Foreign Terrorist Organization y el ultimátum

El domingo 16 de noviembre, el secretario de Estado Marco Rubio publicó un mensaje que marca un antes y un después en la política hemisférica: “The Department of State intends to designate Cartel de los Soles as a Foreign Terrorist Organization (FTO)”. Fue un anuncio formal, deliberado y definitivo. Si algo dejó claro Rubio es que la decisión ya está tomada. A estas alturas, lo único pendiente es el anuncio formal, que llegará cuando la Casa Blanca estime que cada pieza —política, jurídica y operativa— está exactamente donde debe estar.

De SDGT a FTO: por qué cambia todo

Hasta ahora, la estructura criminal que dirige Nicolás Maduro había sido etiquetada como Specially Designated Global Terrorist (SDGT), un instrumento poderoso en términos económicos y diplomáticos, diseñado para asfixiar financieramente a redes criminales. Pero su alcance es limitado en el plano militar y jurídico extraterritorial: no criminaliza de manera automática el apoyo material, no habilita operaciones directas ni convierte a los colaboradores en blancos legítimos bajo la legislación antiterrorista. La categoría FTO sí lo hace. Por eso el anuncio de Rubio no es un paso más en la escalada, sino un salto cualitativo que cambia la naturaleza del conflicto. Una organización designada como FTO deja de ser un actor de crimen organizado y pasa a ser tratada como una amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos. Esa transformación tiene consecuencias estratégicas, diplomáticas y militares.

La fecha anunciada para la designación formal —lunes 24 de noviembre— confirma algo más: la administración Trump está actuando con una precisión quirúrgica y con un objetivo claro. Siete días entre el aviso público y la acción oficial no es un margen para la improvisación, sino la culminación de un proceso que comenzó mucho antes y que ha sido construido con paciencia, disciplina y una narrativa coherente.

La construcción del “caso” contra la narcotiranía (enero–noviembre 2025)

La secuencia de hechos lo demuestra. En enero, recién asumido, el gobierno de Trump emitió una orden ejecutiva instruyendo a su aparato de seguridad a clasificar a los principales cárteles del hemisferio como organizaciones terroristas, abriendo explícitamente la puerta a sustituir el enfoque antidrogas (insuficiente frente a un Estado-cártel) por una estrategia contrainsurgente y antiterrorista. El paso decisivo llegó el 25 de julio, cuando el Departamento del Tesoro, vía OFAC, designó al Cártel de los Soles como SDGT y transnational terrorist group bajo la EO 13224, vinculando formalmente a Maduro y a la cúpula chavista con organizaciones como el Tren de Aragua y el Cártel de Sinaloa. Días después, se elevó a 50 millones de dólares la recompensa por la captura del propio Maduro, describiéndolo como jefe de dicha estructura. La narrativa criminal y terrorista quedaba institucionalizada.

En paralelo, el componente militar comenzó a moverse. En agosto se anunció un despliegue de magnitud inédita en décadas: unidades aéreas, navales y de inteligencia reposicionadas en el Caribe y el Atlántico occidental con el objetivo explícito de enfrentar amenazas de organizaciones narcoterroristas. Para finales de octubre se comunicó que el portaaviones USS Gerald R. Ford, el más poderoso del mundo, se uniría al dispositivo; el 11 de noviembre llegó finalmente al área de responsabilidad de SOUTHCOM. Con él, llegaron destructores Arleigh Burke, aeronaves F/A-18 Super Hornet, plataformas de guerra electrónica Growler, helicópteros antisubmarinos y más de 75 aeronaves embarcadas. Ya estaban en la región bombarderos estratégicos B-52H y B-1B, drones MQ-9 Reaper, cazas F-35, aeronaves P-8 Poseidon, y un arsenal de más de 250 misiles Tomahawk y JASSM. A esto se suman el grupo anfibio Iwo Jima y la 22ª Unidad Expedicionaria de Marines.

Ese despliegue tiene un propósito: generar condiciones tácticas para actuar si la decisión política así lo exige. No es un gesto simbólico ni una demostración de músculo. Es la antesala operativa de una campaña. Y es precisamente en ese punto donde la dimensión militar y la dimensión jurídica se encuentran: la designación FTO cierra el marco legal que faltaba para que una operación contra el Cártel de los Soles no solo sea posible, sino legítima bajo el derecho estadounidense.

La legitimidad venezolana: un elemento central del caso

Ese cierre de pinzas —legal, político, narrativo y militar— coincide con otro elemento decisivo: la existencia de un gobierno legítimamente electo y un liderazgo democrático incuestionable en Venezuela. La derrota del chavismo el 28 de julio por 40 puntos consolidó un mandato popular sin fisuras y dejó sin argumentos a quienes, durante años, sostuvieron que la salida debía ser exclusivamente electoral. Al desconocer el resultado, instaurar un aparato sistemático de terrorismo de Estado y multiplicar sus operaciones criminales internas y transnacionales, la tiranía terminó de destruir su propia narrativa. Todo lo que vino después (la represión, las detenciones, los asesinatos, la persecución, el secuestro de más de dos mil venezolanos, incluidos más de 150 niños) convirtió la lucha en algo que trasciende lo político y se inserta en el terreno de lo delincuencial y lo geopolítico.

Desde afuera, esa legitimidad interna se ha traducido en un factor central del “caso” estadounidense. No se trata únicamente de la amenaza que representa el Cártel de los Soles para Estados Unidos; se trata también del hecho de que Venezuela es hoy un país con un gobierno electo, encabezado por Edmundo González Urrutia, y con un liderazgo democrático mundialmente reconocido, encarnado en María Corina Machado, quien además se ha convertido en una referencia moral internacional. Su figura —ahora reforzada con un Premio Nobel de la Paz— desarma de raíz el argumento propagandístico del chavismo: no hay mayor caos que la permanencia del narcorégimen en el poder.

Por eso la declaración de Donald Trump, apenas una hora después del anuncio de Rubio, debe leerse dentro de esta arquitectura de presión estratégica. “Es posible que tengamos algunas conversaciones con Maduro… Ellos quieren hablar”, dijo. No es una invitación al diálogo, sino un mensaje codificado: el ultimátum está en marcha, pero aún existe una ventana (estrecha, final) para una salida negociada. La clave es entender que este espacio no nace del interés estadounidense por “retomar conversaciones”, sino del hecho de que esta será la última oportunidad que la narcotiranía tendrá para evitar lo que, en este punto, parece inevitable. Y por primera vez en dos décadas, esa conversación no sería con operadores diplomáticos dispuestos a perpetuar un falso equilibrio, como el hoy devenido en lobista del chavismo, Juan González, sino directamente con Trump y Rubio, y bajo la sombra del mayor despliegue militar en el Caribe desde 1989.

El punto de no retorno

El chavismo, fiel a su historia, intentará voltear la narrativa. Dirá que busca “la paz”, que rechaza “la injerencia” o que teme “el caos” post-transición. Pero esos argumentos ya no resisten el menor análisis. Si se llegó al punto actual, no es por presión externa; es porque ellos desconocieron un resultado electoral arrollador y respondieron con fuerza, violencia y expansión del crimen organizado. La sociedad venezolana siguió todas las vías pacíficas posibles. Quienes escogieron la ruta de la fuerza han sido ellos, y por eso enfrentan hoy sus consecuencias.

En este contexto, la política estadounidense hacia Venezuela ha alcanzado un nivel de claridad y cohesión pocas veces visto: desde la Casa Blanca hasta SOUTHCOM, pasando por el Departamento de Estado, el Tesoro, la DEA, el FBI y la Guardia Costera, existe consenso en que el chavismo no es un gobierno sino una organización narcoterrorista que controla un territorio y opera delictivamente dentro y fuera de él. En consecuencia, la única solución posible es desmantelar esa estructura. Todo lo político que se podía hacer ya se hizo. Todo lo electoral también. Lo que queda por resolver pertenece al ámbito de la seguridad hemisférica.+

La historia pocas veces ofrece sincronías tan precisas: un liderazgo democrático legitimado por una victoria aplastante, una sociedad organizada, un gobierno legítimo reclamando su lugar, una narrativa internacional alineada y un aparato militar preparado para actuar. La libertad, en este punto, se puede sentir. Pero no está asegurada. Falta el acto decisivo: el colapso de la estructura narcoterrorista que mantiene secuestrado al país.

La decisión final sigue en manos de la tiranía. Pueden tomar la salida negociada —la última que tendrán— o pueden apostar nuevamente por la fuerza, como han hecho hasta ahora. Estados Unidos, el liderazgo venezolano y la sociedad tienen clara la secuencia: presionar desde dentro y desde fuera hasta que la estructura criminal ceda. La alternativa es permitir que la barbarie siga operando, y ese escenario ya nadie lo considera aceptable.

Todo lo que ocurre ahora es el desenlace de un proceso largo, doloroso, pero por primera vez con la posibilidad real de lograr el objetivo. La libertad se siente cerca, pero todavía no llega. Esta vez no se puede perder, porque el conflicto dejó de ser político para convertirse en una lucha existencial. Lo que está en juego no es un cambio de gobierno, sino la posibilidad misma de que exista una Venezuela en libertad. De que exista una República.