Falsos observadores, verdaderos cómplices: cómo el CEELA legitima fraudes electorales en Venezuela

En vísperas de los comicios municipales de 2025 en Venezuela, la sombra de la “falsa observación electoral” vuelve sobre el país. Las misiones de observación internacional genuinas son realizadas por organismos independientes, técnicos y apartidarios que analizan con rigor todo el ciclo comicial y elaboran conclusiones basadas en evidencia verificable, siendo pieza clave para el resguardo de la voluntad popular, la confianza pública y la mejora de los procesos electorales próximos. Sin embargo, desde hace más de 20 años, el Consejo de Expertos Electorales de Latinoamérica (CEELA), una organización creada con fondos del Estado venezolano bajo la presidencia de Hugo Chávez en 2004 y presidida por el ecuatoriano Nicanor Moscoso, asiste a las elecciones bajo la fachada de “observación electoral” para legitimar elecciones plagadas de irregularidades, represión, y abierta manipulación.

Falsa observación: ¿qué es y por qué importa?

La observación electoral auténtica implica la revisión sistemática, completa y exacta de marcos legales, procedimientos, instituciones y entorno político relacionados con las elecciones. Entidades como la Unión Europea, la Organización de Estados Americanos (OEA) o el Centro Carter monitorean con una metodología rigurosa el ciclo electoral desde la precampaña hasta la resolución de impugnaciones, reportando irregularidades y manteniendo la imparcialidad como principio rector. Su meta es alcanzar los más altos estándares de exhaustividad y neutralidad, tal como establece la Declaración de Principios sobre Observación Electoral Internacional.

En cambio, la llamada “falsa observación electoral” es una estrategia política que simula el monitoreo independiente: actores internacionales —en este caso, el CEELA y organizaciones afines— se presentan como observadores técnicos, cuando en realidad actúan para “encubrir el fraude electoral ante audiencias nacionales e internacionales, legitimar procesos electorales considerados ilegítimos por la comunidad internacional, deslegitimar la institución de elecciones libres y justas y subvertir los resultados de las misiones de observación genuina”^[1][2].

Esta práctica no solo manipula percepciones, sino que debilita estructuras democráticas, desanima la denuncia del fraude y sobre todo facilita la consolidación de regímenes autoritarios. No es exclusiva de Venezuela. Ya lo hemos visto en Cuba, Nicaragua, o Rusia, país en el que CEELA también “observó” las elecciones de 2024 sin ningún comentario crítico.

El accionar del CEELA: Origen, objetivos y modus operandi

El CEELA fue fundado en 2004 en Caracas con financiamiento del gobierno de Hugo Chávez en el marco del referéndum revocatorio de ese año. Desde entonces, y durante más de dos décadas, el CEELA —bajo la presidencia de Moscoso y con exfuncionarios electorales de Nicaragua, Colombia, Perú, Honduras, Argentina, El Salvador, Bolivia y otros países— ha sido invitado sistemáticamente para actuar como “veedor internacional” en las elecciones venezolanas. Mientras tanto, organizaciones independientes como la Unión Europea, la OEA y el Centro Carter han sido marginadas, restringidas o directamente vetadas de participar, dada su independencia y su historial de denuncias técnicas.

A diferencia de los observadores independientes, el CEELA y similares suelen limitarse a intervenciones formales: visitas planificadas, recorridos guiados por las autoridades y la elaboración de comunicados que, sin ningún acceso directo a datos brutos ni a mecanismos de verificación, validan anticipadamente el proceso electoral. En el caso de Venezuela, para evadir las preguntas sobre la violación sistemática de los derechos humanos, la persecusión política o el desconocimiento de los resultados electorales, pretenden ceñirse a un análisis técnico de las máquinas de votación. Sus informes, según investigaciones de Transparencia Electoral, omiten el señalamiento de graves irregularidades^[2]:

• Fraude electoral.
• Falta de publicación de resultados pormenorizados.
• Inhabilitaciones arbitrarias de candidatos opositores.
• Cooptación de partidos y bloqueo de la disidencia.
• Cierre y censura de medios independientes.
• Uso abusivo de los recursos estatales en campaña oficialista.
• Represión, violencia y privación de derechos a líderes opositores y a votantes del exterior.

En las elecciones presidenciales de 2024, por ejemplo, el CEELA evitó exigir la publicación de las actas electorales y, en cambio, descargó en la oposición la carga de prueba sobre el fraude, a pesar de que tanto la empresa proveedora del sistema de voto electrónico como la mayoría de misiones técnicas independientes denunciaron manipulación masiva de los resultados^[1][2].

La legitimación de lo ilegitimable

La función real del CEELA y los “falsos observadores” es la de actuar como “correa de transmisión” entre el régimen y la comunidad internacional: producen comunicados, activan campañas en medios y redes sociales y multiplican el mensaje oficialista, declarando que los comicios “transcurrieron en paz” y “con transparencia”, aunque no hayan seguido protocolos estándar de observación técnica^[2][1][3].

En otros casos, el CEELA da fe pública de procesos notoriamente irregulares, como el fraude en la Gobernación de Bolívar en 2017, la elección de la Asamblea Nacional Constituyente ese mismo año —en la que la propia empresa de tecnología electoral denunció manipulación del resultado— y el desconocimiento de la victoria opositora en las parlamentarias de 2015.

Asimismo, estos “observadores” suelen restar gravedad a denuncias de la sociedad civil y desprestigiar la labor de quienes sí monitorean con profesionalismo e independencia, señalando a la oposición o a los críticos como “fuentes parciales” o “enemigos de la democracia”.

Las consecuencias de la falsa observación electoral

La permanencia de grupos como el CEELA —respaldados con recursos públicos venezolanos, amplia visibilidad mediática y acceso exclusivo a los líderes del régimen— ha tenido efectos corrosivos en el entorno autocrático venezolano:

• Debilitan la presión internacional a favor de reformas reales.
• Proveen excusas formales para gobiernos aliados o neutrales que buscan evitar el aislamiento diplomático.
• Profundizan la desconfianza ciudadana, normalizando la idea de que la manipulación electoral es aceptable si cuenta con “respaldo internacional”.
• Perpetúan una estructura opaca que favorece la represión, la cooptación institucional y la exclusión de millones de votantes.

Para combatir esta práctica, Transparencia Electoral logró identificar a más de un centenar de estos “falsos observadores” que asistieron a las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, sus países de origen y las organizaciones que los han acreditado, alertando a la comunidad internacional sobre la necesidad de filtrar y sancionar a tales actores en futuros procesos^[2].

Un llamado urgente

Frente a la inminente elección municipal, la presencia del CEELA y de otros “falsos veedores” amenaza nuevamente con dotar de una pátina de legitimidad internacional a unos comicios sin garantías mínimas. La vigilancia ciudadana y la denuncia pública siguen siendo instrumentos esenciales para desnudar esta maniobra, obligando a gobiernos, organismos internacionales y sociedad civil a rechazar informes complacientes y a exigir misiones de observación técnica y profesional.

En palabras de la European Platform for Democratic Elections, solo una observación electoral transparente, independiente y profesional es capaz de abrir vías para la restauración democrática. Cualquier atajo, por más institucional que se vista, es parte del problema y no de la solución^[1][2][3].