¿Estado de Derecho o inmigración ilegal?

Rareza americana

Los domingos por la mañana, Ann Arbor lucía como un pueblo fantasma. No tenía carro y la mayoría del tiempo hacía demasiado frío como para salir a alguna actividad que no fuese clase o estudio. Me habían invitado a desayunar, y el sitio a donde íbamos involucraba cruzar el pueblo de una punta a otra. Las hileras de casas estilo “victoriano” de tonalidades pasteles, se cruzaban con otras hileras de casas muy parecidas. Antes de cada una de las intersecciones, aparecían de la nada unos símbolos rojos en forma de chupetas con un “Stop” como envoltura. Calles desiertas, ni una sola alma. Aun así, mi amiga americana, quien conducía, no dejó de pararse cada vez que nos topamos con una de esas chupetas. Frenaba por completo, veía a un lado, al otro, después acelera, dejando a la última chupeta atrás hasta conseguirse con la próxima. 

Aquello era desesperante. 

No entendía cómo, si evidentemente no había nadie, mi amiga no continuaba de largo. 

Reagan, otra vez

La última reforma migratoria en Estados Unidos de envergadura ocurrió en 1986, durante la presidencia de Ronald Reagan, denominada en inglés: Immigration Reform and Control Act. La población de inmigrantes ilegales estimada era de 3,2 millones antes de la reforma, cerca de 1,3 millones de personas se acogieron a la nueva ley. Poco duró aquel resultado. A partir de 1988, la inmigración ilegal en los Estados Unidos aumentó de nuevo. 

Entre 1998 y el 2000, de 1,9 millones de inmigrantes ilegales se pasó a 7 millones. Entre el 2000 y finales del 2005, volvió a subir llegando a 11,5 millones. Entre el 2006 y el 2020, se mantuvo en alrededor de 11 millones. Entre el 2020 y el 2024, durante la administración Biden, esos 11 millones, en promedio, de los pasados 15 años, subió a un estimado de 14 millones de inmigrantes ilegales.

Casi 40 años

Durante casi 40 años, desde 1988 hasta nuestros días, entre las presidencias de: Bush Sr. (1989-1993), Clinton (1993- 2001), Bush Jr. (2001-2009), Obama (2009-2017), Trump (2017-2021) y Biden (2021-2025), Estados Unidos ha tenido una población de inmigrantes ilegales significativa.

Conviene aquí hacer una precisión: Cuando algunos hablan de inmigrantes indocumentados en realidad se refieren a inmigrantes ilegales. Si existe una ley, en este caso de migración, y alguien no la cumple, pues está fuera de la ley, es ilegal. 

 Si revisamos, por otro lado, la migración legal, después de la reforma de Reagan en 1986, el número ha sido relativamente estable. Alrededor de un millón de naturalizaciones (obtenciones de “green card”) por año. Un millón (en promedio) al año durante los gobiernos de: Bush Sr. (1989-1993), Clinton (1993- 2001), Bush Jr. (2001-2009), Obama (2009-2017), Trump (2017-2021) y Biden (2021-2025). 

Conviene entonces hacer otra precisión. Cuando algunos argumentan que Trump es antiinmigración, quizás se refieren a la inmigración ilegal, no a la legal. Trump, al igual que todos los presidentes después de Reagan, ha permitido la legalización de más o menos la misma cantidad de personas por año. En donde hay diferencias, es en la inmigración ilegal. 

El viraje de Trump 

A partir de enero del 2025, con el segundo mandato de Trump, ha habido cambios en materia migratoria. Con escasos ocho meses del nuevo gobierno, son pocas las cifras oficiales que se pueden utilizar para hacer comparaciones significativas. Sin embargo, dos indicadores reflejan la nueva situación:

Encuentros fronterizos: Se comportaron de la siguiente forma: En 2021, 2022, 2023 y 2024, durante la administración Biden, hubo: 1,9 millones, 2,7 millones, 3,2 millones (máximo histórico) y 2,9 millones, respectivamente. Lo registrado en 2025, durante lo que va de la administración Trump, suma 639 mil. Sin embargo, mensualmente, ha descendido a 25 mil (últimos 3 meses), lo que arrojaría un proyectado anual de 300 mil encuentros fronterizos. 

Detenciones:El número promedio de personas en detención cada día, se ha comportado de la siguiente forma: Durante la administración Biden, en 2021, 2022, 2023 y 2024, respectivamente: 19.4 mil/día, 22.6 mil/día, 28.2 mil/día y 37.7 mil/día. En lo que va del 2025, durante el gobierno de Trump, el promedio diario está muy cerca de 60 mil/día. 

El contraste entre la administración Biden y los ocho meses de Trump plantea la siguiente pregunta:

 ¿Qué le conviene más a Estados Unidos en materia migratoria? 

Costos y Beneficios de los extremos

Un ejercicio útil para poner el problema en perspectiva es ubicarse en los extremos y evaluar posibles beneficios y costos. Por un lado, una política de fronteras abiertas, por otro, el cierre completo del país o inmigración “cero”.

Quienes apoyan fronteras abiertas señalan los siguientes beneficios: 1) Crecimiento económico: aumenta oferta laboral, la demanda agregada y la creación de nuevas empresas; 2) Innovación y productividad (impulsados por competencias y perspectivas extranjeras); 3) Aportes fiscales: más gente genera mayores ingresos al fisco; 4) Derechos humanos: Países ricos deberían acoger a personas de sitios empobrecidos o en conflicto; 5) Demografía: se mantiene o crece la población. 

Quienes se oponen a fronteras abiertas señalan los siguientes costos: 1) Presión salarial: al incrementar la oferta de personas en ciertos trabajos, los niveles salariales decrecen o no suben. 2) Sobrecarga a los servicios públicos, especialmente en el corto plazo; 3) Efecto negativo en el mercado laboral: Aumenta la competencia para ciertos trabajos; 4) Seguridad nacional: Incremento de personas indeseadas (terroristas, delincuentes, etc); 5) Asimilación y cohesión social: No todas las culturas se adaptan de igual forma a la vida en Estados Unidos.

En la política del otro extremo, cerrar completamente las fronteras, sus defensores señalan los siguientes beneficios: 1) Seguridad nacional: Evita el ingreso de personas indeseadas; 2) Preservación cultural y cohesión social: Otras culturas pueden crear tensiones sociales; 3) Mejor gestión de recursos y del medio ambiente: Controlar la población interna disminuye daños al medio ambiente e infraestructura.; 4) Protección del mercado laboral doméstico.

Los críticos a la política de fronteras cerradas argumentan en contra señalando los siguientes costos: 1) Menor potencial de crecimiento económico: Para que la economía crezca, la población debería crecer también; 2) Se olvida el humanitarismo: Ayudar a personas pasando por situaciones difíciles; 3) Es extremadamente difícil cerrar 100% las fronteras, o evitar que personas con visas vencidas se queden; 4) Impacto en pérdida de innovación, con menos perspectivas y competencias diversas.

Vale la pena hacer una comparación similar, con el estado de derecho. 

En un extremo, los países con poco o ningún estado de derecho y en el otro, los países con más estado de derecho.

Estado derecho entendiéndose como: el poder del estado limitado y regulado por leyes. Gobernantes y ciudadanos están sujetos a la ley. Nadie está por encima de la ley, se protege así derechos y libertades individuales.

 En un extremo: la inexistencia de estado de derecho se encuentra en los países no democráticos. En el otro extremo, los que lo poseen, sólo son los países democráticos. Y dentro de ese grupo, los que más tienen estado de derecho, separación de poderes, entre otras características, son los de economías más desarrolladas. Entre ellos, Estados Unidos.

La contradicción

Tanto demócratas como republicanos, después de Reagan, se han beneficiado políticamente de la inmigración ilegal. El costo: debilitar el propio estado de derecho.

¿Para qué sirve una ley si no se cumple?

El estado de derecho es un valor fundamental de Occidente. No hay, hoy en día, un país o una civilización no democrática en donde esta exista. 

Y se puede perder de forma relativamente fácil. No solamente con un dictador. Basta que por alguna razón se deje de cumplir alguna ley para que cualquiera justifique hacer excepciones en otras, amparándose en el incumplimiento de la original. 

Es innegable que la situación de muchos inmigrantes ilegales es dramática. Pero casi cuarenta años permitiendo el incumplimiento de la ley de inmigración de forma tan abierta, hecho comparable sólo con países sin estado de derecho, probablemente tenga consecuencias dañinas para Estados Unidos. Sino las está teniendo ya.

El trade-off

Dice el profesor Thomas Sowell, los problemas no se resuelven, solo se eligen trade offs de resultados. 

Entonces:

¿Inmigración ilegal o estado de derecho? 

Estado de derecho. 

No se puede tener una con la otra, sin consecuencias. Es más fácil reformar las leyes migratorias, aunque parezca difícil, que recuperar el estado de derecho, una vez perdido. 

Y esto no es una abstracción. Para los americanos pro-Trump, esta sistemática violación de la ley de migración desde 1988 les trajo como consecuencia a Biden y la política de aún más inmigrantes ilegales. En el caso de los estadounidenses anti-Trump, el incumplimiento de la ley les trajo (junto a otros factores) al mismo Trump. A los “no alineados”, les trajo esta polarización forzosa.

 Un ejemplo reciente de la dinámica anteriormente descrita: No alzó vuelo para nada la propuesta del “Governator” Schwarzenegger: legalizar a las personas que ya están dentro del país, hacerlo luce menos costoso que perseguirlos y deportarlos a todos. Catorce millones de personas no es poca cosa. Propuesta razonable: propuesta ignorada.

Realidad difícil de digerir

Falta discusión pública con hechos, evidencias y propuestas prácticas para enfrentar el problema de la migración. Por un lado, lo impide el anti-Trumpismo visceral, por el otro, el desentonar con el líder actual de la casa blanca, ambos extremos, junto a la obsesión por lo “políticamente correcto”, limita discusiones abiertas sobre temas “sensibles”. 

Y la ironía es que quien está haciendo cumplir la ley vigente de migración es Trump, a quien se le acusa de haber violado otras. 

El estado de derecho permite la posibilidad de tener leyes restrictivas o permisivas sobre la migración, de acuerdo con el consenso entre los representantes elegidos, producto de las instituciones funcionando, traducido en ley. La migración ilegal, como lo es incumplir cualquier ley, socava el estado de derecho.

Muchos americanos que conocí mientras viví en Estados Unidos, hace veinte años, se comportaron en diferentes situaciones de forma muy parecida a mi amiga parándose en cada uno de los “Stop” en las calles de Ann Arbor. No era una “rareza”. No hacía falta que los vigilaran, tampoco temían por las consecuencias del incumplimiento, no era necesario un policía cerca o una cámara de seguridad, el respeto a la ley estaba internalizado. 

Y sí, el respeto a leyes tan básicas como las de tránsito es muestra de la “buena salud” del estado de derecho imperante.

Más aún, el respeto a la ley de migración.