Informe Sin Mordaza: la libertad de expresión en Venezuela bajo asedio total

El último Informe Semestral de Libertad de Expresión 2025, presentado por la ONG Un Mundo Sin Mordaza, documenta con cifras, metodología rigurosa y referencias jurídicas internacionales lo que millones de venezolanos viven día a día: el régimen chavista ha convertido la libertad de expresión en un delito y al periodismo en un acto de resistencia.

302 violaciones en seis meses

Entre enero y junio de 2025 se registraron 231 casos que generaron 302 violaciones al derecho a la libertad de expresión. La cifra habla por sí sola: se trata de un patrón sistemático de represión estatal, ejecutado a través de cuerpos de seguridad, organismos regulatorios y estructuras paraestatales.

• 148 detenciones arbitrarias, la mayoría por supuestos delitos de “terrorismo” o “conspiración”, especialmente durante las elecciones regionales y legislativas del 25 de mayo. Entre los detenidos hubo periodistas, activistas, líderes comunitarios, economistas e incluso ciudadanos comunes.
• Desapariciones forzadas de corta duración, utilizadas como mecanismo de intimidación para desarticular protestas.
• 24 agresiones y amenazas contra comunicadores y ciudadanos, cometidas principalmente por cuerpos de seguridad o actores vinculados al poder.
• Bloqueos digitales: 32 de tipo TCP/IP, 1 UDP, además de DNS y HTTP/HTTPS, dirigidos contra medios independientes y cuentas que publicaban información económica, como la cotización del dólar paralelo.
• Cierre de medios: cuatro radios comunitarias en Portuguesa, Táchira y Bolívar fueron confiscadas o clausuradas, dejando comunidades enteras en silencio.

Censura y desinformación: el modelo oficial

El informe muestra cómo el régimen combina la censura directa con la desinformación estatal. Por un lado, bloquea páginas, persigue a periodistas, allana medios y criminaliza la crítica. Por otro, utiliza canales oficiales y redes sociales controladas para difundir narrativas manipuladas, desacreditar voces críticas y legitimar la represión.

El resultado es un monopolio informativo que no solo impide el acceso a información independiente, sino que también convierte la mentira en política de Estado. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que esta falta de pluralismo destruye la esencia del debate público democrático. Venezuela es hoy ejemplo de ello.

Las leyes como armas de represión

El andamiaje legal del chavismo se ha convertido en una maquinaria de censura institucionalizada:

• La Ley contra el Odio, calificada como “alarmante” por la CIDH, impone penas de hasta 20 años de cárcel por opiniones críticas, bajo tipificaciones ambiguas.
• La Ley Simón Bolívar contra el Bloqueo (noviembre 2024) otorga facultades discrecionales al Ejecutivo para bloquear medios y redes sociales bajo la excusa de la “defensa nacional”.
• La Ley de Fiscalización y Regulación de ONG (noviembre 2024) criminaliza la asociación civil y restringe el financiamiento, asfixiando a las organizaciones que defienden derechos humanos.
• El Proyecto de Ley de Inteligencia Artificial busca instalar un aparato de vigilancia y control digital, con la excusa de la regulación tecnológica, pero con un claro potencial represivo.

Todas estas normas, advierte Sin Mordaza, contradicen la Constitución venezolana y los compromisos internacionales en materia de derechos humanos, configurando un modelo de “legalidad represiva” que consolida el autoritarismo.

Un país donde informar es resistir

El informe de Sin Mordaza concluye que la represión contra la libertad de expresión en Venezuela no es un exceso puntual, sino una estrategia de Estado sostenida. La combinación de detenciones, censura digital, cierre de medios, criminalización de ONG y desinformación oficial constituye un entramado autoritario diseñado para silenciar cualquier crítica y aislar a la sociedad de la verdad.

Este escenario no corresponde ya a un “autoritarismo competitivo” sino a un régimen totalitario de nuevo cuño, que mezcla represión política, crimen transnacional y censura digital.

Y la conclusión es ineludible: no hay salida democrática ni institucional bajo estas condiciones. Solo vale la libertad.