28J: memoria y presente internacional en contrastes
La represión, apresamientos y desapariciones que han escalado en el aniversario de la victoria masiva de la candidatura democrática, reitera el contraste entre la continuidad autoritaria impuesta y la expectativa de oportunidades nacionales e internacionales de la recuperación democrática.
Una resumida crónica de la dimensión internacional de ese contraste asoma las razones y manifestaciones de preocupación y de condena ante la imposición autoritaria: antes, durante y después del 28J, hasta el presente.
1. En lo más cercano del antes, se encuentran las negociaciones sobre condiciones electorales que culminaron en octubre de 2023 con la firma del Acuerdo de Barbados, logrado con mediación del Reino de Noruega entre el gobierno y la Plataforma Unitaria, y con la negociación entre representantes del oficialismo y de Estados Unidos. La negociación de ese acuerdo tuvo atención internacional intensiva, con expectativas de normalización de la situación venezolana tras las graves irregularidades de las elecciones de 2018, su desconocimiento internacional generalizado entre las democracias, los apoyos y reconocimientos al gobierno interino del presidente de la Asamblea Nacional y el inicio de negociaciones con mediación noruega.
De la firma en Barbados de lo finalmente acordado fueron testigos presenciales representantes de los gobiernos de México, Colombia, Brasil, Estados Unidos y de la Unión Europea. A ellos se sumaron muchas otras manifestaciones internacionales de celebración, apoyo y confianza en el cumplimiento del compromiso.
Con sus sucesivas violaciones de lo fundamental ese acuerdo, y sin atender reclamos nacionales ni internacionales, el gobierno dio la espalda a los apoyos y traicionó su confianza: desde los obstáculos a la elección primaria y el mantenimiento de la inhabilitación a la candidata opositora elegida como tal, hasta la no actualización y exclusión del registro electoral en el exterior y la negación de la observación electoral a la Unión Europea.
2. Así se desarrolló el proceso electoral, superando toda suerte de obstáculos y restricciones, medidas de represión y amedrentamiento. La campaña opositora liderada por María Corina Machado y el candidato Edmundo González Urrutia, avanzó en organización, movilización y suma de apoyo popular. Tras la masiva concurrencia electoral y el apresurado anuncio oficial de resultados sin evidencia alguna, se iniciaron las exigencias internacionales generalizadas de publicación de actas para su verificación independiente, nunca atendidas por el gobierno. Este sólo ganó tiempo para pausar la presión de los reclamos y finalmente se desentendió de las propuestas mediadoras de México, Brasil y Colombia. Tampoco correspondió a las medidas y señales de aligeramiento de sanciones de Estados Unidos y Europa. En contraste, el trabajo de recolección de las actas de mesa que por ley debían recibir los testigos opositores, demostró la victoria de Edmundo González; victoria corroborada ante la Organización de Estados Americanos y el mundo con el examen de esas actas por el Centro Carter, que sí había sido aceptado como misión técnica de observación.
3. En el después inmediato de ese momento y hasta el presente, en medio de tensiones geopolíticas y económicas, conflictos y guerras, no ha faltado atención a las realidades nacionales y consecuencias internacionales de la imposición de la continuidad autoritaria venezolana. Lo interesante es que en buena parte de las declaraciones, informes y medidas sobre Venezuela está presente el rechazo al sofoco de la expectativa de recuperación democrática ofrecida el 28J con masivo apoyo electoral.
La carencia de legitimidad de origen del gobierno ha aumentado su ineficiencia y opacidad, escalado su violación de derechos humanos, mantenido la desatención a la emergencia humanitaria, alentado la emigración, propiciado el desbordamiento transfronterizo de ilícitos y desafiado e incumplido acuerdos internacionales. Todo ello es parte fundamental del largo memorial de agravios nacionales e internacionales del régimen venezolano.
En lo más general, las relaciones diplomáticas restablecidas o normalizadas desde 2023 se han visto limitadas por la imposición gubernamental de su triunfo electoral sin responder ni siquiera a quienes invitó como testigos a la firma del Acuerdo de Barbados o aceptó como mediadores en medio de la exigencia de presentación de actas. Esa brecha creció a medida en que arreció la represión con apresamientos, muertes no investigadas, desapariciones, exilio y clandestinidad de parte sustancial del liderazgo opositor más vinculado al proceso electoral. Con especial visibilidad en los casos obligados de exilio de Edmundo González y de reclusión en la clandestinidad de María Corina Machado. Ambos, junto al creciente número de dirigentes políticos en el exilio, han mantenido canales de comunicación y proyección de su legitimidad y perseverancia democrática ante actores y organizaciones internacionales.
La proyección internacional de lo uno y lo otro –la continuidad represivamente impuesta y la expectativa democrática legitimada el 28J– se manifiestan de diferentes modos en el presente.
Entre los estados, el gobierno de Estados Unidos ha sido particularmente insistente al vincular desde los años de la primera administración de Donald Trump el régimen de sanciones sectoriales y personales –su rigidez o su flexibilización– al desarrollo de elecciones libres para la recuperación democrática de Venezuela, aparte de las sanciones de más larga data vinculadas a tráfico de drogas y lavado de dinero, terrorismo y derechos humanos. Desde el inicio de su segunda administración, las tendencias transaccionales han competido con las de favorecer la recuperación democrática. En la disposición a priorizar lo segundo –o, al menos, no abandonarlo de materializarse la restitución de la licencia a la empresa Chevron– ha sido clave la Secretaría de Estado. Esta ha concentrado las competencias del Consejo de Seguridad Nacional y está a cargo del secretario Marco Rubio y el subsecretario Christopher Landau, buenos conocedores y defensores del compromiso con la causa democrática venezolana, aun en medio de las contradicciones que introduce la política de deportaciones y el maltrato a migrantes venezolanos mayoritariamente honestos.
Lo cierto es que se han seguido extendiendo las sanciones personales por razones políticas impuestas desde 2015 por Estados Unidos y Canadá, y desde 2017 por la Unión Europea y el Reino Unido, ahora con referencia expresa a quienes apoyaron la imposición de resultados electorales el 28J y la represión que la ha acompañado. El 10 de enero –cuando se formalizó la imposición de la reelección–, fueron incorporados nuevos nombres a las ya largas listas de sancionados por estos países. A todo esto debemos sumar, muy particularmente, la reciente designación del Cártel de los Soles como organización terrorista transnacional, tal y como lo determinó la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC en sus siglas en inglés). No es un dato menor, pues en la comunicación del anuncio se menciona directamente a Nicolás Maduro que, además, fue vinculado con otra Cártel… el de Sinaloa.
Al recordatorio del 28J está directa, especial y principalmente asociado el seguimiento internacional de la gravedad y los alcances de la violación de derechos humanos que sigue acompañando a la imposición de resultados y al sofoco de la inconformidad política y socioeconómica de los venezolanos. En ese ámbito, la ilegitimidad del desempeño del régimen venezolano sigue siendo ampliamente documentada, denunciada y procesada en instancias internacionales y a través del seguimiento y denuncias de organizaciones no gubernamentales.
Entre los informes internacionales producidos en el último año destacan los siete documentos emitidos desde agosto de 2024 por la Misión Internacional Independiente de Determinación de Hechos, cumpliendo el mandato del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en los que documenta la violación de derechos políticos en el entorno electoral y la represión sin precedentes tras las elecciones. Desde julio 2024 los cinco informes y comentarios del Alto Comisionado de la ONU para los derechos humanos, se han centrado en alertar sobre el aumento de las detenciones arbitrarias, vulneraciones del debido proceso judicial y desapariciones forzadas, en medio de constantes denuncias de torturas y malos tratos, todo ello en el marco de la aplicación de instrumentos legales que restringen el espacio cívico y aumentan el de la represión.
En el sistema interamericano, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha publicado declaraciones y presentado informes sobre la violación de derechos en el proceso electoral venezolano desde el 28 de julio de 2024. En enero de 2025, tres días antes de la juramentación de Nicolás Maduro, presentó un informe especial sobre las violaciones de los derechos humanos en relación con las elecciones, denunciando la proclamación de resultados sin transparencia y la represión sistemática, utilizando el terror como herramienta de control social con prácticas de terrorismo de estado.
Las organizaciones no gubernamentales del ámbito de los derechos humanos han contribuido con su seguimiento y alertas a mantener la atención sobre las consecuencias de la imposición de la continuidad autoritaria contra la voluntad mayoritaria expresada electoralmente. Es de especial interés el trato del caso venezolano en el contexto electoral en el Informe 2024-2025 de Amnistía Internacional y su reporte especial sobre las desapariciones forzadas como parte de la política de represión contra la disidencia. Human Rights Watch también ha contribuido con su seguimiento y documentación de la escalada de violación de derechos en el proceso electoral y tras la imposición del resultado. A ellos se suman, en medio de múltiples asedios, el seguimiento y los informes de organizaciones no gubernamentales nacionales, como ilustran en diversos ámbitos, entre muchas otras, Provea, Espacio Público, Acceso a la Justicia o Transparencia Venezuela. En las mismas condiciones, también han sido fundamentales en la proyección de la situación venezolana los medios de comunicación independientes y el periodismo de investigación que han contribuido a mantener vivas las consecuencias de la continuidad autoritaria y las aspiraciones de cambio democrático legitimadas el 28J.
Los desbordamientos de la inseguridad en tráficos ilícitos y criminalidad son también recordatorios sobre lo que la continuidad impuesta implica para otros países. Así lo ilustran, entre otros casos, la transnacionalización del Tren de Aragua, la tolerancia a actividades delictivas en las fronteras y la continuidad e incremento del tráfico de drogas y los informes sobre sus conexiones con funcionarios gubernamentales. En otro aspecto de la seguridad internacional, las opacidades y secretos en los acuerdos y vínculos con Irán y Rusia, son difíciles de documentar, pero preocupantes por lo que reflejan, cuando menos, de la disposición a desafiar acuerdos internacionales.
En efecto, la inseguridad que desde esa continuidad impuesta se proyecta al mundo es parte de un ámbito más amplio de irrespeto, no solo a la Constitución venezolana, sino a principios, normas y procedimientos internacionales, en todos los ámbitos. Una evidencia específica y a la vez trascendente ha sido el maltrato al derecho de asilo de los seis dirigentes políticos que buscaron protección en la embajada de Argentina que –tras la ola de expulsión de diplomáticos de ese y otros países– quedó a cargo de Brasil. El no otorgamiento de salvoconductos fue acompañado por medidas de asedio y bloqueo de servicios y suministros, sin que valieran las protestas diplomáticas.
4. En suma, aun reconociendo las diferencias en la extensión e intensidad de la atención internacional sobre Venezuela entre el antes, el durante y el después del 28J, en el presente sigue siendo significativa la huella de la expresión electoral masiva de voluntad cambio de los venezolanos: en informaciones, declaraciones, informes y medidas. En ello influye que, al paso de los meses se ha hecho mayor el contraste entre la violenta imposición de la continuidad del régimen y la propuesta democrática de cambio pacífico y ordenado para recuperar humana, institucional y materialmente a Venezuela.