Las contradictorias cifras sobre la usticia venezolana dadas por el TSJ y Maduro

Exmagistrados, juristas y activistas consideran que las estadísticas aportadas durante el año de apertura judicial impiden realizar una evaluación transparente de la gestión judicial.

En el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) parecen haber entrado de lleno en la era de la desinformación. Al menos ese es el sabor de boca que dejó el reciente acto de apertura judicial, donde la presidenta del máximo juzgado, magistrada Caryslia Beatriz Rodríguez, difundió informaciones no rigurosas ni verificables con el propósito de transmitir una determinada forma de percibir la realidad.

“El Poder Judicial durante el año 2024 tuvo un incremento positivo de los índices de productividad”, declaró la también presidenta de la Sala Electoral, quien agregó: “(se) resolvieron más casos en menor tiempo, gracias a la implementación de medidas que permitieron agilizar los procesos judiciales y mejorar la gestión de los medios”.

Y acto seguido la funcionaria indicó que el año pasado el TSJ dictó 5.059 decisiones, mientras que los demás tribunales de la República emitieron 529.334 decisiones, “lo que significó un incremento de 16,21%”.

Sin embargo, al revisar las cifras que ella misma aportó en su anterior discurso de gestión se detecta una discrepancia. Rodríguez aseguró en el acto de apertura judicial de 2024 que en 2023 el organismo rector del Poder Judicial dictó 5.971 sentencias, lo cual supone en realidad un retroceso de un año a otro de 15,27%.

Respecto a las decisiones del resto de los juzgados, ciertamente se registró un aumento de 16,21% de un período a otro, pues los jueces de todos los tribunales pasaron de emitir 423.242 resoluciones en 2023 a 529.334 el año pasado.

Sin posibilidad de contrastar

Rodríguez no aportó ningún dato que permita certificar su declaración de que “se resolvieron más casos en menor tiempo” y que esto fue gracias a las medidas adoptadas en su gestión para acelerar la tramitación de los procesos judiciales.

“La productividad de una Corte se mide en proporción a los casos ingresados y resueltos por año”, recordó el exfiscal y penalista Juan Carlos Gutiérrez. En esta ocasión, el TSJ no informó cuántas peticiones y solicitudes recibió él y el resto del Poder Judicial, pero esta no fue la única cifra omitida.

“Todos los años se establece Sala por Sala (del TSJ) cuántos expedientes se decidieron, pero este año no lo hicieron, sino que dieron un número global”, comentó una exmagistrada, quien agregó “se inventaron un número (de casos decididos) que no sabemos de dónde salió”.

Para justificar sus dudas sobre la veracidad de la información aportada por Rodríguez, una exmagistrada recordó que en 2024 varias instancias del TSJ permanecieron inactivas durante varios meses. “La Sala Constitucional estuvo cerrada parte del año, porque cambiaron extrañamente a la presidenta del TSJ antes de la apertura judicial en 2024, y ella hizo 75% menos de lo que normalmente hacía”, apuntó.

Pero la instancia encargada de interpretar el texto fundamental no fue la única que en 2024 pasó semanas sin tomar una decisión. Algo similar ocurrió en la Sala Político Administrativa, la cual tras levantar algunas inhabilitaciones a opositores y disidentes del chavismo el 29 de enero, estuvo hasta el día 4 de abril en suspenso. ¿La razón? La desincorporación de la magistrada Bárbara César Siero “por falta absoluta” y su reemplazo por el magistrado suplente Emilio Ramos González.

La posición de César Siero dentro del máximo juzgado venezolano fue un misterio desde que a principios de 2024 se conociera que dos de sus hermanos, el teniente coronel (Ej.) Guillermo Enrique César Siero y el mayor (Ej.) Guillermo Henry César Siero, fueron detenidos a finales del año anterior por su presunta vinculación con las tramas conspirativas que las autoridades aseguran haber neutralizado entre mayo y diciembre de ese año.

Otros datos que Rodríguez presentó como prueba de un mayor trabajo de la justicia fueron los 233.162 trámites realizados en las 718 jornadas realizadas por los tribunales móviles, en las cuales 390.728 personas resultaron beneficiadas. Sin embargo, la funcionaria no precisó si alguno de esos trámites en realidad se relacionaba con procesos judiciales (audiencias de presentación, preliminares, juicio o revisión de medidas).

Una investigación realizada por Suprema Injusticia y publicada en abril pasado, reveló que estas iniciativas solamente ofrecen “servicios gratuitos de redacción de títulos supletorios, obligación de manutención y carga familiar, declaración de únicos y universales herederos, rectificación de actas de matrimonio, nacimiento o defunción, declaración jurada de no poseer vivienda, cartas de soltería, curatela, divorcios por mutuo acuerdo, entre otros”. Acciones que en nada contribuyen a agilizar procesos judiciales y combatir el retardo existente.

¿A quién creer?

La reciente elección de los jueces de paz comunal es otro asunto sobre el que el acto dejó más dudas que certezas. Durante su discurso, Rodríguez aseguró que “el glorioso 15 de diciembre se eligieron 28.374 jueces de paz comunal”.

Sin embargo, minutos después el presidente Nicolás Maduro rebajó la cifra hasta los 15.000.

¿Qué indican estas disparidades, omisiones y contradicciones? “Que son una cuerda de piratas y mentirosos que no son capaces de dar información con seriedad y como no tienen cifras las van inventando”, afirmó Marino Alvarado, del Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea).

El activista denunció que los retrocesos en materia de transparencia, como “el anunciar sentencias que no se publican” o el “negar el acceso a los expedientes en aquellos casos con motivación política” dificultan cualquier evaluación de la gestión judicial.

Lo anterior pone de manifiesto que el TSJ no se toma en serio el mandato previsto en el artículo 25 de la Ley del Sistema de Justicia, el cual ordena: “El Sistema de Justicia y órganos que lo integran deberán presentar anual y públicamente un informe detallado y preciso de la gestión realizada (…) y deberán brindar explicación suficiente y razonada de las políticas y planes formulados”.