Ciclo Electoral 2025: la nueva configuración del poder chavista

El proceso electoral del 25 de mayo marca el inicio de un nuevo ciclo electoral en Venezuela. Gobernaciones, Asamblea Nacional, alcaldías, consejos legislativos estadales y concejos municipales están en juego. Con la oposición centrada en la creación de una estrategia de resistencia civil, el pulso de este ciclo se juega dentro del propio chavismo.

Lo que se perfila es una cruda lucha por el control del moribundo proyecto político llamado revolución bolivariana.

Reformistas contra radicales

Desde hace años, el chavismo vive una disputa interna. De un lado, una línea dura encabezada por Diosdado Cabello, el hombre fuerte del PSUV, con vínculos históricos con el sector militar y una visión inflexible del poder. Del otro, una facción menos barbárica liderada por los hermanos Rodríguez: Jorge, presidente de la Asamblea Nacional, y Delcy, vicepresidenta ejecutiva.

De cara a la elección presidencial de 2024, prevaleció la tesis de Jorge Rodríguez: presentarse ante el país y el mundo como un gobierno legitimado por las urnas, confiado en que derrotarían a una oposición fracturada y desmovilizada. Pero el chavismo subestimó a los venezolanos. Edmundo González Urrutia, respaldado por María Corina Machado, arrasó en las urnas. La estrategia de los Rodríguez fracasó, y ese fracaso les costó poder.

Luego de la derrota, Diosdado Cabello emergió fortalecido, liderando la represión de las protestas poselectorales y la ola de terror que vino después del fraude anunciado por Amoroso. Cabello fue nombrado Ministro de Interior, un cargo con amplias competencias que incluyen el control del Sebin, la Policía Nacional Bolivariana, las aduanas, los puertos y el sistema penitenciario. Se trata de la posición más poderosa en Venezuela después de la Presidencia de la República.

Diosdado, que durante años fue objeto de rumores sobre la disminución de su poder, se convirtió en el garante del orden interno y en un eje de poder cada vez más fortalecido dentro de la coalición que sostiene a Maduro.

La pugna por el control de las rutas ilegales

Este nuevo ciclo electoral es también una guerra por el control de las economías criminales, que se han convertido en una fuente de ingresos clave del poder chavista, y las rutas ilegales que cruzan el país. Un informe de Transparencia Venezuela titulado “Narcotráfico en Venezuela 2024: un negocio que lucra al poder y se expande” reveló que el narcotráfico generó más de 8.200 millones de dólares en ingresos brutos solo en el año 2024, ocho veces lo que Chevron pagó al Estado venezolano por concepto de regalías. Según estimaciones de la DEA, al menos el 24% de la cocaína producida en el mundo transita por Venezuela: unas 639 toneladas al año.

El régimen no solo permite estas operaciones; las facilita, las gestiona y se beneficia de ellas. Operan bajo la lógica de un Estado-mafia, moviéndose con protección institucional y formando parte de una arquitectura de poder que depende, en buena medida, del dinero sucio para sobrevivir. Por eso, las rutas del narcotráfico y el control territorial de sus corredores se han vuelto una pugna entre las facciones chavistas.

El control de estos territorios no solo garantiza poder político: asegura flujo constante de divisas con el que pueden comprar lealtades y mantener el aparato represivo.

El Zulia: piedra angular de la nueva hegemonía

El Zulia es el epicentro de estas operaciones ilegales por su ubicación geográfica, su infraestructura portuaria y su proximidad al Catatumbo colombiano. A través de sus ríos, pistas clandestinas y puertos marítimos, se movilizan drogas, personas y oro. Diosdado lo sabe y por eso ha puesto el ojo en el primer estado del país. Fue el jefe de campaña del PSUV en la elección presidencial de 2024. Para limpiar el tablero local, ejecutó la operación de los “narcoalcaldes”, en la que cuatro de los seis alcaldes del PSUV en el estado fueron detenidos.

Cabello se encontró dos piedras en el zapato para el control total del Zulia: Francisco Arias Cárdenas y el gobernador Manuel Rosales. Arias, uno de los fundadores del chavismo y figura del 4F, ha mantenido una línea más moderada. En agosto de 2024, pidió la publicación de las actas del proceso electoral, un gesto que podría leerse como un guiño al reclamo opositor.

Más recientemente, Punto de Corte reportó que Arias responsabilizó directamente a Cabello de una campaña en su contra en la que terminaron detenidos tres de sus excolaboradores en la embajada de México. Esta situación llevó a Arias a detener provisionalmente la precampaña a la gobernación.

Aunque hoy esté al frente de una gobernación vaciada de competencias y sin poder hacer oposición activa, Manuel Rosales sigue teniendo control del presupuesto estatal, que en 2024 fue de 138 millones de dólares al cambio oficial. Este presupuesto le ha permitido a Rosales sostener una estructura clientelar considerable en Un Nuevo Tiempo, manteniendo a su militancia fiel a la línea política del “mantenimiento de los espacios”.

Con el liderazgo de Rosales lejos de la efervescencia que generó en 2021, Diosdado tendrá paso libre para tomar control de la gobernación a través del candidato del PSUV en el proceso del 25 de mayo. Con los recursos de la gobernación podrá comprar la lealtad de cuadros del PSUV, dividir a sus adversarios y fortalecer su control sobre las rutas ilegales que cruzan el estado.

Los riesgos para Nicolás Maduro de esta nueva configuración del poder

En el juego de fuerzas entre facciones chavistas, Nicolás Maduro actúa como árbitro. Su prioridad es mantener la cohesión interna de la coalición y garantizar su continuidad en el poder. Pero al haberle cedido tanto poder a Cabello, corre el riesgo de cederle también la hegemonía.

La historia de Venezuela ofrece un paralelismo interesante. Durante los últimos años de Juan Vicente Gómez, el control represivo recaía en el General Eleazar López Contreras, quien jamás se rebeló e incluso reprimió las protestas de febrero del 28, que contaron a su hijo mayor entre los organizadores. López Contreras solo accedió al poder tras la muerte de su jefe. Pero había una diferencia fundamental: López era muchos años más joven que Gómez.

Maduro y Cabello, en cambio, tienen 62 y 61 años, respectivamente. Esa cercanía generacional rompe la lógica de la espera y abre paso a una eventual disputa de poder mientras ambos están aún en juego.

Si este ciclo electoral refuerza a Diosdado, su liderazgo se consolidará con gobernadores, alcaldes y estructuras que le responderán directamente. Y el poder no se comparte indefinidamente. En una coalición tan inestable como la del chavismo, esa dinámica puede volverse insostenible.

Una oportunidad para la alternativa democrática

El equilibrio entre las facciones chavistas ha sido precario durante años. Pero este nuevo ciclo electoral puede romperlo y abrir paso a una nueva configuración de poder donde la lealtad al ala dura se convierta en el requisito de supervivencia política.

Esta transformación genera tensiones internas que pueden convertirse en oportunidades. Un chavismo radicalizado bajo el liderazgo de Cabello incomodará a sectores “moderados” del oficialismo, quienes pueden incluso ver en riesgo sus vidas si son desplazados.

Los casos de Nelson Martínez, expresidente de PDVSA, o los aliados de Tareck El Aissami, Juan Almeida y Leoner Azuaje, todos muertos bajo custodia del Estado, demuestran que caer en estas purgas puede significar una sentencia de muerte.

En esta pugna por el poder, Maduro no puede garantizar ni estabilidad ni protección. Y esa es la mejor garantía que puede dar la oposición. Un eventual gobierno de Edmundo González Urrutia garantizará el derecho a la vida y justicia a los jerarcas chavistas que apuesten por el cambio.

María Corina Machado, líder de Venezuela, puede aprovechar esta coyuntura no con negociaciones directas con la cúpula, sino erosionando los consensos internos que aún sostienen al régimen. A gobernadores, diputados, alcaldes y líderes comunitarios chavistas —especialmente los desplazados por esta nueva configuración del poder— podría interesarles un nuevo equilibrio que les permita salir relativamente bien parados en una Venezuela post-madurista.

El aparato represivo funciona con eficacia en Caracas, pero se debilita en el resto de Venezuela. La resistencia ciudadana y los liderazgos regionales, en cooperación con los factores del chavismo disminuidos, pueden convertirse en factores de desestabilización para un proyecto autoritario que busca extender su hegemonía a sangre y fuego.

Debido al entorno extremo de represión que vive Venezuela, las alianzas que puedan surgir serán clandestinas, más orientadas al intercambio de información y otras formas de cooperación a bajo costo, al menos en un inicio.

Corresponde a María Corina y al resto de la dirigencia continuar el laborioso trabajo de minar las ya debilitadas bases que sostienen a Maduro.

¿Cómo? Infiltrando cuadros chavistas, tendiendo puentes y dando garantías de una transición pacífica y ordenada, en la que quienes no estén implicados en crímenes de lesa humanidad puedan hacer vida política luego de la salida de Maduro.