Layla Miranda, otra inocente presa política

El relato a continuación es un fragmento del que fue escrito en mayo de este año y que forma parte del libro No te olvides de mí, publicado por la editorial Dahbar. En mayo, aún se esperaba el comienzo del juicio de la presa política Layla Miranda ante la juez Grendy Duque. Días después de finalizar el relato, la juez fue destituida y hasta la fecha, este juicio no ha comenzado. A principios de septiembre, Joel Camejo, esposo de Layla, solicitó a la Defensoría del Pueblo y a la Fiscalía que su esposa sea atendida en un centro de salud por presentar dolores pélvicos que le impiden estar mucho tiempo en una misma posición. Hasta la fecha, Layla no ha sido atendida.

El lunes 15 de agosto de 2022, un incendió acabó con el almacén del Instituto Venezolano del Seguro Social (IVSS) en la zona industrial Carapa, al suroeste de Caracas. Tres días después, el 18 de agosto, la vicepresidente de Venezuela Delcy Rodríguez anunció la pérdida: insumos y medicamentos de reserva para cuatro meses de atención de pacientes de hemodiálisis y diálisis peritoneal, así como 134 máquinas de hemodiálisis que iban a ser ubicadas en diversas unidades hospitalarias y extrahospitalarias de Venezuela. 

Ese mismo 18 de agosto, en la transmisión especial del programa Tras la noticia del canal estatal Venezolana de Televisión (VTV) se mostró en pantalla el inventario perdido: “340.800 Bicarbonato de Alto Flujo, 340.800 ácido de Alto Flujo, 340.800 Kits Genéricos, 340.800 Línea Arteriovenosa, 73.600 Agujas para Fístulas, 340.800 Dializador 18 HP, 681.600 Soluciones 0,9 ml y 340.800 Heparina”.

El programa de VTV también mostró en pantalla el equivalente de la pérdida de las máquinas de hemodiálisis: “804 tratamientos de diálisis, 21.300 sesiones semanales, 85.200 sesiones mensuales, 1.520 bolsas de diálisis peritoneal diaria para 380 pacientes y 10.640 bolsas de diálisis peritoneal diaria para 380 pacientes” —la expresión “bolsas de diálisis peritoneal diaria” se repite con distintas cifras—. En resumen, se vieron afectados los 7.100 pacientes de hemodiálisis y los 380 pacientes de diálisis peritoneal en el país.

La vicepresidente había dicho durante su anuncio: “Con pruebas en la mano, podemos decir que este incendio fue provocado, no fue un accidente (…) Estamos detrás de los criminales y los vamos a capturar, y se aplicará justicia (…) Es una mente perversa lo que está detrás de esto (…) Cuando ocurrió este incendio y este ataque, inmediatamente ya había señales de que había sido provocado, pero preferimos esperar las pruebas para mostrarle a nuestro pueblo”.

En la misma transmisión de la vicepresidente, el almirante en jefe Remigio Ceballos, ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, agregó: “En este trabajo realizado por el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas [CICPC], la División de Siniestro, y también de nuestro cuerpo de bomberos, se pudo determinar la presencia de cinco focos de ignición, esto producto de los análisis químicos y técnicos, y los análisis que realizaron durante todas las pesquisas. De esos cinco focos, se determinaron tres focos donde hubo necesidad de ser accionados por la llama directa. De manera que eso descarta cualquier factor fortuito o accidental. Se comprueba la necesaria incidencia del factor humano para que se produjera, se iniciara este incendio”.

Horas más tarde, Nicolás Maduro también hizo su anuncio: “fue un ataque terrorista”, de los “políticos de la derecha”, de “grupos terroristas de la derecha”, de “grupos que fueron entrenados en Colombia, en épocas de Iván Duque”, que son esos grupos los que le pusieron “la bomba al almacén”, refiriéndose a lo que fue un incendio y no el estallido de una bomba.

Hasta la fecha, casi dos años después del incendio, se desconoce quién es la “mente perversa” detrás de esto. Pero hay dos detenidos, anunciados en una publicación en la red social X del fiscal general Tarek William Saab el 20 de agosto: Jorge Ernesto Cambero, el vigilante del galpón que estaba de guardia; y Layla Miranda, enfermera y controladora de seguridad del departamento de Prevención Control y Pérdida (PCP) del IVSS, cuya responsabilidad en el galpón era chequear el material de diálisis que se distribuía a nivel nacional en las unidades hospitalarias y extrahospitalarias. Ella también estaba de guardia el día del incendio.

Layla está detenida en el Bloque de Búsqueda y Captura de Organizaciones Criminales del CICPC (…) y tiene muchas ganas de contar:

—Yo no hice nada. Yo no quemé nada.

—¿Qué fue lo que pasó ese día?

—Yo recibí la guardia el domingo 14 de agosto a las 8:00 de la mañana y la terminaba el lunes 15 a las 8:00 de la mañana. Ese lunes, como a las 6:00, yo estaba en el baño y el vigilante, gritándome, me dijo que saliera, porque estaba saliendo humo en la parte de atrás del almacén que, por cierto, tenía mucho material vencido. El almacén estaba hacia atrás, de la mitad hacia atrás. Yo estaba casi en la entrada del galpón, donde estaba la cocinita, el baño. Ahí es donde uno duerme. Cuando vimos el humo, el vigilante y yo nos fuimos a un módulo de la policía [Nacional Bolivariana] que está cerca de la estación del Metro Carapita para reportar lo que estaba pasando. Después, la policía nos llevó a [la Inspectoría de Tránsito de] La Yaguara. Ahí el CICPC nos fue a buscar y nos llevaron al CICPC de la avenida Urdaneta a un interrogatorio. Yo dije lo que le estoy diciendo a usted. Al día siguiente [martes 16 de agosto] me dijeron que me tenía que presentar en el CICPC otra vez y yo dije que ya había ido, que ya había declarado, pero fui y quedé presa.

—Como ella no tenía teléfono en ese momento —precisa Joel Camejo, esposo de Layla—, un señor que no sé quién es me llamó a mi teléfono el 16 de agosto y me dijo que ella tenía que presentarse en el galpón, porque la estaban esperando unos funcionarios para llevarla a dar unas declaraciones. Ella fue y la estaba esperando la División de Investigaciones contra el Terrorismo del CICPC, y se la llevaron hasta el día de hoy.

De manera que a Layla no la detuvieron tras la alocución de la vicepresidente el 18 de agosto, tampoco después de que el fiscal general Tarek William Saab solicitara su aprehensión el 20 de agosto. Layla ya estaba detenida desde el 16 de agosto.

De acuerdo con información de la ONG Foro Penal, Layla fue presentada el 20 de agosto ante el juez Carlos Enrique Liendo del Juzgado Especial Segundo de Primera Instancia Estadal en Funciones de Control con competencia en casos vinculados con delitos asociados al Terrorismo y Legitimación de Capitales, con jurisdicción a nivel nacional. Los fiscales Farik Mora (fiscal 67 nacional) y Ariuska Arvelo (fiscal 163 del Área Metropolitana de Caracas) imputaron a Layla por los delitos anunciados por el fiscal Saab en su tuit: terrorismo y asociación para delinquir.

El Escrito de Acusación del fiscal Mora señala que “se pudo constatar” que Layla y Jorge son los autores materiales, mientras que “se presume” que los operadores logísticos son Francis Tibisay Calderón (detenida en la sede del SEBIN de El Helicoide) y Fernando José Cruz (con orden de captura).

Por supuesto, como suele suceder en estas historias, en el escrito se acusó a figuras de la oposición como “autores intelectuales y financistas”: Pablo Zambrano, expresidente de la Federación de Trabajadores de la Salud, quien renunció a la coordinación de Justicia Obrera del partido Primero Justicia en abril de 2022; Roberto Patiño, fundador de los programas Mi Convive y Alimenta la Solidaridad, y miembro de Primero Justicia; y Julio Borges, vicepresidente de Primero Justicia, que se desempeñaba como coordinador nacional de dicho partido en el momento del incendio.

Layla espera comenzar su juicio en el Juzgado Especial Segundo de Primera Instancia Estadal en Función de Juicio con competencia en casos vinculados con delitos asociados al Terrorismo, Corrupción y Delincuencia Organizada a nivel nacional, con la juez Grendy Duque.

—Aunque yo no sé por qué me van a hacer un juicio, si yo no hice nada. Yo ni siquiera podía abrir el almacén, porque yo no tenía la llave del portón. Ese almacén tiene un portón con candado que permanecía cerrado los fines de semana. Esa llave la tenía el encargado del almacén, Luis Parra.

—¿Viste o escuchaste algo raro por esos días?

—No.

—¿Alguna movida con tus jefes?

—No sé. Como yo había renunciado en diciembre de 2021, porque el salario era muy bajito, la supervisora de PCP Carmen Rosa Gutiérrez me llamó para que me reintegrara en marzo de 2022. Me ofreció aumento de sueldo, horario de 24 [horas de trabajo] por 72 [horas de descanso], bolsa de comida y combo de proteína [animal]. Yo tenía poquito tiempo de haberme reintegrado y en junio o julio llegó un nuevo jefe al departamento de PCP, duró como tres semanas o un mes. Se llamaba Anderson Marchán y era funcionario de la DGCIM y su actitud era un poco extraña. Él fue quien me cambió a este grupo de guardia y me ofreció ser jefa del grupo.

(…)

Explica la abogada del Foro Penal Stefania Migliorini: “Si bien ese expediente tiene un informe de los bomberos que determina por qué ocurrió el incendio, también es un expediente con muchas irregularidades. Por ahora, puedo decirte que en la inspección técnica que hizo el SEBIN, supuestamente, los funcionarios encontraron un ranchito detrás del galpón y cuando entraron, sorprendentemente, encontraron un celular inteligente [marca Yezz, modelo Max 2 Plus] arriba de un colchón que tenía conversaciones con los que supuestamente financiaron el incendio”.

Al respecto, Absalón Méndez, exdirector del IVSS, advierte: “Es la primera vez que escucho que Inteligencia están en asuntos del Seguro Social. Desde Chávez, eso ha estado prácticamente al mando de los militares. Quién sabe qué pasa allá adentro: el Seguro Social es una caja negra”.

Pero lo que pasa fuera de la caja se sabe y ya poco sorprende: la trama en la que involucraron a Layla suena parecida a la del 10 de enero de 2019, cuando también se quemaron los depósitos del IVSS en el sector Loma Linda de la carretera nacional de Guarenas y dijeron que los quemó la oposición, porque Maduro se estaba juramentando como presidente en el Tribunal Supremo de Justicia. Y así como se han quemado los depósitos del IVSS, también el del Consejo Nacional Electoral en Filas de Mariche en marzo de 2020, que fue año de elecciones parlamentarias. En mayo de 2024, meses antes de la elección presidencial, hubo otro incendio a 120 metros del mismo depósito.

De manera que, como explica Méndez: “El incendio de ese galpón y de otros galpones ofrece todas las sospechas del mundo. Por ejemplo, el robo de medicinas y de equipos médicos para hacer negocios privados. Quizás se robaron todo, les pidieron un inventario y lo mejor que se pudo hacer fue meterle candela a todo eso”.

Mientras no exista investigación genuina, todas estas sospechas son válidas, sobre todo si se toma en cuenta la necesidad del régimen de Maduro para justificar el déficit de atención pública para pacientes con enfermedades renales que, de acuerdo con la Coalición de Organizaciones por el Derecho a la Salud y la Vida (CODEVIDA), se desplomó a partir de 2015 tras el colapso del sistema de servicios sanitarios esenciales y de esa emergencia se pasó a la crisis: en 2016, alrededor de 15 mil pacientes eran atendidos en el programa de diálisis del IVSS. Para marzo de 2022, apenas eran menos de seis mil.

Méndez asoma otra sospecha: “La compra de medicinas adulteradas o caducas a precios muy inferiores, dejan una ‘comisión’ enorme a quien realiza la compra y, por supuesto, alguien tiene que hacerse responsable por eso cuando se determina que se compraron esas medicinas”. 

Alguien como Layla, por ejemplo.

Casi dos años después, su juicio ni siquiera ha comenzado.