Las cifras que exponen el floreciente negocio de la trata de personas en Venezuela
Estimaciones propias, basadas en cifras de organizaciones especializadas, señalan que para 2024 al menos 364.500 venezolanos habían sido víctimas de este delito, que había dejado a sus perpetradores unos US$ 2.600 millones.
“Ella me dijo que iba para una actividad social y, cuando la busqué en casa de su amiga, me enteré que habían agarrado las maletas y arrancado para Colombia. Yo quedé sin saber qué hacer o en qué parte buscarla”
Las palabras pertenecen a, Maryori López, la madre de Clarita (nombre modificado), una chica Wajúu que, a principios de 2021, cuando tenía 16 años, decidió dejar sus estudios de bachillerato en el llanero estado Barinas e irse al vecino país, aceptando la atractiva oferta laboral que una “amiga” del colegio le hizo.
Sin embargo, una vez Colombia, en particular en Santa Sofía, un municipio campesino en los Andes, a 52,3 kilómetros de la ciudad de Tunja, la joven descubrió que había sido engañada y fue sometida por un sujeto, líder de una banda delictiva, a todo tipo de abusos, relataron los familiares de la chica al medio colombiano Consejo de Redacción.
Gracias a que la joven logró contactar por teléfono a su padre, las autoridades colombianas pudieron dar con ella a los tres meses de su desaparición y regresarla a su familia.
No obstante, debido a la inestabilidad política y a la emergencia humanitaria compleja en la que se encuentra sumida Venezuela desde 2015, que ha obligado a cerca de 7 millones de personas a emigrar a otros países, casos como el de Clarita son cada vez más frecuentes.
Así figura en el informe “Entre la miseria y la corrupción: Trata de personas en Venezuela”, que Transparencia Venezuela en el exilio publicó, y en el cual se estima el número de venezolanos que fueron sometidos a este delito, que abarca desde trabajo y matrimonio forzado hasta explotación sexual, en 2024 fue de 364.500. La cifra, se explica en la investigación, fue obtenida al cruzar los cálculos realizados por organizaciones como Mulier Venezuela, Walk Free y la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
En 2021, la organización Walk Free, en su Índice Global de Esclavitud, estimó que aproximadamente 270.000 personas fueron víctimas de esclavitud moderna en Venezuela. En ese mismo reporte se identificó a Venezuela como el país latinoamericano con la mayor prevalencia de esclavitud moderna, con 9.5 personas por cada 1.000 habitantes, superando a naciones como Haití y El Salvador. Por su parte, Mulier Venezuela, cree que ese número creció desde entonces 35%.
Entretanto, en el informe “Ganancias y pobreza: Aspectos económicos del trabajo forzoso de 2024”, de la OIT, se afirma que el número de afectados por este crimen en todo el planeta aumentó 27% en la última década. En ese reporte también se indica que el 73% de los afectados son víctimas de trabajo forzado o explotación laboral, mientras que el restante 27% lo son de explotación sexual.
Una factura millonaria
Estos estimados implican que en 2024 las organizaciones criminales que se dedican a este negocio podrían haber facturado en el país unos US$ 2.600.781.540, se lee en el reporte.
Aunque en el informe se aclara que estos cálculos son un intento por dimensionar los ingresos de las redes delictivas por este terrible ilícito, en el documento también se advierte que puede existir una doble contabilidad, pues podría tratarse de fondos que son resultado o forman parte de lo generado en otros negocios de economía negra, como el contrabando de oro, de minerales y de estupefacientes.
Pero Transparencia Venezuela en el exilio no solo intentó cuantificar la cantidad de afectados y los montos que genera este negocio, sino que buscó delinear un perfil de las víctimas y concluyó que la mayoría son mujeres y adolescentes, tal y como el caso con el que inicia este reportaje.
La relatora especial sobre la Trata de Personas de Naciones Unidas, Siobhán Mullally, corroboró lo anterior en 2024 al señalar que “los niños venezolanos migrantes y refugiados son especialmente vulnerables, en particular en el sector informal y con fines de explotación sexual (…)”. En un informe, la relatora advirtió que en por lo menos 24 países se ha explotado a víctimas venezolanas.
Y aunque ciertamente los migrantes son blanco predilecto de las bandas de que tratan con personas, los venezolanos dentro del país no están fuera de peligro. Así, en el informe se recuerda que tanto el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello como la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos para Venezuela de la ONU han denunciado que los hombres son explotados laboralmente o reclutados por grupos armados, y las mujeres captadas para el trabajo doméstico o la explotación sexual en zonas mineras del país.
Las zonas fronterizas, donde actúan las disidencias de las guerrillas y otros grupos irregulares colombianos, son las más peligrosas y propensas a este tipo de actividades, se lee en el reporte.
¿Y las autoridades nacionales?
Como en el caso de Clarita, el engaño es una de las técnicas empleadas por los criminales para captar a sus víctimas, pero no es la única. El rapto, el secuestro, así como el uso de la fuerza u otras formas de coacción, comola extorsión y amenaza, son otros mecanismos que emplean las bandas que trafican con personas, según el informe.
Pese a que en Venezuela hay 15 organismos que tienen competencia para dictar políticas, investigar y sancionar ilícitos vinculados con la trata, son instituciones que incumplen los estándares mínimos exigidos y no realizan esfuerzos significativos para prevenir ni mucho menos erradicar las diversas formas de esclavitud moderna en territorio venezolano, se denuncia en el reporte.
Recientemente las autoridades venezolanas han admitido el problema, pero atribuyen esta problemática a las sanciones que Estados Unidos y otros países han impuesto a funcionarios y exfuncionarios venezolanos.
«Gracias a las medidas coercitivas unilaterales implementadas por EE.UU., donde los más afectados son los niños, niñas y nuestra juventud (…) el permanente ataque ha permitido que las personas tomen la decisión de salir del país sin antes corroborar todas las ofertas engañosas que le plantean los tratantes», afirmó en días pasados el defensor del Pueblo, Alfredo Ruiz.