Sin lugar seguro: TPS para venezolanos en EEUU llega a su fin. 

Las conversaciones sobre migración a menudo se enfocan en la ruta que las personas migrantes utilizan para cruzar la frontera de un país, especialmente si esas rutas son legales o no. Pero estas discusiones rara vez consideran por qué alguien eligió ese camino en lugar de otro. Aún más, esta simplificación pasa por alto cómo las personas migrantes sopesan las incertidumbres de las políticas migratorias cambiantes antes de tomar una decisión que transforma sus vidas.

Este ha sido el caso de Venezuela, cuyo contexto político, social y económico ha estado en la mira internacional durante años. Sin embargo, no fue hasta que hubo un aumento constante de venezolanos buscando refugio que las respuestas políticas de Estados Unidos se volvieron más urgentes. Aun así, las políticas migratorias estadounidenses no son estáticas. Pueden cambiar de manera repentina. Lo que alguna vez se percibió como una fuente de consuelo puede convertirse rápidamente en una fuente de incertidumbre y miedo, como estamos viendo con los migrantes venezolanos.

En marzo de 2021, Estados Unidos extendió el programa de Estatus de Protección Temporal (TPS) como su primera respuesta a la crisis migratoria venezolana. Según el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los EE. UU. (USCIS), es un programa humanitario que ofrece un estatus legal temporal a personas provenientes de países que la persona que ocupa el cargo de Secretario/a de Seguridad Nacional designa como afectados por ‘conflicto armado, desastre ambiental u otras condiciones extraordinarias y temporales en las que se considera inseguro que los nacionales del país regresen’. Dada la situación de represión política, desplazamiento masivo y los efectos de la hiperinflación, la administración Biden otorgó TPS a los venezolanos elegibles que ya residían en Estados Unidos. La designación concedió 18 meses de protección legal que luego se extendió hasta el 10 de septiembre de 2025.

Aunque el TPS no conduce a una residencia permanente, sí incluye protección contra la deportación, puede otorgar autorización de viaje, y hace que los beneficiarios sean elegibles para un Documento de Autorización de Empleo (EAD). Esto fue esencial para los migrantes venezolanos que ya estaban en EE. UU. desde el 8 de marzo de 2021 y que pudieron demostrar presencia física desde el 9 de marzo de 2021. Les abrió un camino para reconstruir sus vidas con más estabilidad y seguridad.

En 2025, la llegada de una nueva administración en Estados Unidos provocó una transformación notable en las políticas migratorias. Cerca del final del mandato de la Administración Biden, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS por sus siglas en ingles) extendió el beneficio de TPS de 2023 hasta el 2 de octubre de 2026, lo que significaba que los venezolanos solo necesitarían volver a registrarse para mantener su TPS. Pero tras el cambio de liderazgo, la administración Trump revirtió esta decisión, argumentando que la terminación del TPS se basa en la conclusión de que Venezuela ya no cumplía con las condiciones necesarias para calificar para TPS. En ese mismo periodo, también se canceló el TPS para otras nacionalidades.

En una declaración de febrero, William Spindler, vocero del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), señaló que la inestabilidad política en Venezuela aumentó aún más tras las elecciones de 2024, y, por lo tanto, ACNUR no recomienda la deportación de venezolanos que han solicitado protección internacional. Aunque este comunicado se emitió en respuesta a las deportaciones masivas, también reconoce que la situación en Venezuela no ha mejorado. A pesar de este reconocimiento internacional y la constante documentación de violaciones a los derechos humanos, el DHS no ha dado una explicación detallada sobre los criterios utilizados para evaluar la situación del país.

En términos generales, esta decisión ha dejado a muchas personas en situaciones de vulnerabilidad, poniendo en riesgo todo lo que han construido con esfuerzo. Como resultado, el cambio de política ha enfrentado resistencia legal. En febrero de 2025, la Alianza Nacional TPS y personas venezolanas afectadas presentaron una demanda: National TPS Alliance, et al., v. Kristi Noem et al. El objetivo es impugnar la terminación del TPS. Inicialmente, un juez federal bloqueó temporalmente la terminación y permitió que el programa continuara. Sin embargo, en mayo, la Corte Suprema de EE. UU. autorizó al DHS a proceder con la finalización de la reasignación de TPS de 2023.

Los venezolanos que renovaron su solicitud bajo la reasignación de 2023 y que recibieron una fecha de expiración hasta octubre de 2026 (antes o el 5 de febrero de 2025), podrán mantener su estatus y tendrán su permiso de trabajo extendido automáticamente por hasta 540 días. Sin embargo, aún existen excepciones, y las decisiones podrían variar según cada caso. Mientras las personas bajo la designación de TPS de 2021 tienen protección hasta septiembre de 2025, no está claro si el DHS renovará su estatus más allá de esa fecha. Para quienes se encuentran bajo esta situación, la incertidumbre legal los deja preguntándose si tendrán que comenzar de nuevo en otro país, o enfrentar el riesgo de ser enviados de regreso al país del que huyeron.

En un artículo publicado por el Sahan Journal, el autor entrevistó a varios venezolanos sobre cómo se sienten respecto al fallo de la Corte Suprema en torno al TPS. La mayoría compartió sentimientos de miedo e incertidumbre sobre su futuro. Como se dijo antes, los caminos legales no siempre son tan accesibles como algunos imaginan. Incluso los venezolanos que han solicitado asilo se preocupan por posibles rechazos y por enfrentar problemas con inmigración mientras esperan una respuesta.

El programa TPS es un ejemplo de cómo las políticas migratorias de EE. UU., pueden cambiar con facilidad. Por esta razón, en las conversaciones sobre migración es necesario reconocer la incertidumbre que generan estos cambios, especialmente cuando las alternativas disponibles no son tan accesibles. 

Lo más importante es reconocer que las incertidumbres que experimentan las personas migrantes no terminan una vez que cruzan una frontera. Las diversas circunstancias en las que pueden encontrarse no deben pasarse por alto en estas conversaciones. Conviene recordar que un componente clave de cualquier diálogo sobre migración es reconocer que las personas provenientes de Venezuela son migrantes forzadas y que buscan protección internacional hasta que la situación del país expulsor cambie.