El terror anticipado condena a Maduro 

¿Es solo simbólica la decisión emanada de una sala de la Cámara Federal de Buenos Aires ordenando la captura internacional de Nicolás Maduro por la presunta comisión de crímenes de lesa humanidad? ¿Es posible que se concrete esa orden por intermedio de las alertas rojas de Interpol? ¿Hay casos similares en el mundo en la actualidad que prueben la vigencia de la jurisdicción universal? Esas preguntas y otras se debatieron en el Foro de la Gran Aldea “Venezuela: Jurisdicción Universal y Justicia”.  

Participaron Elisa Trotta, secretaria general del Foro Argentino para la Defensa de la Democracia (FADD); Tomás Farini Duggan, abogado querellante en la causa contra miembros del régimen venezolano en la justicia argentina y presidente de FADD; y Zair Mundaray, abogado penalista, criminólogo y exfiscal del Ministerio Público venezolano. A Walter Molina le correspondió la moderación de la charla.

Trotta recordó que la decisión de la Cámara Federal bonaerense tuvo su origen en una denuncia presentada en tribunales argentinos por crímenes de lesa humanidad en enero de 2023 en ocasión de la realización en Buenos Aires de la VII de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), a la cual estaba previsto que asistieran los tres dictadores de esta parte del globo: a saber, Miguel Díaz-Canel (Cuba), Daniel Ortega (Nicaragua) y, por Venezuela, Nicolás Maduro.

 “La derecha neofascista elaboró un plan para agredir a la delegación venezolana”, dijo entonces el canciller Yván Gil, y Maduro no se subió al avión para Ezeiza. Tampoco lo hizo Ortega. Díaz-Canel, corbata rojinegra y pecho inflado, apareció en la foto de rigor de estos cónclaves. La denuncia cumplió su primer objetivo ya hace casi dos años, dijo Trotta, como fue impedir que Maduro se posara sobre suelo argentino.

La denuncia no se quedó ahí, sin embargo. Fue sustanciada con declaraciones de testigos de la violación de los derechos humanos en Venezuela, se incorporaron informes de Naciones Unidas, de Human Rights Watch, de Amnistía Internacional, todo documentado para probar que en este país se cometen delitos de lesa humanidad con el objetivo de generar terror. A la causa, con el tiempo, se adhirieron personalidades y organizaciones internacionales.

El proceso enfrentó dificultades que obligaron al abogado Farini a introducir una apelación que posibilitó a la Cámara Federal de Buenos Aires revocar la decisión de un juez de primera instancia y proceder a emitir, entonces, las órdenes de captura contra Maduro y otros miembros de la cúpula gobernante.

Farini explicó que la decisión adoptada es un hito en la justicia argentina. “Es una excepción absoluta en el derecho de mi país que está estructurado sobre el principio de territorialidad (solo se juzgan los delitos de acuerdo a la ley del lugar donde ocurren los hechos), pero el artículo 118 de la Constitución argentina habilita a los jueces argentinos a investigar las graves violaciones a los derechos humanos cometidos en el extranjero, por extranjeros y en contra de extranjeros”. Y ese fue el caso que permitió una apertura excepcional de la jurisdicción universal y condujo a la decisión del pasado 23 de septiembre.

Una de las claves de la audiencia de apelación fue probar que los delitos de lesa humanidad no pueden ser juzgados en Venezuela porque no hay una justicia independiente. “Eso se logró con testimonios de jueces y fiscales que tuvieron que escaparse de Venezuela porque cuando intentaron juzgar esos delitos fueron perseguidos por el gobierno, torturados en algunos casos. También se demostró la represión sistemática y se probó igualmente que hay una persecución política permanente por el solo hecho de ser opositor, lo que lleva a desapariciones forzadas de personas, torturas y, en algunos casos, ejecuciones extrajudiciales”, amplió Farini.

Los documentos aportados y la argumentación probaron, además, el terrorismo de Estado que, en palabras del abogado querellante, significa que las acciones desplegadas por las autoridades y sus grupos de choque tienen el propósito de generar terror en la población civil para lograr mantenerse en el poder a pesar de haber sido derrotado Maduro en las elecciones del 28 de julio.

“Fue muy importante en la audiencia que a través de actos propios, de audios, de Nicolás Maduro y de Diosdado Cabello —uno en cadena nacional, otro en su programa Con el mazo dando— se anticipan las personas que van a ser perseguidas, secuestradas, torturadas y, en algunos casos, ejecutadas; de manera, que ellos mismos se adjudican esa responsabilidad”, indicó Farini. Un acto muy común, por lo demás, en casi todos los terrorismos de Estado, como es anticipar el mal a la persona que lo va a sufrir. El abogado citó los casos de la Triple A (Alianza Anticomunista Argentina, AAA), en los años setenta del siglo pasado, y también en Ruanda. “Es un efecto amplificador del terror”, remató Farini.

Elemento civilizador

“Lo que ocurrió en Argentina es extraordinario. Perseguir los crímenes de lesa humanidad en cualquier parte que se produzcan es una experiencia civilizadora”, dice emocionado Zair Mundaray, abogado y exfiscal del Ministerio Público.

Mundaray sostiene que la decisión de la Cámara Federal de Buenos Aires es de gran importancia porque genera un efecto político. “Crea mucho ruido sobre Maduro y Diosdado la orden de detención, pero poco se dice de los otros 30 sujetos que están involucrados en esto y son autores materiales, que fueron identificados por sus víctimas y señalados de manera directa como autores de este esquema de represión, y eso es muy importante por ese efecto político que desata.”

“Esa gente, dice Mundaray, los autores de los crímenes creían que iban a salir impunes pero han sido señalados con nombres y apellidos. No son solo las cabezas del régimen, sino que a lo interno de la dictadura hay gente que teme verse en ese cuadro de poder ser buscada y detenida por esas órdenes de captura. “

Este abogado venezolano considera fundamental, al igual que Farini, que se haya establecido el crimen de persecución política, reconocido por la Misión de Naciones Unidas de determinación de los hechos en Venezuela, que pone la mira en el sistema de justicia venezolano, diseñado en función de la represión. “En Venezuela no hay un proceso legítimo de justicia, como lo evidencia ese hecho reciente del pase a juicio de un grupo de adolescentes, que se mantiene secuestrado y con evidentes signos de tortura, que ni siquiera contó con defensa, salvo una defensoría pública que está presente pero no defiende”.

La decisión adoptada por la justicia argentina contra Maduro y otras cabezas y ejecutores del régimen universaliza la causa venezolana, en opinión de Mundaray, porque, entre otras cosas, le mete presión a otras jurisdicciones, entre estas a la Corte Penal Internacional (CPI) que se está jugando, a su juicio, su legitimidad. “La existencia de un tribunal como la CPI, que es un organismo permanente, con unas reglas de juego, con un presupuesto, el último bastión del derecho penal contras las atrocidades que se pueden cometer en el mundo, ya tiene fundados elementos para dar el paso que hay que dar”.

La gran interrogante, a partir de la decisión de ordenar la captura de Nicolás Maduro y otros altos cargos, es si efectivamente se podrán concretar esas órdenes. Farini Duggan explica que hay dos maneras: una es que Interpol difunda las alertas para que las personas señaladas sean detenidas en los lugares donde se encuentren. Pero, advierte, Interpol no tiene policía propia sino que actúa a través de delegaciones de las políticas locales de otras naciones. “Esa delegación depende de la policía del país, por lo tanto si hay una determinación política de no cumplir con la orden, pues la persona no será arrestada. Por ejemplo, la delegación Interpol de Venezuela no va a arrestar  a Nicolás Maduro, ni tampoco la de Bolivia, Nicaragua o Irán.

En el caso de que Interpol no produzca las alertas rojas, queda la opción de que se actúe directamente de gobierno a gobierno; por ejemplo, que Argentina informe a otros gobiernos de estas órdenes de captura y si esos otros gobiernos detectan a esas personas en sus territorios que procedan a ejecutar las órdenes. Farini destaca el caso de Alemania que ha ordenado las detenciones de torturadores de otros países que se encontraban en sus territorios.

Farini piensa, por otra parte, que la CPI tiene todos los elementos para ordenar las capturas. “Me encantaría saber por qué no se dan esas órdenes de captura”, dijo con respeto, pero con tono crítico sobre la actuación del tribunal internacional. En el cierre, Mundaray  enfatizó en la importancia de la justicia en el proceso de  transición a la democracia, porque reposicionará la verdad de lo que ocurrió con la voz de las víctimas. “Una sentencia reposiciona los hechos históricos y nos ayuda a conocer lo que realmente sucedió”.