Del activismo a la complicidad: el silencio de Alfredo Ruiz

Concebida para proteger a los venezolanos del abuso estatal, la Defensoría del Pueblo aparece hoy en los informes de la ONU como parte de la “maquinaria represiva del Estado”. Sin embargo, casi nadie recuerda a Alfredo Ruiz, el ombudsman que la dirige desde hace ocho años haciendo mutis frente al abuso de poder.

En 2016 la gestión de Tarek William Saab, como Defensor del Pueblo, estaba en boca de la opinión pública. Ese año la Alianza Global de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos (GANHRI, por sus siglas en inglés) decidió bajar su calificación hasta el estatus “B”. Esto significaba que cumplía “parcialmente” lo que se esperaba de ella, teniendo deficiencias en su independencia, pluralismo y eficacia. De esta manera, la DP venezolana perdía derechos en este organismo internacional y solo podía asistir a sus reuniones como observador.

Las denuncias sobre las omisiones de la Defensoría del Pueblo, o las polémicas declaraciones de su director, eran alertadas por organizaciones de derechos humanos y amplificadas por los medios de comunicación. La mayoría de la gente informada identificaba a Tarek William Saab, aunque fuera para circularlo como meme, como “el Defensor”. La Asamblea Constituyente de 2017, diseñada para sofocar las protestas de ese año, premió su incompetencia nombrándolo Fiscal General. En su lugar emergió Alfredo Ruiz, su director adjunto por varios años, garantizando que nada cambiaría en la institución.

Ruiz ha sido el “Defensor del Pueblo” desde esa fecha. En 2024, luego de ignorar la represión a las protestas del 29 y 30 de julio, las personas asesinadas en las manifestaciones, los adolescentes presos o las denuncias de fraude electoral, el 28 de agosto rompió su silencio. Ese día apoyó la decisión de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia, que aseguraba que, a pesar de la falta de evidencias, Nicolás Maduro había ganado las elecciones presidenciales del 28J.

¿Quién es Alfredo Ruiz? ¿Por qué, a pesar de su evidente falta de independencia, la gravedad de sus omisiones institucionales sigue teniendo una repercusión personal tan baja?

Un guardián dormido

La Defensoría del Pueblo (DP) venezolana fue una creación de la Constitución de 1999. Junto al Ministerio Público y la Contraloría General, forma parte del llamado “Poder Ciudadano”. Según su Ley Orgánica, sus mecanismos de intervención para proteger a la población del abuso de poder son varios: desde la investigación de oficio o por denuncia, exigir información a las autoridades, realizar inspecciones y visitas, emitir recomendaciones y alertas, hasta publicar informes periódicos.

Sobre el desempeño de la DP en los últimos años, DJ, un veterano defensor de derechos humanos, opinó a LGA:
“Se ha limitado a realizar labores de educación en derechos humanos, olvidando todas sus otras atribuciones de protección. Ruiz ha sido un jarrón chino. Se mantiene allí precisamente para que la Defensoría no tenga ningún papel en la actual crisis venezolana”.

Hasta diciembre de 2014, cuando fue designado Tarek William Saab como Defensor del Pueblo y este, a su vez, nombrara a Ruiz como su mano derecha, Alfredo era reconocido como un gran activista. Su trayectoria es descrita en el informe El Argos dormido. Responsabilidad de la Defensoría del Pueblo en la situación de violación de Derechos Humanos en Venezuela, realizado por Derechos Humanos de Venezuela en Movimiento.

Según el reporte, antes de convertirse en el ombudsman, Alfredo Ruiz acumulaba una extensa trayectoria en el movimiento de derechos humanos venezolano. Provenía de los movimientos cristianos de base que trabajaban en zonas populares del oeste de Caracas y fue uno de los fundadores de la ONG Red de Apoyo por la Justicia y la Paz, nacida en los años ochenta como respuesta a los abusos policiales en barrios de la capital. Allí ejerció diversos cargos directivos hasta ocupar la Coordinación General. Testimonios citados recuerdan cómo impulsó iniciativas comunitarias en sectores como La Vega y la Cota 905, donde llegó a instalar casas de convivencia que combinaban el trabajo social con influencias religiosas, particularmente de los salesianos.

Hablar de la Red de Apoyo por la Justicia y la Paz es importante para comprender la figura de Alfredo Ruiz. “La Red –nos comenta DJ– tenía una mirada marxista sobre la protección de los derechos humanos. Por eso, cuando llega Hugo Chávez al poder, la organización se separa del resto del movimiento de derechos humanos para trabajar activamente con el gobierno. Desde la perspectiva de diseño de políticas públicas esto no es un pecado. Pero sí lo es que, como defensor, comenzaras a justificar y tolerar el abuso de poder para defender la revolución”.

Según El Argos Dormido, varios directivos e integrantes de la ONG entraron a la nómina estatal como funcionarios: Soraya El Achkar, Pablo Fernández Blanco, Laura Roldán e Ileana Ruiz, entre otros.

El testimonio de OK, quien conoció a la Red de Apoyo en sus primeros años, es citado en el informe:
“Luego del triunfo de Hugo Chávez Alfredo se vinculó estrechamente a Saab, que en ese momento era defensor de derechos humanos, y empezó a hacer activismo vinculado al gobierno. A partir de ahí comenzaron las rupturas con el Alfredo Ruiz que yo conocí, y apareció otro Alfredo, más vinculado a la política. Allí comienza a manipular la defensa de los derechos humanos, pero desde el activismo político, ligado a sectores que en ese momento se conocían como el chavismo duro”.

De su etapa de activista arrastró un hábito hasta su actual rol en la gestión pública. En la Red de Apoyo trabajaron, por lo menos, cuatro familiares directos de Ruiz. El gusto por el nepotismo se mantiene en la actualidad. Su esposa, Laura Roldán, cobra un salario como “Asistente del despacho” del Defensor del Pueblo.

En contraste con sus antiguos principios, Ruiz también parece haber perdido la vergüenza: el 8 de marzo de 2025 la Defensoría del Pueblo, que él dirige, le entregó un premio por su “trayectoria destacada”. La autopremiación reveló la desfachatez de un funcionario que se celebra a sí mismo mientras ha callado frente a lo que ha generado decenas de informes de organismos internacionales. Como una alegoría de su transformación, el evento se realizó en un local de los victimarios: el Salón Venezuela de Fuerte Tiuna.

Parte de la maquinaria

La Misión Independiente de Determinación de Hechos sobre Venezuela de la ONU comenzó sus funciones en 2019, por lo que todos sus informes han ocurrido durante la gestión de Ruiz al frente de la Defensoría del Pueblo. Aunque el foco de sus pesquisas es establecer la cadena de mando que ha permitido que ocurran delitos de lesa humanidad en el país, estas situaciones no hubieran sido posibles sin la tolerancia de la institución que debería defender los derechos de los venezolanos.

En su reciente informe de septiembre de 2025, las alusiones de la Misión a la Defensoría del Pueblo hubieran indignado a aquel taciturno salesiano de 1980. Por ejemplo:

• “Al menos 19 personas privadas de libertad en el centro de Rodeo I estuvieron incomunicadas desde el 15 de diciembre de 2024 por un periodo de tres meses, tras protestar por las condiciones de detención. Estas 19 personas protestaron la incomunicación con la Defensoría del Pueblo al considerarla como un castigo injustificado. La Defensoría ni respondió ni actuó ante la denuncia”.
• “No solo son responsables por las desapariciones forzadas los cuerpos de seguridad que proceden a los arrestos y mantienen a las personas bajo su custodia ilegalmente, sino también (…) la omisión en el cumplimiento de sus funciones de la Defensoría del Pueblo. Todos estos actores son parte de la maquinaria represiva del Estado que actúan de manera coordinada con una finalidad común”.
• “La Misión tiene motivos razonables para creer que, cuando los hechos fueron denunciados por familiares y abogados ante el Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo o a la judicatura, no se tomaron medidas correctivas, se iniciaron investigaciones o implementaron mecanismos de protección para las víctimas, como requieren las obligaciones internacionales”.

Según el conteo realizado por El Argos Dormido entre los años 2018 y 2024, período de Alfredo Ruiz como Defensor del Pueblo, “tendríamos que 1.225 personas han sido torturadas y 40 han fallecido como consecuencia de las torturas bajo su gestión”. Este dato es relevante porque la Defensoría del Pueblo preside, teóricamente, la “Comisión Nacional de Prevención de la Tortura y Otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes”, un organismo creado luego de la aprobación en 2013 de la Ley contra la Tortura, promovida en su momento por el propio Ruiz. No existe evidencia disponible de que ninguno de los funcionarios involucrados en las torturas haya sido objeto de las sanciones establecidas en la norma.

Si la negligencia de la Defensoría ha permitido graves violaciones a los derechos humanos, ¿por qué no existe un mayor señalamiento a Ruiz por su complicidad en los delitos investigados actualmente por la Corte Penal Internacional en Venezuela?

DJ tiene su opinión al respecto:
“Por un lado, a diferencia de su jefe Tarek, Ruiz siempre ha preferido el bajo perfil. Por otro, algunos veteranos defensores de derechos humanos han optado por no pelearse con él, como sí lo hicieron con Saab, en el entendido de que por la vieja amistad Ruiz pudiera darles una mano en caso de desgracia, como ocurrió recientemente con Martha Lía Grajales”.

De defensor a legitimador

La figura de Alfredo Ruiz sintetiza la metamorfosis de un defensor de base en funcionario legitimador del poder. Su paso de las comunidades populares al despacho de la Defensoría del Pueblo muestra cómo la cooptación política desnaturalizó una institución que debía ser un dique frente al abuso estatal.

Hoy, mientras organismos internacionales lo señalan como parte de la maquinaria represiva y las víctimas recuerdan su silencio, Ruiz permanece en su cargo, premiándose a sí mismo como símbolo de una institución que, en lugar de proteger, terminó traicionando el mandato para el que fue creada.

Por ello, uno de los desafíos de un futuro gobierno democrático será reestructurar y revalorizar la Defensoría del Pueblo ante los ojos de la población.