Derechos humanos y empresas en Venezuela: un tema pendiente

La renovación del mandato de la Misión de Determinación de los Hechos pone en evidencia la importancia y urgencia de seguir avanzando en investigaciones sobre las graves violaciones a los derechos humanos en Venezuela, desde la centralidad de las víctimas. Tanto más ante la represión sin precedentes desatada con ocasión a la ilegítima proclamación de Nicolás Maduro, luego de las elecciones del 28 de julio de 2024. 

Pero en la agenda de derechos humanos en Venezuela hay un tema que no ha sido suficientemente explorado: la interacción entre derechos humanos y empresas. Esa relación puede plantearse desde dos perspectivas: investigar a las empresas que puedan ser responsables de esas violaciones y promover condiciones que permitan al sector privado acompañar el proceso de transformación democrática en Venezuela.

1. Un precedente importante: Sudán y el petróleo

El Derecho Internacional de los Derechos Humanos suele enfocarse en la relación entre el Estado y los derechos humanos, pues el Estado ejerce poderes que inciden en estos derechos, desde restricciones ilegítimas a la libertad de expresión, hasta detenciones arbitrarias. Esto explica por qué la evolución de ese Derecho se ha movido hacia la justicia penal internacional, a través del Estatuto de Roma. Esta evolución ha permitido reforzar la idea de la jurisdicción universal, que permite a tribunales penales procesar a funcionarios o exfuncionarios extranjeros por graves crímenes contra la humanidad. 

Pero en realidad, rara vez las políticas de graves violaciones a derechos humanos se basan, solo, en el poder del Estado. Por el contrario, el Estado suele apoyarse en empresas para implementar esas políticas, muy en especial, facilitando financiamiento. Muchas veces se olvida que las políticas de sistemáticas violaciones de derechos humanos requieren de recursos fiscales. 

Recientemente, los graves crímenes cometidos en Sudán han colocado en evidencia este rol de las empresas, en especial, en relación con el petróleo. Los graves crímenes cometidos por el régimen de Bashir llevaron a la imposición de sanciones por parte del Gobierno de Estados Unidos. Sin embargo, el régimen logró eludir estas sanciones, en especial, empleando el ingreso petrolero para financiar las políticas de sistemáticas violaciones a derechos humanos. A estos fines, la institución bancaria BNP Paribas facilitó la realización de transacciones financieras, tal y como reconoció en 2014 al declararse culpable en una investigación abierta en Estados Unidos.  

En 2016, víctimas del genocidio demandaron a esa institución bancaria en Estados Unidos, alegando su complicidad en las graves violaciones a derechos humanos y demandando una compensación. Tras una larga batalla judicial, el pasado abril la Corte del Distrito Sur de Nueva York declaró que, en efecto, BNP Paribas debe enfrentar la demanda, al considerar que esta institución estaba en conocimiento de las graves violaciones a derechos humanos que cometía el régimen de Bashir. Esto es, que la responsabilidad de la empresa no se debe a violaciones procuradas por ésta, sino a su rol como facilitador en las políticas sudanesas de violaciones a derechos humanos, en especial, facilitando transacciones financieras. 

La lección del caso BNP Paribas es que las empresas son responsables por colaborar en la violación de derechos humanos, incluso, proveyendo recursos financieros. Esta responsabilidad es especialmente sensible en relación con los crímenes de lesa humanidad, incluso, en Estados productores de petróleo, como Nigeria. La Comisión de Derechos Humanos para Sudán del Sur concluyó que el ingreso petrolero ha permitido financiar graves violaciones a derechos humanos. En tal sentido, la sociedad civil cumple un rol fundamental denunciando la responsabilidad de empresas en graves violaciones a derechos humanos, todo lo cual puede elevar el riesgo de estas empresas. 

2. La liberalización de facto en Venezuela, el crecimiento del sector privado y los derechos humanos

A partir de 2018, el rol del Estado en la economía venezolana comenzó a reducirse, ampliándose el rol de la inversión privada. Pero ello no fue resultado de políticas públicas basadas en el restablecimiento del derecho de propiedad, sino que más bien fue consecuencia del colapso estatal. Así, las tareas que el frágil Estado venezolano no puede atender, han sido ocupadas por actores no-estatales, en medio de una creciente informalidad, como expliqué en este libro.

Esta informalidad económica, de acuerdo con Transparencia Venezuela, envuelve a actividades económicas ilícitas. En especial, la informalidad ha agravado la cleptocracia, como quedó en evidencia con el desvió de cientos de miles de millones de dólares por medio de oscuros negocios petroleros. Pero también hay, en esta informalidad, empresas legítimas y emprendimientos que han logrado crecer, a pesar del colapso estatal. 

Este cambio permite apreciar el fin del Petro-Estado y el surgimiento de la Venezuela postpetrolera. Así, la economía venezolana ya no depende del petróleo, no debido a políticas de diversificación, sino como consecuencia de la destrucción de la producción petrolera. El repliegue del Estado ha llevado a ampliar la participación de la inversión privada, incluso, en el sector petrolero. Así, la política de “Plena Soberanía Petrolera” dio paso a la celebración de contratos que han trasladado, a empresas privadas, derechos de exploración, producción y comercialización de petróleo, al amparo de la inconstitucional Ley Anti-Bloqueo.   

Precisamente, estos cambios aconsejan ampliar las investigaciones de derechos humanos al rol de la empresa privada. Tanto a nivel de la ONU como del Sistema Interamericanos de Derechos Humano se ha destacado cómo la empresa privada puede promover condiciones favorables a los derechos humanos, o puede contribuir, e incluso, llevar a cabo prácticas violatorias a los derechos humanos. Estas prácticas son especialmente sensibles en relación con los derechos económicos y sociales, incluyendo las prácticas empresariales violatorias al derecho al medio ambiente. También se ha destacado el rol de los acreedores de deuda pública en los derechos humanos.

3. Una agenda sobre empresas y derechos humanos en Venezuela

La grave situación de derechos humanos en Venezuela ha llevado a conducir diversas investigaciones internacionales, a través de la Corte Penal Internacional y agencias de la ONU, como el Consejo de Derechos Humanos y la Oficina del Alto Comisionado. En el Sistema Interamericano, tanto la Corte como la Comisión han emitido decisiones y pronunciamientos sobre Venezuela. La OEA, igualmente, ha adelantado acciones relacionadas con crímenes de lesa humanidad. Estas investigaciones se han enfocado en la responsabilidad de funcionarios y exfuncionarios del Gobierno de Venezuela. 

Pero es también necesario ampliar el foco de estas investigaciones a las empresas, en especial, visto el creciente rol que el sector privado ha tenido en la liberalización de facto adelantada en Venezuela. Este rol es especialmente importante desde la perspectiva de la cleptocracia y sus efectos adversos sobre los derechos humanos. Pero el rol de la empresa va más allá de esta perspectiva. En suma, el Gobierno de Nicolás Maduro requiere del apoyo financiero y operativo de empresas privadas para avanzar en sus sistemáticas violaciones a derechos humanos, tanto más ante el colapso estatal.

En todo caso, la agenda no puede limitarse a determinar la responsabilidad de empresas privadas en las violaciones a derechos humanos en Venezuela. Así, no todo el sector empresarial es instrumento de violación de derechos humanos o de economías ilícitas. Por el contrario, el colapso estatal ha llevado, también, al colapso de las barreras institucionales que impedían emprendimientos, todo lo cual se ha traducido en el crecimiento del sector privado que legítimamente contribuye a la oferta de bienes y servicios. 

Es por ello necesario  comprender el rol de este sector privado en el proceso de transformación democrática. Incluso, es de mucha utilidad estudiar el sector privado empresarial que se consolidó durante el largo régimen de Juan Vicente Gómez, en una paradoja de libertades económicas sin libertades políticas.  La democratización puede, así, empezar desde el sector privado. Pero ello precisa de una agenda especial, pues lo cierto es que, en ausencia de derechos de propiedad, el sector privado puede más bien obstruir la democratización, en especial, si degenera en el llamado capitalismo clientelar. 

La agenda de empresas y derechos humanos también justifica diseñar mecanismos de transición, de una economía informal y precaria, a la economía social de mercado. La justicia transicional no es solo un asunto del sector público: también debe incluir al sector privado. Como Tamara Taraciuk ha observado, la justicia transicional ofrece un amplio abanico de posibilidades en relación con empresas vinculadas a la cleptocracia, en la medida en que esas empresas colaboren con los objetivos de la transformación democrática.  

En resumen, la agenda de derechos humanos en Venezuela debe ampliarse al sector privado, con dos dimensiones. Por un lado, es preciso investigar en qué medida empresas han colaborado o contribuido en las graves violaciones a derechos humanos y crímenes de lesa humanidad; por el otro, es necesario entender mejor el rol de la empresa privada en la democratización de Venezuela.