El Estado que vendrá

En las décadas de 1980 y 1990 la tarea fue la de reformar el Estado venezolano: mucho se avanzó y mucho quedó pendiente. Llegó el régimen de Chávez y luego el de Maduro, períodos en los cuales el Estado fue tomado por asalto y una banda criminal internacional se instaló en el poder dedicada a depredar los recursos del país mediante el control y abordaje ilegal de las instituciones. Venezuela se constituyó en el territorio de una guerra internacional librada por el régimen de Maduro y sus aliados de Cuba, Rusia, Hezbolá, FARC, ELN y otros, en contra de la mayoría de los venezolanos y de los aliados democráticos del hemisferio.

El Estado fue destruido, se fragmentaron las instituciones, se crearon virreinatos militares, policiales y políticos (REDI, ZODI, empresas públicas colonizadas por las mafias, así como territorios bajo férreo control de la delincuencia organizada). Dada la rapiña ejercida contra la institucionalidad pública, la tarea que viene no es la de reformar sino la de refundar el Estado democrático venezolano.

El criterio fundamental es cambiar el sentido de la función pública: se trata de construir un Estado al servicio de los ciudadanos. Eso significa no solo reivindicar a la gente, que es la víctima de la rapiña, sino establecer el centro de gravedad de la gestión pública con —y alrededor de— los ciudadanos. Ante todo, el Estado debe ser útil, amigable y contemporáneo.

Para un Estado de prestación de servicios hay que enfocarse en el servidor público que, siendo también receptor de servicios públicos, es el instrumento para su provisión. Se requieren ciudadanos probos a ambos lados del mostrador, en los dos lados de la taquilla. El que provee debe tener las capacidades para su función y el que recibe el servicio, los valores que le permitan entender que no hay derechos sin obligaciones.

En el momento en el cual comience el gobierno democrático habrá tareas de corto plazo y otras cuyos resultados se obtendrán en el mediano y largo plazo. Las principales orientaciones son las siguientes:

• Políticas dirigidas a garantizar los derechos humanos, la justicia, las libertades políticas, la probidad de los funcionarios y servicios públicos eficientes. Restitución de la libertad para todo el país y también para los funcionarios públicos. Estos no tendrán que uniformarse ni alinearse con un grupo: serán liberados del miedo que la represión ha ejercido sobre ellos. Muchas nuevas actitudes volverán a la función pública, entre otras la alegría de prestar apoyo a la gente, demandante de servicios.
• Carrera de servicio civil meritocrático. Se establecerá para que personas capacitadas tengan interés en participar en la administración pública y se proporcionará reentrenamiento del personal en caso de ser necesario. Se avanzará en la profesionalización del servicio civil, se promoverán los valores esenciales de la cultura ciudadana en el ámbito de los funcionarios y su bienestar laboral será un objetivo inmediato.
• Programa especial para la diáspora. Se desarrollará para los venezolanos que tengan disposición y oportunidad para contribuir desde el sector público en la reconstrucción del país, procurando que tengan opciones viables de hacerlo.
• Reorganización del gobierno nacional. Hay que constituir un Ejecutivo robusto y eficiente y, para lograrlo, concentrar las funciones fundamentales en un número razonable de ministerios.
• Creación de una Delivery Unit en la Presidencia. Será una oficina especial de coordinación de programas prioritarios cuya composición definirá el más alto nivel de gobierno. La creación de esta instancia no requerirá nuevas estructuras: será un instrumento riguroso para la obligatoria articulación de políticas, programas y proyectos entre diferentes despachos gubernamentales nacionales y subnacionales.
• Nueva Asamblea Nacional. Para impulsar el nacimiento de la nueva institucionalidad es necesario un proceso democrático real, ausente por más de un cuarto de siglo, destinado a elegir una Asamblea Nacional representativa con capacidad de decisión, que proceda al nombramiento de los titulares de los otros poderes públicos nacionales que constitucionalmente le corresponde. La Asamblea ilegítima del régimen ha dado paso a instituciones corrompidas hasta la médula; situación que requiere una corrección inmediata y audaz.
• Reforma inmediata del poder judicial. Una vez designadas sus nuevas autoridades, se repararán los daños causados por el atropello, la represión, la violación de derechos y la corrupción. Se procederá a:
  • Crear la carrera judicial para dignificar al juez.
  • Asegurar la independencia de los jueces.
  • Dotar al nuevo poder judicial de los recursos necesarios.
  • Reingresar al sistema interamericano de justicia y dar cumplimiento inmediato a todas las sentencias pendientes.
• Impulso a la descentralización. Se realizará mediante elecciones limpias y libres de gobernadores, alcaldes y legisladores subnacionales en un plazo menor de un año. Se procurará una legítima representación de los ciudadanos y, al mismo tiempo, una coordinación nacional, regional y municipal destinada a producir resultados inmediatos. Se transferirán las competencias administrativas y fiscales necesarias para hacer viable el renacer de la descentralización.
• Gobierno Digital (E-Gov). La aplicación de nuevas tecnologías a la gestión pública propiciará un salto inmenso en las capacidades del Estado. Serán prioritarios la digitalización de los procesos públicos, el gobierno abierto y la innovación para transformar el Estado. Se podrán prestar servicios eficientes a sectores cada vez más vastos de la población, lo que requiere un entrenamiento urgente de los jóvenes funcionarios en las escuelas y universidades, así como reentrenamiento de los funcionarios existentes que deseen participar en el Estado que nace.
• Preparación para el manejo de crisis. La reconstrucción del Estado necesitará una intensa preparación para atender crisis de diversa naturaleza: catástrofes naturales, emergencias sanitarias, problemas económicos graves, conflictos interinstitucionales y severos problemas internacionales. El manejo de crisis tiene que ser una destreza incorporada al quehacer institucional en todos los niveles del sector público.

La creación del Estado democrático del siglo XXI requiere entornos que lo hagan posible. Entre las condiciones institucionales se encuentra, en primerísimo lugar, la existencia de un poder judicial saneado, independiente, dotado de personal y recursos financieros, que permita hacer valer el equilibrio de los poderes nacionales y subnacionales, la protección de los derechos individuales de los ciudadanos, así como los derechos colectivos y de solidaridad, y los derechos emergentes más recientes derivados de los cambios tecnológicos y científicos.

También se requiere que los partidos políticos, las organizaciones no gubernamentales y otras formas de agrupación social tengan la disposición y la capacidad de colocarse al mismo ritmo de desarrollo de las instituciones públicas nacientes. Están obligadas a ser estructuras democráticas, transparentes, guiadas por leyes y reglamentos que impidan la corrupción y otros vicios, tanto en el espacio público como en el privado.

Un Estado guiado por los valores del servicio público: la plena vigencia del Estado de derecho, la integridad para impedir la corrupción y los conflictos de interés, la eficacia y la transparencia, el respeto a los ciudadanos a través de un trato digno y una gestión de alta calidad, y por sobre todo un Estado con la visión, la fuerza, la determinación y el liderazgo para garantizar la libertad, la democracia y el crecimiento.

El Estado al servicio de la gente es componente esencial del programa Venezuela Tierra de Gracia.