La singularidad histórica del Pacto de Puntofijo

Este próximo 30 de octubre se cumplen 67 años de la firma del Pacto de Puntofijo que abrió paso a un gobierno pluripartidista nunca antes visto en Venezuela por haber sido la primera vez que un gobierno no se sustentaba únicamente en su partido, sino en la coalición de varias organizaciones políticas.

Aquel fue, insisto, un experimento político inédito y exitoso hasta entonces en nuestra accidentada historia política, mediante el cual se pudo integrar -entre 1959 y 1964- un gobierno coaligado entre Acción Democrática (AD), Unión Republicana Democrática (URD) y Copei.

Hubo antes un intento parecido, pero, a diferencia del Pacto de Puntofijo, resultó irrealizable, al iniciarse el fugaz gobierno del general Julián Castro en marzo de 1858, luego del derrocamiento de José Tadeo Monagas y ya en los estertores de lo que el historiador José Gil Fortoul denominó la Oligarquía Conservadora. La iniciativa permitió entonces formar un gabinete de conservadores y liberales, pero al poco tiempo fracasó porque cada bando actuó por su cuenta, lo que impedía la toma de decisiones, mientras el presidente Castro se mostraba irresoluto o pretendía apoyar ambos partidos simultáneamente. En breve tiempo, aquella extraña e imposible coalición se desvaneció y Castro fue depuesto cuando apenas comenzaba la Guerra Federal.

Pudiera decirse en el caso específico del Pacto de Puntofijo que sus antecedentes verdaderos surgieron poco antes de la caída de la dictadura del general Marcos Pérez Jiménez, ocurrida el 23 de enero de 1958, cuando los máximos líderes de los partidos políticos que lo suscribieron -Rómulo Betancourt, Jóvito Villalba y Rafael Caldera, respectivamente- coincidieron en Nueva York e iniciaron entonces conversaciones, luego de analizar con sentido crítico lo ocurrido a mediados de la década de los años cuarenta. Se comprometieron entonces en nuevos propósitos, a través de una auténtica política de unidad nacional en el futuro, mediante el ejercicio de una mayor solidez política e institucional y con altura de miras.

Fue así como el 30 de octubre de 1958 se firmaría en la Quinta “Puntofijo” de la Avenida Solano, sector Las Delicias de Sabana Grande en Caracas, hogar de Rafael Caldera, un trascendental acuerdo institucional entre las tres fuerzas políticas más importantes del país.

La verdad es que, contra mucho de lo que se ha dicho y escrito en todos estos años, ese pacto fue un acuerdo de gobierno por cinco años (1959-1964). Ahora bien, que el Pacto de Puntofijo tuviera influencia en los siguientes cuarenta años, es una de sus indudables consecuencias históricas. Pero -reitero- aquel acuerdo se firmó para ser ejecutado durante el período constitucional 1959-1964 que presidió Betancourt, luego de ser elegido en diciembre de 1958.

Así lo ratificarían varios testimonios de sus protagonistas más importantes. Rómulo Betancourt, beneficiario personal y directo del Pacto de Puntofijo, señalaría en 1959, en su discurso de toma de posesión como Presidente de la República, lo siguiente: “Mucho más profundo que la regularización de la controversia pública y el respeto a las reglas del juego democrático, fue el sentido que se le dio a la tregua interpartidista. Llegó a tan positivos extremos como el de la suscripción, el 31 de octubre de 1958, de un pacto público, en el cual los partidos Acción Democrática, el socialcristiano Copei y Unión Republicana Democrática adquirieron compromisos concretos con la nación, en vísperas de iniciarse la campaña electoral de esas tres colectividades, cada una de ellas con su propio candidato a la Presidencia y con listas propias de aspirantes a cargos electivos en organismos deliberantes. Se comprometieron a darle al debate electoral un sostenido y elevado tono principista, erradicándose el desfogue verbal y la acrimonia personalista; a respetar y hacer respetar el resultado de los comicios; a popularizar un programa común de gobierno y a que se gobernase luego dentro de un régimen de coalición”.

Agregaría a continuación que, a pesar de los augurios en contrario, los compromisos previos a las elecciones se cumplieron, como fracasarían también “los cálculos alarmistas de los descreídos, algunos formulados con la mejor buena intención. He podido llegar a un acuerdo de fondo con los partidos políticos, a través de sus jefes doctores Jóvito Villalba y Rafael Caldera, para la integración de un gobierno de ancha base nacional, donde tienen los partidos adecuada representación, así como también los sectores de la producción sin ubicación partidista y los grupos técnicos”.

El máximo líder socialcristiano Rafael Caldera -posteriormente dos veces presidente de Venezuela- escribiría años más tarde: “El Pacto de Puntofijo fue acordado para un período de gobierno, es decir, para el quinquenio 1959-1964. Fue complementado al cierre del proceso electoral con una declaración de principios y un programa mínimo de gobierno, suscritos por los candidatos presidenciales de los tres partidos y del Partido Comunista, a saber, Rómulo Betancourt (AD), Wolfgang Larrazábal (URD y PCV) y Rafael Caldera (COPEI)”. Y agregaba el ex presidente, como para que no quedara duda alguna al respecto: “No se previó su duración más allá del primer quinquenio, como se acaba de indicar; pero, indudablemente, el espíritu del 23 de Enero, el compromiso solidario de mantener las instituciones por encima de las diferencias partidistas, la defensa de las libertades y de los derechos humanos y el compromiso social, inseparable del derecho y el deber de gobernar, valores que inspiraron el Pacto de Puntofijo, sobrevivieron al término previsto”.

Otro socialcristiano y ex presidente, Luis Herrera Campíns, escribiría años posteriormente que “el Pacto de Puntofijo fue absolutamente diáfano. No engañó a nadie. El voto en pro de alguno de los colores partidistas de URD, Copei o AD era en favor de la constitución de un Gobierno de Unidad Nacional. A los parciales de cada agrupación se les permitía transitar su propio camino, pero los tres convergían en la necesidad de hacer un gobierno solidario. De manera que se ve a las claras la doble significación de Puntofijo: por un lado, un pacto con ribetes electorales para ceñir la disputa a reglas de altura, de compostura republicana y de consideración cívica, y, por otra parte, un pacto ejecutivo, de gobierno”. Y concluiría afirmando: “Se iban a pautar así las grandes líneas de acción político-administrativa para el primer gobierno del nuevo ensayo democrático”.

El Partido Comunista de Venezuela (PCV) no fue llamado a discutir ni a suscribir aquel acuerdo. Sin embargo, su candidato presidencial, el contralmirante Wolfgang Larrazábal, firmó el Programa Mínimo de Gobierno, en representación de URD y PCV, partidos que lo postularon.

En conclusión: las elecciones de diciembre de 1958 las ganaría Betancourt. Las candidaturas de Larrazábal y Caldera alcanzaron la segunda y tercera votación. Inmediatamente, se designó un gabinete de gobierno con tres ministerios para URD (Relaciones Exteriores, Comunicaciones y Trabajo)); dos para AD (Relaciones Interiores y Minas e Hidrocarburos) y dos para Copei (Fomento y Agricultura y Cría). El resto de los Ministerios fueron asignados a personalidades independientes vinculadas a los tres partidos signatarios del pacto.

Los compromisos asumidos

Ese acuerdo fue firmado por Jóvito Villalba, Ignacio Luis Arcaya, Manuel López Rivas (URD), Rómulo Betancourt, Raúl Leoni, Gonzalo Barrios (AD), Rafael Caldera, Pedro del Corral y Lorenzo Fernández (Copei) y estableció cinco grandes líneas maestras:

-Primera: declaratoria solemne de la unidad nacional como primera tarea y compromiso de los signatarios, por encima de cualquier otra consideración;

-Segunda: legitimidad efectiva de las autoridades elegidas en diciembre de ese año y garantía de que ese proceso fortalezca la unidad nacional;

-Tercera: defensa de la constitucionalidad, gobierno de Unidad Nacional y establecimiento de un programa mínimo común;

-Cuarta: diversidad de candidaturas a todos los niveles; y

-Quinta: respeto absoluto a los resultados electorales e integración unitaria del gobierno elegido en diciembre de 1958. 

Como ya se señaló, el Pacto de Puntofijo contenía, además, una Declaración de Principios y un Programa Mínimo de Gobierno. Me voy a detener, específicamente, en este último documento, a fin de establecer el alcance histórico de aquel acuerdo.

Contenía siete secciones:

• 1. Acción política y administración pública:
• Aprobación de una nueva Constitución Nacional, que será la de 1961.
• Regularización de las relaciones Estado-Iglesia.
• 2. Política económica:
• Reconocimiento de la importancia de la iniciativa privada y de las inversiones extrajeras.
• Reforma Agraria en función de la reorganización del régimen de la propiedad de la tierra, garantizando la propiedad privada en función social y económica.
• 3. Política petrolera y minera:
• El Estado venezolano tendrá una mayor y más justa participación en sus beneficios y un mayor control sobre todas las actividades de la industria petrolera.
• Creación de una empresa nacional de petróleos y de una flota nacional petrolera.
• 4. Política social y laboral:
• El trabajo como elemento fundamental del progreso económico y de engrandecimiento del país, protegido y garantizado por el Estado venezolano.
• 5. Política educacional:
• El Estado cumplirá su función docente, sin detrimento del respeto al principio de la libertad de enseñanza.
• 6. Fuerzas Armadas:
• Se establece el principio fundamental de que serán una institución profesional, apolítica, obediente y no deliberante.
• 7. Política inmigratoria y política internacional:
• Reorientación de la política de inmigración en función del progreso del país.
• Respeto a la autodeterminación de los pueblos.
• Cooperación con todas las naciones y adhesión a la Organización de Naciones Unidas (ONU) y la Organización de Estados Americanos (OEA).
• Respeto a los compromisos internacionales, fomento de la política de intercambio comercial y establecimiento de relaciones con todos los países, de acuerdo con las exigencias del interés nacional.

En resumen, se trataba de puntos coincidentes entre las distintas fuerzas signatarias, sin mayor profundidad ideológica, con metas cortoplacistas y caracterizadas por un acento pragmático muy definido, tal como lo exigían las circunstancias del momento y de cara a una gestión de sólo cinco años de gobierno.

1959-1964: “Un quinquenio volcánico

Aquel fue “un quinquenio volcánico”, según una muy significativa expresión del escritor Mariano Picón Salas.

En verdad, aquel gobierno tuvo muchas y graves dificultades. Se estrenó siendo hostigado por sectores de la extrema derecha nacional y caribeña. Desde la República Dominicana, el dictador Rafael Leonidas Trujillo (Chapita) financió y promovió varias conspiraciones, incluyendo el atentado dinamitero en junio de 1960 contra el presidente Betancourt, que por poco le cuesta la vida. Antes se habían producido varios intentos golpistas, incluyendo algunos contra el gobierno provisorio de Larrazábal y Edgar Sanabria, en 1959. En enero de 1960 también se había registrado una ridícula invasión por la frontera colombiana del Táchira a la usanza de comienzos de siglo, por parte del general Jesús María Castro León, quien había sido Ministro de la Defensa de la Junta de Gobierno instalada la caída de la dictadura de Pérez Jiménez.

Luego vino la acción subversiva, terrorista y guerrillera de la extrema izquierda castrocomunista, a raíz de la división de AD que produjo, en 1960, el surgimiento del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) y su alianza con el PCV. Ambos partidos optaron por la guerra de guerrillas, intentando imitar lo que había ocurrido en Cuba años antes, como vía para llegar al poder. Aquello originó, como bien se sabe, un saldo lamentable de muertos. Hubo también, en paralelo, algunos intentos golpistas y otras acciones militares, producto de la infiltración marxista de las Fuerzas Armadas, entre ellas, El Carupanazo y El Porteñazo.

Por cierto, que aquella alianza al final se redujo a AD y Copei porque, a mitad del camino, Jóvito Villalba y su partido decidieron retirarle su apoyo al gobierno de Betancourt por estar en desacuerdo con la condenatoria que hubo contra el gobierno de Cuba y su consiguiente expulsión de la OEA en 1961, en virtud de la acusación de Venezuela contra Fidel Castro y su régimen por estar financiando, armando y entrenando la guerrilla del MIR y PCV entonces.

Todas estas acciones de la subversión castrocomunista fueron vencidas militar y políticamente. La guerrilla del MIR y PCV fue derrotada militarmente por las Fuerzas Armadas Nacionales, comandadas por el presidente Betancourt. En realidad, esa guerrilla la constituían unos pocos focos esparcidos en algunas zonas montañosas, pero que nunca constituyeron una real amenaza para nuestra democracia.

Y lo más importante: también fueron derrotadas políticamente. Porque en las elecciones de diciembre de 1963 los dos candidatos presidenciales del gobierno, Raúl Leoni por AD y Rafael Caldera por Copei, obtuvieron la primera y la segunda votación, respectivamente. Detrás llegaron Jóvito Villalba (URD), Arturo Uslar Pietri (independiente) y el resto de los candidatos. Todo esto significa que en aquellas elecciones -que fueron sumamente concurridas, a pesar de la amenaza de la guerrilla de sabotearlas- los dos candidatos del gobierno obtuvieron la mayoría de los votos de los venezolanos.

Un balance positivo

Nadie debería dudar hoy en día que aquella experiencia del gobierno del presidente Rómulo Betancourt -que también fue fructífera en obras públicas, reforma agraria, política petrolera, economía y finanzas, etc.- tuvo importantes y positivas consecuencias para el desarrollo democrático del país.

Y si bien es cierto que esos 40 años entre 1958 y 1998 no fueron puntofijistas, como de alguna manera se los ha querido calificar, no lo es menos que sirvieron de asiento de lo que hoy muchos llaman la República Civil. Hubo entonces elecciones democráticas y pulcras cada cinco años; hubo alternabilidad en el ejercicio del poder; absoluto respeto a la voluntad popular y un claro desempeño democrático, así como libertad de opinión y de información.

A pesar de sus errores -que los hubo, ciertamente-, el balance histórico de esta etapa ha destacado más bien por sus aciertos, en especial en lo atinente al desarrollo democrático y de todo tipo, gracias a la experiencia inicial del Pacto de Puntofijo y a los esfuerzos de Betancourt y Caldera, unidos o en solitario, entonces y después.

Lo cierto es que no ha habido en toda la historia del país una etapa tan luminosa y progresista como la comprendida entre 1958 y 1998. Éramos entonces un país en crecimiento: en América Latina y en aquellos años, Venezuela fue el país donde más creció la clase media. Éramos un país que se estaba consolidando en muchos aspectos, encaminado hacia nuevas etapas de desarrollo. Desafortunadamente, todo este proceso progresista se interrumpió en los primeros años del nuevo siglo.