Venezuela, Tierra Azul

El 28 de julio de 2024, 21,3 millones de venezolanos fueron convocados a las urnas para elegir al presidente por el período 2025-2031. Este proceso tuvo lugar en el marco de la profunda crisis que Venezuela ha sufrido durante la última década, entre la debacle económica y social y la denunciada deriva autoritaria iniciada durante el gobierno de Hugo Chávez, propulsor de la conocida “Revolución Bolivariana”, y profundizada bajo su sucesor, Nicolás Maduro. Dicha debacle llevó a Venezuela a padecer una de las peores crisis hiperinflacionarias en la historia latinoamericana, así como la mayor crisis migratoria jamás acontecida en suelo americano. Hasta ocho millones de venezolanos han abandonado el país en el lapso de una década, según diversas fuentes independientes y organismos internacionales. Los comicios se vieron precedidos por serias dudas en cuanto a su administración, transparencia y clima general, con críticas tanto a la gestión por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE), considerado afín al régimen gobernante, como al accionar represivo por parte del Estado.

La votación fue convocada anticipadamente y contraviniendo preceptos constitucionales, poco después de la firma de los Acuerdos de Barbados, realizados en la mencionada nación caribeña entre el régimen de Maduro (que resolvió buscar un tercer mandato de seis años) y la opositora Plataforma Unitaria Democrática (PUD). Dicho acuerdo, patrocinado por garantes internacionales, preveía la progresiva normalización institucional de Venezuela y la convocatoria a elecciones transparentes a cambio del levantamiento de las sanciones impuestas por los Estados Unidos contra varios jerarcas del régimen venezolano (incluyendo a Maduro, Diosdado Cabello y otros), sobre los cuales pesan órdenes de captura internacional por su supuesta vinculación con delitos de narcotráfico.

Sin embargo, el régimen de Maduro comenzó a incumplir puntos de los acuerdos a muy poco de firmarse estos y, aun teniendo en cuenta el deplorable historial del gobierno a la hora de gestionar procesos eleccionarios, el proceso fue particularmente irregular. Comenzó con la remoción de la directiva del CNE y su reemplazo exprés por una nueva, muy cuestionada. La represión y el uso del sistema judicial por parte del madurismo, que vio a numerosos dirigentes inhabilitados para competir electoralmente (incluida la líder de la oposición mayoritaria, María Corina Machado, elegida por abrumador margen como candidata de la PUD en sus primarias de octubre de 2023), se saldó con más de un centenar de detenidos antes de que la votación se realizara.

El manejo opaco por parte del CNE, presidido por el exdiputado chavista Elvis Amoroso, derivó en una accidentada inscripción de candidatos, en la cual no se permitió inscribirse a la candidata seleccionada por Machado para sustituirla, Corina Yoris, aun cuando no pesaba sobre ella ninguna inhabilitación política; y un proceso de actualización del Registro Electoral que violó casi todos los preceptos de la Ley Orgánica de Procesos Electorales (LOPRE) venezolana y dejó fuera del padrón a más de cinco millones de votantes potenciales en el extranjero. Finalmente, no se permitió el ingreso de un gran número de actores internacionales para realizar observación electoral, como la Unión Europea o la Organización de Estados Americanos, y solo se permitió una presencia limitada por parte de organizaciones como el Centro Carter o el Panel de Expertos de la Organización de las Naciones Unidas.

A pesar de la violación persistente y flagrante de los acuerdos, la oposición mayoritaria, liderada por Machado y coaligada en la PUD, se presentó a las elecciones y se encolumnó en torno a la candidatura “accidental” del diplomático Edmundo González Urrutia. Opositores y grupos de la sociedad civil organizaron un importante despliegue para garantizar una vigilancia ciudadana del proceso, creándose un mecanismo de defensa del voto a expensas del liderazgo de Machado (la “red 600K” y los llamados “comanditos”), que, integrados al Comando con Venezuela (comando de campaña de Vente Venezuela y la PUD), lograron inscribir y tener testigos en la gran mayoría de las mesas electorales del territorio nacional.

La campaña oficial de tres semanas vio una escalada en la represión (de las más de cien personas detenidas, un 75 % lo fueron durante este período) y denuncias persistentes de abuso de los recursos del Estado por parte del régimen de Maduro, cuyo proselitismo dominó los medios de comunicación. La oposición enfrentó numerosas dificultades para hacer campaña, con casi nulo acceso a los medios de comunicación convencionales (televisión y radio), dependiendo de las redes sociales y la campaña en territorio. A medida que se acercaba el día de las elecciones, el régimen de Maduro endureció su retórica: de exigir que la oposición aceptara el resultado anunciado por el CNE “fuera cual fuera”, Maduro pasó en sus concentraciones a dejar entrever la posibilidad de violencia poselectoral y un “baño de sangre” si resultaba derrotado.

La jornada electoral, aunque relativamente pacífica en términos generales, vio una serie de irregularidades e incidentes aislados. Un caso extremo fue en Araure (Estado Portuguesa), donde la negativa de las autoridades a abrir un centro electoral, a pesar de encontrarse en el lugar una masiva concentración de votantes en espera, provocó disturbios luego de varias horas sin que la votación iniciara. En la mayor parte del país, la votación cerró en el horario programado y se permitió a los electores que aún estaban en fila emitir sufragio.

Pasada la medianoche y en los primeros minutos del 29 de julio, el CNE emitió un primer boletín sobre un supuesto 80 % de actas escrutadas, en el cual declaró ganador a Maduro con un 51,2 % de los votos, contra el 44,2 % de González y un 4,6 % de los demás candidatos. El presidente del ente, Amoroso, declaró la tendencia como “irreversible”, a pesar de que aún faltaban teóricamente un 20 % de actas por escrutar (correspondientes a más de dos millones de votos) y que la declarada diferencia entre Maduro y González era de tan solo siete puntos, lo que la volvía matemáticamente reversible. Asimismo, al escribir los tres valores (de Maduro, González y el resto de candidatos juntos) como porcentajes redondeados a cinco decimales, se obtienen secuencias que terminaban en cinco ceros para cada uno de los tres valores (51.20000 %, 44.20000 % y 4.60000 %). Tal exactitud en la supuesta muestra de 10.058.774 votos que proclamó Amoroso respondía, según estadísticos, a una probabilidad de una en cien millones de darse en un resultado electoral real. Esto, sumado a que el CNE no hizo públicas sus actas, se considera evidencia de un resultado artificialmente fabricado.

Por su parte, el Comando con Venezuela, con Machado y González en conferencia de prensa, declaró la misma madrugada del 29 de julio un triunfo rotundo para la oposición. En horas de la tarde del mismo día, Machado afirmó disponer en ese momento de más de un 70 % de las actas que afirmaban una tendencia irreversible a favor de González. El 30 de julio, el Comando con Venezuela declaró tener en su poder un 81 % de las actas escrutadas, recolectadas por medio de copias obtenidas por sus testigos de mesa, y las hizo públicas por medio de una página web. En la misma se podían consultar los resultados por entidad federal, municipio, parroquia y mesa, así como acceder al acta oficial de escrutinio. Tales resultados daban un triunfo a González con un 67,1 % de los votos válidamente emitidos, contra el 30,4 % de Maduro y un 2,5 % de los demás candidatos, con el candidato opositor ganando en todos los estados de Venezuela y la gran mayoría de sus municipios y parroquias. González obtuvo más votos que Maduro en el 86,60 % de las urnas representadas en las actas, empataron en un 0,17 % y en el 13,23 % ganó Maduro. Días más tarde se actualizó el escrutinio al aparecer nuevas actas, alcanzando un 83,5 % del total.

La última actualización de datos a la que tuvimos acceso, el 4 de enero de 2025, refleja un 85,18 % de las actas cargadas en la página del Comando con Venezuela (aunque el portal Macedonia del Norte, el cual usaremos también como referencia para el análisis de datos, refleja un 85,22 % de actas, encontrándose una diferencia de nueve actas entre un portal y otro).

Se desconoce el contenido de un 14,8 % de las actas, pero, aunque la mayoría se ubican en zonas remotas donde probablemente ganara Maduro, la tendencia a favor de González seguiría siendo irreversible. Aun ganando un 100 % de los votos restantes, Maduro quedaría 1,5 millones de votos por detrás de su retador. Existe evidencia sustancial que apoya la autenticidad de las actas presentadas por la oposición. Estas disponen del código QR producido por las máquinas de votación electrónicas (que permite la lectura fácil de los resultados) y han sido objeto de diversos estudios y verificaciones independientes que las consideran creíbles. Por solo poner un ejemplo: un estudio de Walter Mebane, experto en la detección de fraudes electorales y profesor de ciencias políticas en la Universidad de Michigan, determinó que la probabilidad de que las actas presentadas por la oposición fueran adulteradas es casi nula (0,03 %). Al tomarlas por verídicas, se toma por verídicos sus resultados, puesto que las actas impresas por las máquinas de votación del CNE son irrepetibles.

Fuere como fuese, el anuncio del CNE y la crispación política resultante han provocado una nueva crisis política en Venezuela, cuya resolución queda pendiente. El régimen, negándose a reconocer su derrota o a transparentar cifras para legitimar su supuesto triunfo, desató una intensa oleada represiva, a lo que se sumó el estallido de protestas espontáneas en contra del proceso, con decenas de muertos, múltiples heridos y la desaparición de dirigentes y militantes opositores a lo largo de los siguientes días. La oposición declaró la legitimidad de su triunfo y ha comenzado una campaña internacional, así como una serie de movilizaciones esporádicas pacíficas. Machado y González no han dado su apoyo a un estallido violento o a una movilización a gran escala y continua, prefiriendo, en cambio, un enfoque tranquilo y de defensa del resultado publicado por el Comando, exigiendo negociar con Maduro una transición por medios pacíficos.

Independientemente del devenir de esta situación, nos queda un proceso electoral convulso, tumultuoso, con mucho para contar en materia de comunicación política, organización cívica para la vigilancia electoral en un contexto difícil y estrategia en general. El presente escrito tiene, pues, la misión de dar un repaso al proceso electoral del 28 de julio desde su contexto, su campaña y su realización, hasta el anuncio de los resultados. Asimismo, se buscará realizar un análisis de las cifras que figuran en las actas publicadas por el Comando con Venezuela, entendiendo que son las que más se acoplan a darnos un resultado “real” de las elecciones. Sin embargo, también daremos un repaso a la estrategia del régimen venezolano para subvertir el proceso y retrasar el anuncio de los resultados definitivos.

El trabajo no tiene la intención de hacer pronósticos o predicciones sobre lo que va a ocurrir, al ser esto imposible tanto por su inutilidad analítica como por lo accidentado de la situación actual, pues al día de hoy no es posible determinar qué va a suceder y todo cambia a un ritmo muy acelerado. Cualquier intento de análisis predictivo en estas circunstancias y en un escrito de semejante longitud y características se vería ensombrecido por su muy probable rápida obsolescencia. Simplemente, se trata de dar un contexto a Venezuela, con énfasis en lo ocurrido el 28 de julio, además de un análisis debido a unas cifras que, hoy por hoy, son las que gozan de mayor legitimidad (a ojos de numerosos expertos y observadores) para reclamar ser los resultados de las elecciones presidenciales venezolanas de 2024.

Asimismo, la autoría del presente trabajo reconoce una serie de licencias en los ámbitos investigativo, periodístico y politológico que, ante la necesidad de garantizar la concentración y difusión de la información sobre un proceso accidentado, realizado hace muy poco tiempo y en medio de un considerable hermetismo, ha sido necesario tomarse. Hubiese sido muy positivo —y no se descarta la realización en el futuro— un trabajo que reúna todas las condiciones para ubicarse con éxito en cualquiera de esos ámbitos, sin necesidad de desviación alguna de la técnica, como muchos trabajos existentes en el área. No dudamos del hecho de que los acontecimientos del 28 de julio de 2024 en Venezuela representarán, para todos estos rubros académicos, una mina de oro en más de un sentido.

En cuanto a las fuentes consultadas, este escrito se realizó con el apoyo de numerosas notas periodísticas en medios de comunicación internacionales publicadas durante la campaña electoral, así como medios de comunicación independientes en la propia Venezuela; el material audiovisual y fotográfico difundido en las cuentas de redes sociales de los implicados; entrevistas con implicados, en particular vinculados tanto a la Plataforma Unitaria como al Partido Comunista de Venezuela; la legislación electoral y las normativas constitucionales, que son de fácil acceso; los diversos informes internacionales publicados por instituciones encargadas de observación internacional, como el Centro Carter y el Panel de Expertos de las Naciones Unidas; y, por supuesto, los resultados que figuran en las actas difundidas por el Comando con Venezuela a través de la página web resultadosconvzla.com. Algunos comentarios y valoraciones sobre el proceso, su preludio y sus resultados son objeto de elaboración propia, pero siempre teniendo en cuenta el material empleado como referencia.

Venezuela, Tierra Azul – Las Elecciones Venezolanas de 2024 by La Gran Aldea