Impacto de las políticas antimigrantes de Trump en venezolanos en tránsito por Guatemala

La crisis migratoria regional ha cambiado radicalmente con las medidas de la administración Trump. Antes de 2017, la migración hacia EE.UU. —incluso desde Venezuela— seguía canales relativamente abiertos de asilo o visas consulares, aunque de por sí limitados. Con Trump al mando, se introdujeron restricciones drásticas. Su gobierno canceló la emisión de miles de visas a migrantes potenciales: en abril de 2020 suspendió por 60 días la entrada de familiares de residentes permanentes (cónyuges, hijos, padres y hermanos de ciudadanos y titulares de “green card”) que vinieran a obtener la residencia.

De hecho, se detuvo la emisión de visas de turista (B-1/B-2) y de estudiante (F, J, M) para nacionales de Cuba y Venezuela, junto con las visas de inmigrante, argumentando falta de colaboración de esos gobiernos. Simultáneamente, otras políticas como el “Título 42” (invocado en 2020 por la pandemia) suspendieron de facto el derecho básico a pedir asilo en la frontera con México. En conjunto, estas medidas suprimieron vías legales que antes existían y llenaron de incertidumbre a quienes huían de la crisis social y política. Por ejemplo, una migrante venezolana deportada resumió ante Reuters: “Las decisiones tomadas por el presidente Trump convirtieron todas nuestras esperanzas y creencias en cenizas”, indicando el sentimiento de frustración acumulado tras las barreras levantadas por esas políticas.

Guatemala quedó en el centro de las políticas migratorias de Trump en Centroamérica. Bajo amenazas de castigos económicos, el gobierno guatemalteco firmó en julio de 2019 un acuerdo que lo convertía en “tercer país seguro”. Esto implica que los centroamericanos que cruzan Guatemala tendrían que solicitar asilo allí antes que en Estados Unidos. Sin embargo, se advirtió que la infraestructura de asilo en Guatemala es muy débil. Reuters reportó que la agencia guatemalteca para refugiados “opera sobre una base mínima”, lo que pone en duda la capacidad del país de atender masivamente a posibles solicitantes de asilo. De hecho, expertos coincidían en que Guatemala “tiene poca capacidad para atender a los migrantes” y carece de las condiciones básicas para protegerlos. El propio presidente Jimmy Morales reconoció en un mensaje en redes sociales las “drásticas” presiones de Trump para aceptar el acuerdo. 

Cierre de vías legales para venezolanos

Las restricciones de Trump han afectado con especial dureza a los venezolanos. Además del veto a visas de turismo y estudio de junio de 2019, en los últimos años se aceleró la eliminación de programas de protección temporal. En mayo de 2025, la Corte Suprema de EE. UU. permitió que Trump cancelara el Estatus de Protección Temporal (TPS) otorgado a unos 350.000 venezolanos, dejando a miles vulnerables ante la deportación. La amenaza de perder el TPS ha generado temor: uno de los beneficiarios declaró que “la pérdida inmediata de nuestro TPS causa un increíble daño. Ahora tememos ser deportados”. Sumado a esto, las suspensiones de visas significan que los venezolanos ya no pueden obtener fácilmente permisos de turista o estudiantiles que antes usaban para movilizarse. En la práctica, estos cierres de rutas oficiales obligan a muchos a arriesgarse en la migración irregular por Centroamérica. Y sin hablar de miles proyectos de vida que muchos jóvenes, estudiantes, o niños esperaban por completar en dicho país.

El Departamento de Seguridad Nacional de la administración Trump notificó además a cerca de 120 000 venezolanos que su permiso de entrada y trabajo en EE. UU. obtenido mediante parole humanitario había sido revocado, obligándolos a abandonar inmediatamente el país. Esa notificación también afectó a ciudadanos de Cuba, Nicaragua y Haití, sumando en total unos 500.000 beneficiarios de parole cuya suerte migratoria quedó en el aire, sin que exista precisión sobre cuántos lograron tramitar otra forma de estatus (por ejemplo, asilo) que les permitiese permanecer temporalmente en EE. UU. pese a perder la protección del parole.

En conjunto, estas políticas han reducido al mínimo las vías legales de migración, el objetivo de alcanzar una migración humana segura, ordenada y regular es imposible ahora de lograr. Y aun así, la demanda migratoria persiste: según WOLA, entre Trump y Biden, unas 2,8 millones de personas fueron expulsadas bajo el Título 42, lo que ilustra que cerrar la frontera no detuvo los flujos, sino que empujó a los migrantes a nuevas rutas peligrosas. La cancelación de vías formales y el endurecimiento de controles legales forzaron a los viajeros a tomar caminos clandestinos o estancarse en países de tránsito, con consecuencias humanitarias graves, que en la actualidad también resultan ser fundamentales, al estar vinculadas al contexto paralelo de recortes de los fondos de ayuda humanitaria provenientes de USAID, y otras agencias de financiamiento.

Desafíos actuales de los migrantes venezolanos en tránsito

Los migrantes venezolanos que llegan a Guatemala enfrentan hoy realidades muy duras. Falta de dinero, inseguridad y ausencia de apoyo oficial son sus retos más apremiantes. Muchos se quedan sin recursos tras un largo viaje; Jessica, por ejemplo, salió de Machiques en 2017 y tras años en Colombia emprendió el viaje hacia EEUU, pero “nos paramos aquí en Guatemala porque ya no tenemos dinero para avanzar”. Otros han sufrido abusos: Leidy perdió los $1.100 que traía ahorrados cuando la policía guatemalteca se los robó mientras pasaba por Honduras, y lamenta que “el sueño americano… ya no existe” para ella y su familia. La violencia en ruta es moneda corriente. Según testimonios recogidos en la región, la desaparición de canales legales deja a los migrantes indefensos ante extorsiones, asaltos y agresiones; no hay protección efectiva.

En las calles de Ciudad de Guatemala se formaron campamentos improvisados. A veces las esquinas de la zona 1 se vuelven dormitorios temporales, y esto porque hasta las casas hogares colapsan, y no se dan abasto, sin mencionar las malas condiciones en las que esta ayuda se encuentra. Fabiola, otra migrante, dice haber trabajado como zapatera en Venezuela, pero tras el camino peligroso decidió: “Quiero quedarme aquí en Guatemala si es posible, porque me han dicho que en México nos pueden secuestrar y ya hemos sufrido suficiente”. Con frecuencia las familias ven truncados sus planes de reunificación: no sólo pierden tiempo y dinero, sino que se frustran sus esperanzas de solicitud de asilo en EEUU ante un sistema que les cerró la puerta. Como advierten expertos, la migración venezolana en tránsito expone a estas personas “a enfrentar mayores riesgos y a sufrir abusos a sus derechos humanos” sin redes de apoyo.

En este escenario, las dificultades son múltiples, las vías legales nulas al no poder asegurar una migración legal que irónicamente es lo que Estados Unidos exige, vías de asilo colapsadas en países como Guatemala donde se carece de condiciones para atender tantos casos y no garantiza su correcta reinserción, violencia e inseguridad en tránsito donde muchos sufren robos, extorsión y amenazas. 

Y es que Guatemala también tiene sus propios problemas, miles de retornados intentando empezar de nuevo cuando aunque la identificación personal no es un problema, las oportunidades si. Las voces de los migrantes dan cuenta del drama humano: “Ya no es posible conseguir un salario decente… desde octubre estamos viajando rumbo a EEUU y nos paramos aquí” relató Jessica con sus niños en la calle . Fabiola, que prefiere quedarse a seguir padeciendo, concluye resignada: “ya hemos sufrido suficiente” . Estos testimonios ponen rostro a la situación: son ciudadanos que huyeron de la crisis venezolana y hoy viven en incertidumbre, agudizada por políticas externas. Mientras tanto, organismos defensores de derechos humanos advierten que todo migrante tiene derecho a la protección internacional, un principio que se ve comprometido cuando se anulan rutas seguras y se aplican devoluciones exprés.Las políticas de Trump han cerrado los caminos legales para los migrantes venezolanos y ampliado sus riesgos. Comparado con el periodo anterior, el cambio de rumbo es brutal: de contar con al menos mecanismos formales limitados a un sistema casi hermético. Guatemala, situada en la ruta, intenta gestionar esa presión externa, a veces cooperando (acuerdos de deportación) pero también mostrando sus limitaciones logísticas. En medio de este contexto, los migrantes venezolanos en tránsito se enfrentan a un laberinto sin salidas fáciles. Su situación reclama una aproximación distinta: políticas migratorias basadas en los derechos humanos, que permitan pedir refugio y protejan a los más vulnerables, en lugar de cerrarles las puertas por decreto.