Surgentes y el sabor amargo de su medicina

El 11 de agosto de 2025, durante la transmisión de su programa televisivo, Nicolás Maduro dedicó parte de su alocución a lo que calificó como “falsa izquierda”: “El fiscal general me llamó para informarme de las contundentes pruebas que van surgiendo, una investigación importante que él lleva, de infiltración que uno no puede creerlo. De verdad. De infiltración con sectores que se les dan de izquierda bohemia y los utilizan como ONG para atacar desde adentro”.

Tres días antes había sido detenida Martha Lía Grajales, una activista colombo-venezolana integrante de la organización Surgentes, quienes en una concentración frente a la sede de Naciones Unidas en Venezuela denunciaba la agresión contra una vigilia de madres de presos políticos. El Ministerio Público informó que había sido imputada por delitos de incitación al odio, conspiración con gobierno extranjero y asociación para delinquir.

Aunque no era la primera vez que alguien proveniente del chavismo era objeto de represalias, si resultaba novedoso que la detención de Grajales fuera acompañada de una campaña coordinada de criminalización contra críticos de izquierda de Nicolás Maduro. Desde los portales oficialistas Venezuela News y Telesur se difundieron reportajes difamatorios que, como explicó Cazadores de Fake News, fueron la base para el posicionamiento de etiquetas no sólo contra Grajales y su organización, sino también contra otros chavistas del espectro disidente.

Uno de los textos, firmado por Vicente Caruso, acusaba a Surgentes de “blanquear grupos violentos y terroristas”, ser parte de la “extrema derecha” y estar vinculada a María Corina Machado. Acusaciones habituales contra cualquier disidencia al gobierno venezolano en los últimos años. Lo trágicamente novedoso, en esta oportunidad, era que ese tipo de argumentos y métodos habían sido utilizados por la propia Surgentes y por iniciativas vinculadas a sus directores –Martha Lía Grajales y su esposo Antonio González Plessman– en el pasado contra ONG independientes, legitimando su estigmatización y persecución en tiempos de Hugo Chávez. Estos grupos del chavismo estaban probando ahora el amargo sabor de la medicina que habían aplicado antes.

De victimarios a víctimas

Esta historia comienza el 15 de febrero del 2004, cuando en su programa “Aló Presidente” Hugo Chávez señala las líneas narrativas principales que deben usarse contra las ONG venezolanas: 1) Su agenda es impuesta por otros (gobiernos extranjeros, partidos políticos opositores) y 2) Su financiamiento tiene como principal objetivo la desestabilización del gobierno. “En ese momento –nos dice Carlos (nombre cambiado por petición de la fuente)- la misma polarización en la que estaba inmersa el país también afectó a las principales organizaciones de derechos humanos que existían en ese momento, especialmente a Provea y la Red de Apoyo por la Justicia y la Paz. En la Red se resolvió rápidamente, pues se identificaron con el chavismo. Por ello no fue causalidad que todos sus directores pasaron a ser altos funcionarios gubernamentales, incluyendo Alfredo Ruiz, el actual Defensor del Pueblo. Pero en Provea se generó un conflicto cuando el sector chavista quiso controlar la organización, logrando la destitución de Carlos Correa, quien era su director en el 2002, año del golpe. Esa maniobra fue liderada por Antonio González Plessman, quien aspiraba ser su director. Cuando no lograron tomar el control, todos los integrantes del sector chavista de Provea se fueron a trabajar para el gobierno”.

Hasta ese momento las ONG históricas de derechos humanos venezolanas formaban parte de una coalición llamada “Foro por la Vida”, la cual fue abandonada por la Red de Apoyo por la Justicia y la Paz en el año 2007. “El chavismo comenzó a tener su propio movimiento de derechos humanos –afirma Carlos-, el cual tenía dos grandes tareas. La primera era asesorar al gobierno. Pero la segunda era contribuir al desprestigio de sus antiguos compañeros, tanto dentro como fuera de Venezuela”.  

María (nombre ficticio), quien ha sido parte de la sociedad civil venezolana en los últimos 40 años, describe su estrategia de la siguiente manera: “Para poder atacar a las ONG siendo funcionarios crearon sus propias organizaciones, financiadas con dineros públicos: Sures, bajo el liderazgo de Cristobal Cornieles, con un perfil internacional. Por otro lado Surgentes, dirigida por Antonio González, con un trabajo mas nacional y comunitario. Comenzaron a cobrar por partida doble: Como funcionarios y asesores del gobierno y, por otro lado, por los proyectos que eran financiados a través de las fichas que el gobierno logró meter en PNUD, UNICEF y otros organismos multilaterales con presencia en Caracas”.  Según el testimonio estas organizaciones se dividieron por el acceso a financiamiento, ya que en un comienzo Cornieles y González eran parte de algo que llamaron “SURDH”, que para diferenciarse del Foro por la Vida se presentaba como “Red Alternativa de Derechos Humanos de Venezuela”.

En un comunicado de enero de 2015 SURDH, con la firma de Cornieles, González y otros, afirman: “a SurDH le sorprende la conmoción que ocasionó la Resolución 8610 -que permitía el porte de armas de fuego por funcionarios en manifestaciones- en la oposición política, en medios privados (nacionales e internacionales) y en algunas ONG alineadas con la oposición (…) En particular, resulta escandaloso que organizaciones de DDHH que se presentan a sí mismas como de un alto perfil técnico, se sumen a una estrategia burda, carente de todo fundamento”. Según el texto las ONG “alineadas con la oposición”, instrumentalizaban el discurso de derechos humanos.

Por su relación con Tareck El Aissami, cuando ejercía como Presidente del Circuito Judicial Penal de Caracas, Cristóbal Cornieles fue detenido en marzo de 2023, acusado de corrupción. Aunque su defensa ha señalado vicios en el proceso Cornieles había negado anteriormente que casos como el suyo fueran “políticos”. En una entrevista del año 2016 afirmó: “-Los detenidos del año 2014- no son presos políticos, pues no está sancionados por delitos de opinión. Las personas detenidas han sido sancionadas por delitos comunes”.

Las paradojas de Antonio González

El 14 de agosto Jeudiel Martínez, sociólogo, escribió en X: “Surgentes inició su trayectoria atacando a otras ONG de Derechos Humanos, en gran medida como un «anti-Provea» ahora los mismos ataques -y burlas- que le lanzaban a las otras organizaciones se los  lanza el gobierno  a ellos. Me pregunto si eso les motivará alguna reflexión”.

Las estrategias de Surgentes contra otros activistas fueron resumidas por María: “Cuando no atacaban directamente lo hacían de manera indirecta a través de acciones torpes e irresponsables. Recuerdo que realizaron campañas de descrédito a través del periódico Ciudad CCS”. El 24 de abril de 2013 una nota de este diario oficialista, firmada por Raúl Pineda, titulaba “Provea es brazo político de la oposición”. El entrevistado del reportaje era Antonio González Plessman, que señalaba: “El 100% de los empleados y directivos de Provea son miembros activos de la oposición (…) Se ve a las claras que la jerarquización de la agenda de los derechos humanos es a favor de los intereses políticos de la oposición”.

María agrega: “No fue casualidad que cuando Antonio lideraba dentro de Provea la movida para la destitución de Carlos Correa, al poco tiempo apareciera un video de una animación en la que una persona con sus rasgos salía de una embajada, con un maletín lleno de billetes. Esa animación fue repetida por el Canal 8 y otros medios oficialistas, siendo un punto alto en la campaña contra el actual director de Espacio Público. No tengo pruebas, pero estoy casi segura que ese video salió del entorno de Antonio González”.

Dos décadas después, el uso de videos difundidos por el sistema nacional de medios públicos se revertía contra Surgentes. En un audiovisual promovido por el Ministerio de Comunicación, titulado “Operación Grajales”, se ven imágenes de Martha Lía junto a billetes de dólares cayendo a su alrededor. Una voz en off femenina relata: “Grajales es esposa de Antonio González Plessman, ambos llevan la ONG Surgentes que bajo una fachada de ultraizquierda han sido la mano zurda de los planes de María Corina Machado”. En el clip ya no era una caricatura de un activista obeso peinado hacia atrás, sino un joven de lentes, bigote y barba recibiendo dinero de un hombre caucásico en traje y corbata.

El Antonio González del año 2015 justificaba este tipo de campañas estatales. En un reportaje de Rusia Today, titulado “¿Doble cara? Acusan a las ONG de conspirar para desestabilizar a Venezuela”, declara: “Las ONG liberales de oposición que trabajan los derechos humanos en Venezuela critican al gobierno, y cuando son criticadas por el gobierno dicen que son criminalizadas. Eso es una paradoja porque ellos plantean una especie de límite a la libertad de expresión”.

El Antonio de hace diez años le dice al Antonio de 2025 que no puede poner límites al derecho a la libertad de expresión de las autoridades venezolanas.

Amargas enseñanzas

El incidente Grajales deja varias lecciones. La primera como lo expresa el sociólogo Jeudiel Martínez en un tuit del 9 de agosto: “A diferencia de Surgentes y la izquierda sectaria, el resto de la oposición denuncia las violaciones a derechos humanos cuando ocurren sin importar la ideologia.  Es decir, a los demás no nos importa si un secuestrado es de izquierda o de derecha o evangelico o magallanero”.

La segunda, y más importante, es la que diría la abuela de cualquiera de nosotros: No le hagas a los demás lo que no quieres que te hagan a ti.