El régimen de Maduro intensifica su ofensiva contra las ONG: Transparencia Venezuela se exilia

El asedio del chavismo contra la sociedad civil venezolana ha alcanzado un nuevo punto de quiebre con el cierre de operaciones de Transparencia Venezuela dentro del país. La organización, capítulo Venezuela de Transparency International, anunció que continuará su labor desde el exilio, tras la promulgación de nuevas leyes que criminalizan el trabajo de las ONG y organizaciones independientes.

“Los valores y proyectos de Transparencia Venezuela, dedicados al buen gobierno, la rendición de cuentas, el acceso a la información y la lucha contra la corrupción, son incompatibles con las nuevas leyes venezolanas que criminalizan la labor de las organizaciones civiles independientes. Por eso decidimos formalizar el cese de las relaciones con todos los aliados, socios y empleados en Venezuela y seguir trabajando desde afuera”, anunció su directora ejecutiva Mercedes De Freitas, en un mensaje emitido desde Alemania.

Desde la llegada de Nicolás Maduro al poder, la persecución contra la disidencia no se ha limitado a partidos políticos o medios de comunicación críticos. En los últimos años, las organizaciones no gubernamentales han sido blanco de una ofensiva sistemática que se ha traducido en hostigamiento judicial, congelación de fondos, encarcelamiento de activistas y cierres forzosos. La situación se ha agravado drásticamente desde el 28 de julio de 2024, cuando el chavismo desconoció los resultados electorales y emprendió una nueva ola represiva contra cualquier estructura de la sociedad civil que pudiera desafiar su narrativa de poder absoluto.

La represión como política de Estado

El anuncio de Transparencia Venezuela es solo el último episodio de una escalada represiva que ha afectado a decenas de organizaciones en los últimos años. En 2023, el régimen impulsó la Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las ONG, un instrumento que otorga al Estado el poder de disolver cualquier organización que reciba financiamiento internacional o que sea considerada una “amenaza” para el orden público. Bajo esta legislación, múltiples ONG han sido cerradas o han visto obstaculizada su labor.

El caso de la ONG Azul Positivo, que brindaba apoyo a personas con VIH y que fue allanada en 2021 con el encarcelamiento de varios de sus miembros, es un ejemplo de la persecución estatal. La organización Fundaredes, dedicada a documentar la presencia de grupos irregulares en la frontera, sufrió la detención de su director, Javier Tarazona, en 2021. Tarazona pasó casi tres años en prisión bajo condiciones de tortura, según denuncias de organismos de derechos humanos. Además, el Foro Penal ha registrado más de 300 ataques documentados contra activistas y miembros de ONG en los últimos cinco años.

Desde los días previos al fraude electoral del 28 de julio, la represión ha escalado de forma alarmante. La detención de figuras como Rocío San Miguel y Jesús Armas, junto con la desaparición forzada de opositores y activistas, demuestra que la criminalización de la sociedad civil se ha convertido en una política de Estado. “Vivimos bajo la amenaza constante de una cúpula que instrumentaliza el sistema de justicia para proteger el abuso, la corrupción, las economías ilícitas; para mantenerse en el poder y garantizar su impunidad”, dijo De Freitas.

Según datos de Amnistía Internacional y Human Rights Watch, al menos 45 defensores de derechos humanos han sido detenidos o forzados al exilio en los últimos meses. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha alertado sobre el uso del sistema judicial como herramienta de persecución política y la falta de garantías para los procesados.

Corrupción y censura: las razones detrás del ataque

El régimen de Maduro ha convertido a Venezuela en un Estado cleptocrático, donde la impunidad es el principal escudo de la élite gobernante. La corrupción desbordó las fronteras del país y, según Transparencia Venezuela, hay 173 casos de desfalco que están siendo investigados en 30 países, con más de 72.340 millones de dólares involucrados.

La dictadura no solo busca silenciar las denuncias internas sobre esta red de corrupción, sino que intenta impedir que la comunidad internacional tenga acceso a datos que comprometan a los responsables. En este contexto, las ONG han sido vistas como un enemigo directo de la estabilidad del régimen. Transparencia Venezuela fue un actor clave en la documentación del saqueo de los recursos públicos y, como señala su directora ejecutiva, Mercedes De Freitas, el trabajo de la organización continuará desde el exilio.

El exilio forzado: una estrategia del régimen

El cierre de Transparencia Venezuela dentro del país y su reubicación en Berlín es un reflejo de la estrategia chavista de vaciar a Venezuela de voces disidentes. Periodistas, defensores de derechos humanos y activistas han sido forzados a dejar el país en los últimos años para evitar la cárcel o la desaparición forzada. La dictadura ha perfeccionado una maquinaria represiva que no solo persigue y encarcela, sino que además busca borrar del mapa cualquier vestigio de oposición organizada dentro del territorio.

En 2024, la represión ya no distingue entre actores políticos, medios de comunicación o defensores de derechos humanos: cualquier espacio independiente es visto como una amenaza. En este contexto, el éxodo de organizaciones como Transparencia Venezuela es un síntoma más de la descomposición del Estado de derecho en el país. La comunidad internacional ha condenado estas acciones, pero hasta el momento, la impunidad sigue siendo la norma.

Mientras el régimen sigue saqueando al país y encarcelando a sus críticos, Transparencia Venezuela, al igual que muchas otras organizaciones, continúa su labor desde el exilio. Como concluyó De Freitas en su mensaje: “Seguimos porque los responsables de esta gran corrupción no pueden quedar impunes. Seguimos porque tenemos que construir la Venezuela Íntegra. Ahora somos Transparencia Venezuela en el exilio”.