Las sanciones no tumban gobierno
La vía más expedita para el levantamiento de todas las sanciones es que la tiranía chavista abandone el poder y se inicie una transición a la democracia en nuestra patria.
¿Las sanciones tumban gobierno? En los siguientes párrafos, procederé a responder esta pregunta.
Este artículo va dirigido a aquellos ciudadanos, líderes de opinión, políticos, académicos, periodistas y miembros de la sociedad civil preocupados por los efectos que podría tener la reimposición de sanciones en la golpeada economía de Venezuela y por la utilidad de las sanciones para lograr el cambio político.
Sanciones y economía
El dólar paralelo rebasó la barrera de los 100 bolívares en Venezuela. Esta subida trajo consigo preocupación, angustia e incertidumbre en los venezolanos. Muchos se preguntan si esta agresiva devaluación de la moneda tiene relación con el levantamiento de la licencia a Chevron y el anuncio de aranceles del 25% a quienes compren petróleo venezolano.
En general, muchos venezolanos de bien se cuestionan sobre el efecto de las sanciones en la economía y si, de verdad, estas son útiles para producir un cambio político.
Dicho cuestionamiento, de buena fe, puede resumirse en la idea-fuerza: las sanciones no tumban gobierno.
Quienes repiten este argumento… pues, tienen razón. Con una precisión: las sanciones, por sí solas, no tumban ni atornillan a ningún gobierno.
En esencia, las sanciones se dividen en: i) personales, si están dirigidas a personas; y ii) sectoriales, si están dirigidas a sectores de la economía.
Además de su alcance, las sanciones cumplen dos funciones: normativa y estratégica. Esto significa que las sanciones se aplican en contra de conductas que un gobierno considera contrario a sus políticas y valores, como la violación de derechos humanos o la corrupción.
He aquí el principal objetivo de las sanciones: desestimular y desincentivar conductas que consideran erróneas, como la erosión de las instituciones democráticas, por ejemplo. Se aplica la sanción como un castigo, pero el objetivo no es el castigo; el objetivo es cambiar la conducta del régimen receptor de la sanción.
En el caso particular de las sanciones de los Estados Unidos hacia Venezuela, estas pueden remontarse al año 2014.
Luego de la brutal represión del régimen a las protestas de febrero de 2014, los senadores Bob Menéndez y Marco Rubio, actual Secretario de Estado de Estados Unidos, presentaron en el Senado la ley 113-278 denominada “Defensa de los derechos humanos y de la sociedad civil en Venezuela”. Posteriormente, el congreso americano la aprobaría y el presidente Obama la firmaría.
En su momento, la descomunal represión de la dictadura chavista justificó la sanción que congelaba los activos y bienes en territorio estadounidense de 50 altos cargos venezolanos señalados como responsables de la represión.
Once años después, las conductas del régimen chavista que provocaron la primera sanción a Venezuela no sólo se siguen repitiendo, sino que se han agravado, al punto de que Naciones Unidas y la Corte Penal Internacional han concluido que se han perpetrado crímenes de lesa humanidad en Venezuela.
Adicionalmente, las sanciones son una política soberana. Se aplican en función de intereses nacionales. En 2017, Estados Unidos aplicó la primera sanción contra PDVSA como una manera de proteger su economía. ¿Cómo? Evitando que el dinero proveniente de la corrupción de la cleptocracia chavista entrara en su sistema financiero.
En otras palabras, el origen de las sanciones sectoriales hacia Venezuela buscaba evitar que el dinero que se robaban los gerentes de PDVSA producto de la corrupción chavista pudiese ser lavado en Miami.
Solo hace falta consultar las estrambóticas cifras del caso de corrupción PDVSA-Cripto, donde el régimen chavista admite que se perdieron al menos 23 mil millones de dólares, para constatar que la corrupción chavista no solo no se ha detenido, sino que se ha agravado.
Sanciones y cambio de régimen
Los críticos de las sanciones argumentan que las sanciones fracasaron porque no lograron sacar a Maduro del poder.
Sin embargo, si aceptamos ese indicador como la prueba del fracaso de las sanciones, también podemos afirmar lo siguiente: las elecciones fracasaron porque no lograron sacar a Maduro del poder, las protestas de calle fracasaron porque no lograron sacar a Maduro del poder y las negociaciones fracasaron porque no lograron sacar a Maduro del poder.
Entonces, ¿qué alternativa nos queda? ¿Descartamos todas las herramientas que ya hemos usado porque no han logrado sacar a Maduro del poder o diseñamos una estrategia cuya combinación de estas nos conduzca a la democracia?
Bajo este enfoque de combinación de herramientas, las sanciones juegan un papel crucial en la recuperación de la democracia en Venezuela porque aumentan el costo de permanencia del chavismo en el poder.
Si usted le preguntara a un jerarca chavista si prefiere gobernar el país con sanciones o sin sanciones, la respuesta sería evidente: prefieren gobernar el país sin sanciones.
La razón es simple. Sin sanciones, el chavismo tiene acceso a los dólares frescos y legales del mercado petrolero, los cuales usa para financiar su maquinaria de represión y control social. Sin sanciones, Maduro tiene más dinero para comprar la lealtad de los funcionarios militares y policiales que lo mantienen en el poder. Sin sanciones, Maduro tiene más estabilidad.
Esta es la base de la Teoría del Selectorado de Smith y Bueno de Mesquita.
¿Y qué sucede cuando al chavismo le imponen sanciones? Pues que tienen acceso a menor cantidad de dólares frescos provenientes del petróleo, y esto tiene varias consecuencias.
Primero, que Maduro tiene menos plata para comprar la lealtad de la coalición dominante, conformada por jerarcas del PSUV, militares y miembros de los cuerpos de inteligencia.
Menor acceso a dinero genera menos lealtad y mayores tensiones a lo interno de la cúpula. Un buen ejemplo: el caso Tarek El Aissami. De ser uno de los hombres más poderosos del país, pasa a caer en desgracia con la cúpula chavista en poco tiempo.
En segundo lugar, la escasez de liquidez obliga a la dictadura chavista a buscar dinero fresco en negocios ilícitos como el narcotráfico, contrabando y la minería ilegal. Estas actividades generan mayores preocupaciones de seguridad en las agencias de los Estados Unidos y levantan las alertas sobre el régimen.
En tercer lugar, con sanciones el chavismo tiene menos dinero para comprar la petrodiplomacia que inició con Hugo Chávez y que le aseguraba el apoyo del continente, menos dinero para financiar su aparato represivo y menos dinero para invertir en su aparato de propaganda y desinformación.
Por último, con sanciones, el chavismo traslada el costo social a la población. Pero esta decisión genera malestar social entre la población y el malestar social genera inestabilidad política para la dictadura.
En resumen, las sanciones, al reducir la capacidad de la dictadura de Nicolás Maduro de llevar a cabo políticas predatorias que mantienen la estabilidad del régimen porque distribuyen la renta entre el electorado, crean condiciones favorables para una transición. Pero estas tienen que venir de una estrategia complementaria.
Sanciones, negociaciones y elecciones
Quienes se oponen a las sanciones plantean la tesis alternativa de la participación electoral. Estos argumentan que la política de máxima presión de la primera presidencia de Trump (2016-2020) fracasó y alaban la política más moderada del presidente Biden (2020-2024) hacia Venezuela.
Este grupo argumenta que la política de Biden hacia Venezuela tuvo dos logros esenciales: la primaria del 2023 y forzar a Maduro a permitir la elección presidencial del 2024.
No obstante, en su argumentación, este grupo omite un hecho incontestable: el chavismo permitió la primaria y la elección presidencial producto de una negociación internacional con Estados Unidos. Pero la única razón por la que el chavismo se sentó en la mesa de negociación es porque le incomodaban las sanciones.
Las sanciones le hicieron la vida más difícil al régimen en el poder, lo que los obligó a sentarse en la mesa de negociación y ofrecer algunas concesiones a cambio de la relajación de las mismas. La apuesta de Maduro era que el mayor acceso a recursos producto del relajamiento de las sanciones le permitiría permanecer en el poder sin tener que cometer un fraude electoral a gran escala y, por tanto, lograr reconocimiento y legitimidad internacional.
Sin sanciones, no habría habido disposición del chavismo a negociar. Sin sanciones, Maduro no se habría sentado en la mesa. Sin sanciones, es probable que ni las primarias ni la elección presidencial se hubiesen dado. Las sanciones, en este sentido, se convirtieron en el último dique de contención que protege a la sociedad civil venezolana de la vocación totalitaria del chavismo.
Entonces, quienes defienden la utilidad de la ruta electoral para presionar al chavismo deben reconocer que los dos procesos electorales que más presión le han producido al régimen en los últimos años, la primaria 2023 y la presidencial 2024, solo fueron posibles por las sanciones.
Finalmente, me gustaría cerrar este artículo con una breve reflexión.
Lo que legitima una transición a la democracia no es la pureza de las vías utilizadas, sino la eficacia política. En otras palabras, de una dictadura no se sale como se quiere, sino como se puede.
La magnitud de nuestra crisis es tan dramática que los venezolanos no podemos darnos el lujo de desechar herramientas para presionar y hacer responsable al régimen. No podemos darnos el lujo de desechar los aliados de hoy, por imperfectos que sean, a la espera de los hipotéticos perfectos aliados del futuro.
Todos los sectores en Venezuela debemos hacer una profunda introspección. Nuestra causa es por recuperar la democracia en Venezuela, no por casarnos a rajatabla con una alternativa. Nuestra causa es la democracia, no las elecciones en sí mismas. Nuestra causa es la libertad, no las sanciones. Nuestra causa es la justicia, no las negociaciones o las protestas.
El reto del liderazgo en Venezuela es promover herramientas como las sanciones que castiguen y hagan responsable al régimen por el fraude, la corrupción y el Terrorismo de Estado, y, a su vez, evitar caer en la trampa de la desmovilización nacional como efecto colateral de la presión internacional.
Al final, la cooperación internacional para que los venezolanos recuperemos nuestra democracia no puede ser entendida como dependencia. Nos enfrentamos a un enemigo formidable, aliado con las peores autocracias del mundo, y no podemos solos; pero esto no significa que desde afuera van a venir a hacer la tarea por nosotros.
La redemocratización de Venezuela nos exige abandonar la ortodoxia y pensar creativamente en una estrategia complementaria, ejecutada por el liderazgo dentro del país, que combine las herramientas a nuestra disposición para presionar al régimen y elevar el costo de permanencia de la dictadura chavista en el poder y, por otro lado, ofrecer un acuerdo lo suficientemente atractivo que disminuya su costo de salida.
Al final, la vía más expedita para el levantamiento de todas las sanciones es que la tiranía chavista abandone el poder y se inicie una transición a la democracia en nuestra patria.
No perdamos la esperanza. Porque, como dijo el histórico canciller Alberto Adriani, «Venezuela es un pueblo llamado a grandes destinos. No lo pongamos en duda. Habiendo ya una vez jugado un gran papel en la historia, nuestro pueblo tiene, en la intimidad de su conciencia, el presentimiento de que en el porvenir podrá hacerse grandes cosas».