El fin de la licencia de Chevron y sus implicaciones para la economía venezolana

Este 27 de mayo venció la licencia otorgada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos que permitía a la empresa Chevron operar en Venezuela y exportar crudo al mercado estadounidense. La autorización, concedida en 2022 por la administración Biden en un contexto de distensión parcial hacia el régimen de Nicolás Maduro, no fue renovada, marcando un giro significativo en la política energética y económica bilateral.

Según explicó el economista Francisco Monaldi, director del Programa de Energía para América Latina en el Instituto Baker de la Universidad Rice, la decisión implica múltiples consecuencias tanto para la industria petrolera venezolana como para la economía del país. Chevron había logrado recuperar y estabilizar una porción relevante de la producción nacional —alrededor del 25% del total— en los últimos dos años. Sin embargo, con la expiración de su licencia, esas operaciones pasan nuevamente a manos de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), empresa estatal que enfrenta graves limitaciones financieras, técnicas y operativas.

La no renovación de la licencia no solo afecta a Chevron. También vencieron los permisos otorgados a las empresas europeas Repsol (España) y Maurel & Prom (Francia), que mantenían operaciones bajo esquemas similares. En conjunto, estas compañías representaban cerca del 30% de la producción nacional. Ahora, ese porcentaje deberá ser asumido nuevamente por PDVSA, pese a su evidente incapacidad para sostener o incrementar la producción sin inversión extranjera.

Dificultades operativas y pérdida de inversión

Monaldi advierte que sin la inversión de estas compañías internacionales, PDVSA enfrentará serios obstáculos para mantener e incrementar la producción. La empresa estatal ha demostrado en el pasado no tener la capacidad financiera ni técnica para operar con eficiencia los campos petroleros, y su deterioro estructural solo se ha acentuado con los años. A esto se suman dificultades logísticas, como la necesidad de diluyentes —productos refinados necesarios para mezclar con el crudo extrapesado de la Faja del Orinoco—, los cuales estaban siendo importados por las empresas extranjeras.

Aunque se cuenta con algunos inventarios de diluyentes, su reposición a futuro se torna incierta. Venezuela dependería nuevamente de proveedores como Irán o Rusia, con costos mucho más altos que los registrados durante el período de vigencia de las licencias.

Un retroceso en el acceso a mercados

Con la salida de Chevron y las otras empresas, Venezuela pierde el acceso directo a mercados formales como Estados Unidos, India y Europa. El crudo venezolano deberá ser colocado nuevamente en el mercado negro, particularmente en China, con descuentos significativos debido a los riesgos que implican las sanciones secundarias. Aunque el gobierno chino parece minimizar la amenaza de aranceles estadounidenses —en el contexto de la guerra comercial entre ambas potencias—, los compradores privados en ese país han optado por una postura más cautelosa, exigiendo mayores descuentos para asumir los riesgos legales y reputacionales.

El resultado de este nuevo escenario será una caída en los ingresos del gobierno venezolano por exportaciones petroleras. Aunque ya no tendrá que pagar la deuda acumulada con las compañías internacionales, los márgenes de ganancia por exportación se reducen sustancialmente y afectarán de forma directa el flujo de divisas en el país.

Recesión e inflación a la vista

La menor disponibilidad de dólares derivada de este escenario podría tener efectos severos sobre el sector privado venezolano, advierte Monaldi. La combinación de caída de ingresos, menor acceso a divisas, pérdida de inversión internacional y escasa capacidad de maniobra por parte de PDVSA apunta hacia una posible recesión económica acompañada de un nuevo repunte inflacionario.

Pese a que el gobierno de Nicolás Maduro ha firmado nuevos acuerdos de producción con al menos nueve empresas —algunas sin mayor trayectoria o transparencia—, la mayoría de estos convenios carecen de viabilidad sin licencias por parte de OFAC. Incluso proyectos con empresas como China Concord, ligada al mercado negro, enfrentarían enormes restricciones para operar con normalidad o atraer financiamiento externo.

En paralelo, las empresas estatales chinas y rusas que ya están asociadas con PDVSA —y que representan aproximadamente el 22% de la producción actual— no han mostrado señales claras de estar dispuestas a aumentar su nivel de inversión o compromiso con el país.

Un futuro incierto en clave electoral

Finalmente, Monaldi advierte que, aunque la decisión de no renovar la licencia marca un cambio relevante en la política de Washington, no está completamente cerrado el panorama. En el contexto electoral estadounidense, donde coexisten dos visiones distintas dentro del Partido Republicano sobre la política hacia Venezuela, no puede descartarse una reversión táctica de esta medida.

Mientras el secretario Marco Rubio ha promovido una línea de “máxima presión” contra el régimen venezolano, otros actores como Richard Grenell han explorado en el pasado vías de negociación transaccional. La postura definitiva de una eventual nueva administración Trump podría estar aún en disputa.

Por ahora, la expiración de la licencia de Chevron deja un impacto concreto: menos ingresos, más incertidumbre, y mayores dificultades para una economía venezolana ya profundamente golpeada.