totalitarios, como el castigo por parentesco, con detenciones de familiares de opositores como mecanismo de presión, así como el uso sistemático de la desaparición forzada como forma de intimidación política.
También recuerda que, desde 2014, al menos entre 17 y 25 presos políticos han muerto bajo custodia del Estado, según distintos registros de organizaciones de derechos humanos. Centros de detención como El Helicoide o El Rodeo I son descritos como espacios de reclusión con condiciones inhumanas, aislamiento prolongado y negación sistemática de atención médica.
Un modelo autoritario consolidado
Lejos de relatar hechos aislados, el informe de Transparencia Venezuela concluye que el país atraviesa una fase de consolidación autoritaria, en la que el voto ya no funciona como mecanismo de control ciudadano, la justicia opera como instrumento de persecución y la represión se ejerce de forma permanente, incluso fuera de los períodos electorales.
El documento se presenta así como un insumo clave para la comunidad internacional, tanto en el plano diplomático como en instancias judiciales, al evidenciar que en Venezuela no existen condiciones mínimas para procesos electorales libres ni para negociaciones basadas en reglas democráticas.
El informe completo “Fraude y represión: De cómo la dictadura se consolida”, elaborado por Transparencia Venezuela (en el exilio), puede y debe leerse íntegramente. Su nivel de detalle, documentación y rigor lo convierten en una pieza fundamental para comprender la deriva autoritaria del régimen chavista y el cierre definitivo de la vía electoral en el país.