Maduro ante la CPI

Noticias desde La Haya:
Genera muchas dudas la gigantesca contradicción de los representantes de Maduro en la Corte Penal Internacional, porque dijeron hoy en la Asamblea General que confían en el trabajo de la CPI y cooperan con ella, mientras en Caracas, en paralelo, anunciaban su intención de denunciar el Estatuto de Roma para tratar de salirse de la Corte, que en estos momentos investiga crímenes de lesa humanidad en el país.

En términos diplomáticos, Venezuela vuelve a mostrar signos graves de dispersión e improvisación.

La Corte Penal ha anunciado el cierre de la Oficina de la Fiscalía en Caracas por falta de complementariedad y por irresponsabilidades propias de un grupo de poder que desconoce tratados internacionales. Pero la absurda respuesta desde el parlamento de Maduro es demostrar abiertamente que sí se desconocen y se les huye a esos tratados de protección de derechos humanos que son fundamentales. Y de ahí parte este absurdo de fingir apoyos en La Haya, mientras en Venezuela se mantienen personas nacionales y extranjeras en desaparición forzada, incomunicadas, víctimas de torturas y tratos crueles, violencia sexual, sin derecho a la defensa ni a las visitas consulares, y en las calles se sigue persiguiendo a disidentes políticos y a sus familias.

Toda esa información llega al tribunal más importante del planeta porque ya los afectados no son solo los venezolanos, sino también decenas de rehenes extranjeros que lo sufren, junto a las cancillerías y los cuerpos diplomáticos que observan la deriva del chavismo y su aparato represor.

Pueden escuchar el video de Venezuela una y otra vez para ver cómo la mentira es el lenguaje oficial de esta era. Dice: “En cualquier caso, Venezuela, por supuesto, como ha señalado en su intervención, reitera la cooperación con la Corte y confía en la imparcialidad de sus mandatos”.

También pueden escuchar a los funcionarios en Caracas y ver en ellos un intento por controlar los estados de ánimo y las expectativas de las víctimas sobre el proceso de investigación de la Corte, porque avanzar con el retiro del organismo para nada significaría una paralización o el fin del proceso. Ni de cerca. El propio Estatuto de Roma advierte que, una vez notificados sobre la salida del Estado Parte, esta solo se haría efectiva un año después, y aun así quedan activas todas las investigaciones, casos y señalamientos contra perpetradores de los crímenes cometidos durante los años en los que el país ha sido parte de la Corte Penal. Lo único que se anularía sería el cargo de quienes calientan la silla de Venezuela en la Asamblea.

Así que irse es inútil cuando lo investigado sobre Venezuela son —y siguen siendo— los crímenes atroces cometidos de 2014 en adelante.

Con Filipinas ocurrió igual. Ya esto pasó. Se fueron corriendo de la CPI cuando la investigación avanzaba, y hoy Rodrigo Duterte, su expresidente, está durmiendo en el centro de detención de La Haya, aunque su país siga fuera del organismo. Eso no lo salvó.

Lo único que cambia con un Estado que se sale de la Corte es que no se espera su cooperación ni su ayuda, y eso con Nicolás Maduro era exactamente lo que ya ocurría: nula cooperación. Justo por eso la Fiscalía de la CPI decidió cerrar su Oficina en Caracas, porque no espera nada más de quienes podrían ser los perpetradores en el banquillo.

La investigación, las acusaciones y las órdenes de captura pueden seguir adelante libremente, muy a pesar de quienes aún mantienen secuestrado al Estado venezolano. Esa es la verdad y por eso el discurso oficial no cala ni causa miedo entre las víctimas que siguen el camino de la justicia. Esto sigue.