La Venezuela constitucional

Entre nosotros se abre paso una transición inédita. Nuestro país debe atravesar un desfiladero en el que confluyen la naturaleza autocrática del régimen de Maduro, la inserción del crimen organizado en la estructura estatal y la gravitación de potencias dictatoriales que han hecho de nuestro territorio un tablero de influencias, todo lo cual tiene como telón de fondo una degeneración moral y una profunda crisis espiritual de la venezolanidad. Esta singularidad nos impide copiar libretos ajenos. Exige, más bien, anclar con prudencia política cada paso en la Constitución de 1999. Si encaramos con temple esta tarea  podremos convertir la oportunidad de la democratización en algo más que un desplazamiento en las placas tectónicas del poder. Tendríamos la oportunidad única de hacer de Venezuela una potencia constitucional. A continuación, bosquejaré en cinco trazos gruesos mi visión del ensamblaje de la Venezuela constitucional.

Reedificar el Estado

No puede existir la democracia sin un Estado robusto que la preceda y le sirva de asiento. En el caso venezolano, el Estado se ha convertido, a un tiempo, en gangsteril y fallido a la vez. Por eso, debemos rehabilitar todas sus capacidades[1].

En el centro de esta tarea late una obligación crucial: restaurar el monopolio de la fuerza legítima. No hay libertades donde cocaína, milicias, colectivos o “pranes” imponen su ley. La policía debe reencauzarse a la prevención y la persecución del delito dentro del Estado de derecho; el Ministerio Público, a la acción por legalidad y no por consigna; la administración penitenciaria, a recuperar el control efectivo de los recintos. La justicia cotidiana —agua, luz, seguridad, trámites sin corrupción— es la primera cara de la dignidad humana. Se trata de un nuevo Estado que protege, arbitra y respeta la libertad responsable de los ciudadanos.

Reconstruir la Fuerza Armada Nacional

La Constitución ordena una Fuerza Armada Nacional profesional, no deliberante y subordinada al poder civil. Recuperar esa ecuación exige depuración meritocrática, prohibición efectiva de partidización, rendición de cuentas presupuestaria y una nueva doctrina militar democrática, no ideológica: custodiar el territorio, proteger a la población, cooperar con la justicia frente a economías ilícitas y nunca más fungir como árbitro de la política. La recuperación de la soberanía implica cerrar el paso a toda presencia irregular —china, rusa, iraní, cubana—, así como desmantelar el narco-crimen que ha parasitado al Estado. En este sentido, la seguridad nacional en clave constitucional se construye también con cooperación internacional: acuerdos operativos y de inteligencia con Estados Unidos, Europa, Israel y el conjunto de las Américas, siempre bajo reglas transparentes, control parlamentario y respeto estricto a los derechos humanos.

Legitimar los poderes públicos

La democratización se consolida con urnas e instituciones. Una vez iniciado el cambio político y, en tiempo perentorio, una nueva Asamblea Nacional electa democráticamente debe erigirse en dique constitucional, en corazón y cerebro de la renovación institucional del Estado venezolano. Designar con consensos republicanos a todos los órganos del poder público: Tribunal Supremo de Justicia, Poder Ciudadano (Ministerio Público, Defensoría del Pueblo y Contraloría General), Poder Electoral y las demás cabezas institucionales del Estado. El objetivo es claro: levantar la arquitectura legal e institucional de la transición.

Pacto de defensa de la democracia

Algo decisivo para evitar regresiones democráticas y constitucionales es un pacto de pueblo en torno a la justicia y a la Constitución: un acuerdo en el que confluyan el liderazgo de María Corina Machado, la soberanía popular encarnada en Edmundo González Urrutia, los partidos de la Plataforma Unitaria Democrática y sectores oficialistas que decidan purificarse democráticamente. Es un pacto para la defensa constitucional de la democracia a costa de lo que sea. Propongo que su nombre sea Pacto Juan Germán Roscio en defensa de la democracia. Luego, ese pacto debe juridificarse en sede de la AN a través una ley marco de democratización que ordene los pasos de la democratización a lo largo del tiempo, evite aventuras refundacionales y cierre las compuertas por donde el autoritarismo suele regresar.

Justicia transformadora y equilibrio de la reconciliación

La verdad sobre la vejación de los derechos humanos está extraordinariamente documentada al día de hoy: informes de la Misión Internacional de Determinación de los Hechos, del Alto Comisionado de la ONU y de nuestras ONG han expuesto patrones de violación y perfiles de responsabilidad. Somos un caso atípico y único en el cual la búsqueda de la verdad de los traumas autocráticos no debe esperar años, sino que está muy bien adelantada.

El desafío no es, por tanto, inventar la verdad, sino convertirla en justicia. Propongo una justicia transformadora con cinco pilares conformes con la Constitución: (1) persecución penal priorizada de los crímenes más graves y de las estructuras de mando; (2) procesos con garantías y defensa técnica para todos —porque sin debido proceso no hay justicia, hay revancha—; (3) cooperación técnica internacional para investigación forense, cadena de custodia y litigio estratégico; (4) reparación integral a las víctimas —incluida la rehabilitación, la restitución y las disculpas públicas—; y (5) garantías de no repetición: reformas en fuerzas de seguridad, control del uso de la fuerza, gobernanza penitenciaria y educación en derechos humanos.

Además, la justicia de la transición debe administrar la memoria histórica con el equilibrio de la reconciliación: “olvidar lo suficiente para no incubar revancha, pero recordar lo suficiente para que el olvido no permita repetir atrocidades”. Por eso, es necesario un archivo público de la memoria —digital, descentralizado y protegido—, un programa de marcación de lugares (centros de detención, escenas de graves violaciones) y una currícula de educación cívica que enseñe lo ocurrido con honestidad y sin instrumentalización partidista. La auténtica reconciliación es verdad, responsabilidad y perdón en clave de Estado de derecho.

La Venezuela constitucional: una República adulta

Todo lo anterior demanda liderazgo con visión y ciudadanía con sed de justicia. Lo tenemos. El liderazgo de María Corina Machado abrió el horizonte; la soberanía popular encarnada en Edmundo González Urrutia le dio cauce democrático; y los partidos de la Plataforma Unitaria Democrática preservaron, entre turbulencias, la idea republicana de justicia. Pero, por encima de todo, hay una fuerza decisiva: la determinación de justicia (constitucionalismo real) de los venezolanos.

Aquí conviene advertir que una República adulta —una Venezuela constitucional— no se decreta: se construye día a día con instituciones que duran, con reglas que obligan y con una cultura cívica que aborrece cualquier camino de servidumbre. Una Venezuela constitucional entendida así es una tarea de patria. Y es, también, la medida de nuestra responsabilidad y del juicio que nos hará la historia.