Martha Tineo Rodríguez: “La justicia es la garantía de la paz y la paz solo es posible entre todos”

Entrevista original

La Organización No Gubernamental venezolana (ONG) Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) es “una organización de víctimas, fundada y dirigida por una víctima”, recuerda su coordinadora general, Martha Tineo Rodríguez.

Tineo Rodríguez -abogada especialista en Derechos Humanos (DDHH) y Criminalística- se cuenta entre las cofundadoras de JEP junto con la señora Rosa Orozco, madre de Geraldine Moreno Orozco, joven de 23 años que fue asesinada por efectivos de la Guardia Nacional en el marco de las protestas antigubernamentales que se registraron en 2014.

En su página web, esta ONG resalta que nació “en 2017 como respuesta a la más grave crisis de Derechos Humanos que ha enfrentado Venezuela en las últimas décadas”. No obstante, en un país que está permanentemente en caída libre, los expertos en la materia advierten que tras las elecciones del 24 de julio de 2024, los abusos perpetrados por el régimen autoritario han empeorado hasta alcanzar cotas inimaginables.

Desde hace muchos años, distintos organismos locales e internacionales han denunciado la situación de los DDHH en el país. Sin embargo, hoy se afirma que este cuadro ha empeorado considerablemente. ¿Por qué?

Ciertamente, en la última década Venezuela ha atravesado una grave vulneración sostenida de Derechos Humanos, en un contexto de emergencia humanitaria compleja –más una crisis por diseño, según diversos actores– al punto que desde sistemas internacionales de protección de DDHH se han activado mecanismos ordinarios y extraordinarios para su evaluación y seguimiento. Tal es el caso de la Misión de Determinación de hechos sobre Venezuela, instancia que, documentación rigurosa de por medio, ha insistido en que se trata de una política de Estado orientada a atacar de forma sistemática a sectores de la sociedad civil.

Por su parte, y en respuesta a esta realidad, en febrero de 2018, la fiscalía de la Corte Penal Internacional inició de oficio un examen preliminar desde al menos 2017 y, posteriormente, avanzó a fase de investigación –ampliando el período de investigación desde al menos 2014– al considerar que tiene razones para creer que en Venezuela se han cometido crímenes de lesa humanidad. Es decir, que ya se superó el umbral de violaciones a los Derechos Humanos y se puede tratar de un ataque sistemático y/o generalizado contra grupos de la sociedad, específicamente, detenciones arbitrarias, torturas, violencia sexual y persecución. Lo anterior da cuenta de la gravedad de la situación. No obstante semejante escrutinio, lamentablemente la situación se mantiene en progresivo agravamiento.

Apenas un indicador de lo anterior es que antes del 28 de julio de 2024, nuestra organización tenía un registro de poco más de 300 presos políticos, cifra que se había mantenido durante casi la última década. Entre 300 y 400, salvo coyunturas específicas que reportaban un incremento notable, pero sobre todo en detenciones de corta duración. En el contexto electoral esta cifra superó las 2.500 personas.

Si bien muchas de ellas fueron excarceladas en meses posteriores (entre noviembre de 2024 y enero de 2025) estas personas se mantienen judicializadas, en procesos que niegan la designación de abogados de confianza y el derecho a la defensa, cursando sin pruebas o con pruebas manipuladas, y que, en todo caso, limitan la libertad personal, pues los excarcelados se mantienen en presentación periódica en tribunales, prohibición de salida del país y dar declaraciones sobre sus casos, entre otras.

Paralelo a esta ya muy grave situación, actualmente -noviembre de 2025- nuestra organización tiene identificadas a 1.080 personas presas por razones políticas. En todos los casos, las capturas se han dado a partir de detenciones arbitrarias seguidas de desaparición forzada, imposibilidad de designar defensa de confianza, entre otras violaciones al debido proceso. En muchos casos se suma aislamiento, incomunicación y prohibición de contacto familiar, y deplorables condiciones de reclusión. La mayoría de estas personas soportan lo que denominamos una condena anticipada, ya que se cuentan años y meses privados de libertad sin un juicio en el que efectivamente se determine su responsabilidad en la comisión de algún delito.

¿Qué nuevas prácticas o elementos confirman el agravamiento en la violación de los DDHH en el país?

Si bien patrones como Sippenhaft, que no es más que la extensión de la persecución política al grupo familiar, y la detención de mujeres y personas especialmente vulnerables no es novedoso y ha sido objeto de documentación por parte de nuestra organización y mecanismos internacionales, lo cierto es que su ejecución pasó a ser de selectiva a generalizada. Y tanto ello es así, que hoy tenemos registro de más de 170 mujeres presas por razones políticas, al menos cuatro adolescentes, personas neurodivergentes y adultos mayores, defensores de Derechos Humanos y periodistas, por mencionar algunos grupos de especial protección. Esta afirmación en sí misma da cuenta del agravamiento de la situación.

En el contexto electoral llegamos a tener registros de más de 200 niños, niñas y adolescentes presos por razones políticas y peor es decir que en algunos de esos casos se reportaron además de desaparición forzada, torturas y violencia sexual. Esto fue suficientemente documentando en el reciente informe de la Misión de Determinación de hechos de Naciones Unidas, con el añadido escandaloso sobre casos de esclavitud sexual de adolescentes.

Los detenidos en ese contexto fueron presentados en audiencias masivas, sin individualización de su supuesta participación en la comisión de hechos punibles. A todos se les imputaron los mismos cargos, pre-calificados por el fiscal general de la república. Desde las cárceles se reportan –y por desgracia han ocurrido– intentos de suicidio, y enfermedades físicas y emocionales como consecuencia de las torturas y los tratos crueles a los que son sometidos.

Nuestra organización ha realizado una documentación exhaustiva, con estándares de gravedad y urgencia, y hemos identificado al menos a 90 personas que requieren atención médica especializada y urgente ante enfermedades como cáncer, afecciones cardiológicas, renales, gastroestomacales y respiratorias, entre otras. Son vidas que están seriamente comprometidas.

Otro patrón documentado desde el año pasado y del que no teníamos precedentes, es la detención de extranjeros y personas con doble nacionalidad. Esto quizás responda a un intento de generar presión ante otros Estados en cuanto a posiciones respecto a la situación venezolana.

En el caso específico de las ONG, ¿cómo se está afectando su trabajo en el país?

Bajo la premisa del enemigo interno y por el ejercicio de nuestra labor –que es un derecho humano en sí mismo–, las personas defensoras y las organizaciones de la sociedad civil también somos víctimas de persecución política. Pasamos de la estigmatización y criminalización a las detenciones y desapariciones, siguiendo el patrón ya mencionado, y tanto es así que según nuestros registros al menos 11 defensores de DDHH se encuentran detenidos hoy en Venezuela. A esa política de persecución se suman leyes que obstaculizan o limitan el ejercicio de nuestra labor. Es decir, que ciertamente se trata de una política de Estado.

¿Qué cambios o ajustes han debido hacer para continuar en el terreno y qué implicaciones tiene eso en su trabajo?

En nuestro caso, al ser una organización de víctimas, fundada y dirigida por una víctima, esto nos reafirma el compromiso de acompañar a las víctimas en sus denuncias y visibilización. Se trata, entonces, de un ejercicio cotidiano de sobreponernos al miedo y resignificar el dolor de miles y convertirlo en fuerza para seguir activando mecanismos que devuelvan a las víctimas su libertad –en los casos de presos políticos– y en todos los casos (asesinatos y detenciones), verdad, justicia y reparación integral. Para ello la documentación es fundamental y en esa gestión se enfocan muchos de nuestros esfuerzos, así como en la construcción de memoria colectiva.

El Alto Comisionado de la ONU emite duros informes sobre Venezuela, al igual que otros organismos internacionales. Sin embargo, el gobierno mantiene su política de tierra arrasada. Entonces, ¿para qué sirven estos organismos y las denuncias que se presentan ante ellos?

Lamentablemente estos mecanismos no han tenido un efecto disuasivo en cuanto al cese de la persecución; sin embargo, son las vías que necesariamente se deben recorrer para documentar y acumular las evidencias necesarias para futuros procesos de rendición de cuentas. Sin ello estaríamos renunciando a la justicia y resignándonos a la impunidad y, con ella, a la repetición de estos crímenes. Si bien los tiempos de la justicia internacional no son los tiempos de las víctimas y sus urgencias, la esperanza de justicia es en mucho lo que las soporta ante el horror.

Quisiera que en este contexto analizara las agresiones que están sufriendo en particular las mujeres. Si bien existen antecedentes tan graves como el de la jueza Afiuni, parece que ahora ha aumentado la arremetida contra mujeres políticas y activistas sociales. ¿Coincide con esta apreciación? ¿Por qué ocurre esto?

No pudiera afirmar que existe una política de persecución basada en género. Al contrario, la cantidad de mujeres presas por razones políticas es significativamente inferior a la cantidad de hombres presos por estas razones. Actualmente, de 1080 presos políticos, 903 son hombres y 177 son mujeres –de los que tenemos registro–, de tal manera que creo que habiéndose incrementado exponencialmente el número de presos, el incremento de mujeres presas atiende a esas proporciones.

Sin embargo, enfáticamente debo afirmar que sí existe un daño diferenciado en las mujeres que va desde las condiciones de reclusión, la separación de su familia –muchas de ellas son madres– y otros daños. Es mucho decir que a una mujer se le torture con la misma crueldad que a un hombre (golpizas, entre otras), añadidos tratos crueles y humillaciones por razones de género.

Están las mujeres que son víctimas porque sus esposos, padres o hijos están detenidos, pero también están las que sufren directamente los ataques de los cuerpos represivos. ¿Cómo evalúa esta nueva realidad y las implicaciones para la sociedad venezolana?

En el caso de las mujeres, tanto como en el caso de los adolescentes, insisto en un daño diferenciado: los impactos de la prisión de ellos atañen directamente a todo el grupo familiar y colectivo, es lesionar las fibras más sensibles del tejido social y generar más y más temor en toda la población, es un mensaje claro de crueldad.

Levantar la voz para denunciar los abusos, no frena a los cuerpos represivos. Quizá por eso algunas víctimas prefieren guardar silencio, esperando que callar sirva para negociar o alcanzar mejores condiciones. ¿Qué hacer en estos casos? ¿Mejor guardar silencio para evitar mayores represalias?

El silencio nunca ha de ser una opción, pues lo que genera es más vulnerabilidad de los detenidos, más abandono. Entendemos el inmenso temor de algunas familias de denunciar. Ya hemos hablado de la persecución contra familias enteras, existen de hecho familias presas, y ante esa muy justificada reacción, los activistas, defensores, periodistas y diferentes actores de la sociedad tenemos la enorme responsabilidad de denunciar y visibilizar esta realidad. De hecho, responsablemente puedo decir que tenemos suficientes indicios para creer que los números que reportamos de presos políticos son referenciales de una realidad que puede ser peor, muy probablemente sean muchos más y precisamente insistir en ello es una forma de que se dimensione la situación gravísima en la que nos encontramos.

Su ONG lleva por nombre “Justicia, Encuentro y Perdón”. ¿Cómo lograr que esas tres palabras se hagan realidad en el país?

Agradezco esta pregunta. Ya decía que como organización de víctimas entre nuestros objetivos está que ellas puedan obtener justicia, lo cual es fundamental para cerrar ciclos de violencia y evitar la repetición. Y precisamente para que eso sea sostenible, creemos en la necesidad de reconstruir tejido social, y es ahí donde la palabra encuentro tiene sentido. El perdón no significa renunciar a la justicia, es una invitación a liberarnos del odio y sanarnos y fortalecernos en lo personal y lo colectivo. Eso es lo que, en todo caso, nos garantiza no repetir nuevos ciclos de violencia que pudieran generarse precisamente por la impunidad y por el riesgo consecuente de que víctimas se conviertan en victimarios.

La justicia es la garantía de la paz y la paz solo es posible entre todos. El perdón sin impunidad nos acerca a esa meta, mientras que el odio nos aleja y nos somete.